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La burocracia y la débil institucionalidad amenazan el potencial de la regulación peruana para ser competitiva frente a otras de la región. Francisco Tong, socio de Rodrigo Elías & Medrano Abogados, destaca los avances y los desafíos pendientes.
El Perú cuenta con un marco regulatorio minero que lo ubica, junto con Chile, como uno de los más competitivos de América Latina. Sin embargo, enfrenta desafíos como la lentitud en la obtención de permisos y la necesidad de fortalecer su institucionalidad. Francisco Tong, socio de Rodrigo Elías & Medrano Abogados, expuso en el proEXPLO 2025 los aspectos regulatorios que hacen atractiva la minería peruana y las medidas a implementar para no perder el liderazgo regional.
Según Tong, el sistema de concesiones mineras peruano presenta ventajas frente a otros países de la región. A diferencia de naciones como Argentina, Chile o Brasil, donde se distingue entre permisos de exploración y explotación, en el Perú no existe tal división. Esto simplifica el proceso, reduce costos y evita conflictos legales, según detalla en su análisis. Además, las concesiones son libremente transferibles, un aspecto valorado por los inversionistas, ya que en países como México se exigen autorizaciones previas o incluso licitaciones para transferirlas.
“El marco regulatorio peruano es un ejemplo incluso internacionalmente para desarrollar actividades mineras y generar normativas sobre este sector. Muchos países en África o Asia usan al Perú y a Chile como referencias para su regulación”, señaló el abogado.
Además, Tong resaltó que “el esquema de un único título minero que permite explorar y explotar resulta más competitivo frente a otras regulaciones de la región”. Este modelo, sumado a la posibilidad de inscribir las concesiones en registros públicos, contribuye a tener seguridad jurídica y ha permitido atraer capitales extranjeros.
Los desafíos
Pese a estas ventajas, el Perú enfrenta obstáculos que podrían mermar su competitividad. Tong señaló que desarrollar un proyecto minero requiere entre 200 y 400 permisos y la coordinación con alrededor de 30 autoridades. Esta complejidad no se debe al marco legal, sino a la “débil institucionalidad minera y a la falta de respaldo que tienen los funcionarios públicos para tomar decisiones ágiles”.
El especialista enfatizó que el Estado debe priorizar la predictibilidad y la transparencia para mantener la confianza de los inversionistas. “Sin inversión no habrá desarrollo para el país”, afirmó.
Entre las medidas clave para implementar propuso fortalecer las instituciones públicas mineras, agilizar los procesos de permisos y evitar cambios normativos que generen incertidumbre, como la reducción de plazos en las concesiones.
Asimismo, Tong señaló que el Estado peruano debe equilibrar la competitividad con el desarrollo sostenible. “Promover una minería de clase mundial que realmente impulse el progreso del país requiere mantener las normas que han posicionado al Perú como un destino atractivo para la inversión minera”, indica el especialista. Entre estas, resaltó el que las concesiones no tengan plazo de vigencia siempre que se cumpla con las obligaciones mínimas, un aspecto clave para la estabilidad de los proyectos.
Además, subrayó la importancia de proteger las concesiones como bienes inmuebles transferibles, ya que esto facilita el acceso a financiamiento. “Estos aspectos son muy valorados por los inversionistas. Les brinda seguridad sobre el territorio”, afirmó Tong.
Finalmente, el experto señaló que la regulación minera peruana no está exenta de desafíos. La agilización de trámites, el fortalecimiento institucional y la estabilidad jurídica son pilares para mantener su competitividad. En ese sentido, el Estado debe ser un aliado estratégico para que la minería siga siendo un motor de desarrollo sostenible. El Perú tiene la oportunidad de cerrar la brecha que lo separa de Chile y convertirse en el destino minero más importante de América Latina, pero ello dependerá de su capacidad para mejorar la gestión pública y atraer inversiones con reglas claras.