El Gobierno publicó un Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú S.A., con el objetivo de salvaguardar su sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país, especialmente en las regiones más alejadas del territorio nacional, donde la empresa tiene mayor cobertura.
Para el Gobierno, las medidas adoptadas contribuirán a impulsar la reorganización que necesita Petroperú S.A. para lograr su sostenibilidad y, adicionalmente, permitirán acabar con los privilegios de quienes no han sabido usar adecuadamente los recursos ni administrar correctamente a la empresa de todos los peruanos.
El contexto que motiva estas disposiciones es la compleja situación financiera que enfrenta Petroperú S.A., reflejada en pérdidas acumuladas, elevados niveles de endeudamiento y restricciones de liquidez que comprometen su capacidad operativa.
Esta situación resulta especialmente sensible considerando que, a octubre de 2025, la empresa acumula pérdidas netas por S/ 1,611 millones y, a diciembre de 2025, mantiene deudas con proveedores por más de S/ 2,569 millones.
Entre 2022 y 2024, el Estado brindó medidas de apoyo financiero a la empresa por un monto total de S/ 17,888 millones, cifra que supera los presupuestos anuales de sectores como Salud y Educación.
Participación de PROINVERSIÓN
La norma habilita la posibilidad de una reorganización patrimonial en uno o más bloques patrimoniales, que podrán agrupar activos estratégicos de la empresa —incluida la Nueva Refinería de Talara— y encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) la conducción integral del proceso de promoción de la inversión privada, desde el diseño del plan hasta su implementación, bajo criterios técnicos, de transparencia y eficiencia.
Además, el Decreto de Urgencia faculta a PROINVERSIÓN a estructurar mecanismos financieros como fideicomisos de administración, garantía y flujos, con el fin de asegurar que los recursos generados por los bloques patrimoniales se destinen prioritariamente al pago de pasivos operativos críticos, obligaciones financieras y a la continuidad de las operaciones de Petroperú S.A.. Estas medidas permitirán ordenar la situación patrimonial de la empresa sin comprometer su operatividad.
Asimismo, se contempla una reorganización interna que se realizará respetando estrictamente la normativa laboral vigente y los derechos de los trabajadores.
Las medidas tendrán una vigencia de un año. Durante este periodo, el Poder Ejecutivo realizará un seguimiento permanente del proceso, con el objetivo de restablecer la viabilidad financiera de Petroperú S.A., asegurar su participación en el sector energético y proteger el interés de los ciudadanos.
Voces del Minem
El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló que la decisión responde a la necesidad de proteger la continuidad de la cadena de producción que permita el desarrollo de las actividades económicas relacionadas con el transporte, la distribución, la comercialización y los suministros, entre otros. “Con este Decreto de Urgencia se salvaguardará la seguridad energética del país; asimismo, se busca garantizar el abastecimiento de combustibles y asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras mediante una gestión técnica de sus activos, sentando las bases para que Petroperú S.A. se convierta en una empresa autosostenible, eficiente y financieramente ordenada”, afirmó.
En esa línea, el Poder Ejecutivo precisó que no existe riesgo de desabastecimiento al consumidor final, particularmente en las regiones del oriente del país. Petroperú S.A. participa en el mercado fundamentalmente como productor y mayorista, no como distribuidor minorista.
Si bien la empresa estatal concentra una alta participación en regiones como Loreto (97 %) y Ucayali (91 %), este dominio corresponde principalmente al abastecimiento mayorista de grandes clientes.
La distribución minorista de combustibles en el oriente es atendida en su mayoría por el sector privado, que cuenta con una red ampliamente extendida. En Loreto, solo 11 de las 114 estaciones de servicio están afiliadas a la red de Petroperú S.A., mientras que en Ucayali apenas 24 de las 181 estaciones existentes pertenecen a dicha red. Esta amplia cobertura privada garantiza la continuidad del suministro al usuario final y mitiga el riesgo de interrupción del servicio.
Voces de la PCM
Tras la publicación del Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú S.A, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, precisó que la medida no implica la privatización ni la liquidación de Petroperú, sino una solución intermedia y responsable frente a la situación de insolvencia que atraviesa la empresa estatal.
En ese sentido, Álvarez Miranda detalló que Proinversión será la entidad encargada de realizar una evaluación técnica, imparcial e integral de las distintas unidades productivas de Petroperú, a fin de recomendar las acciones más adecuadas para cada una de ellas.
“La premisa es que Petroperú debe mantenerse como empresa pública, pero con una gestión eficiente, solvente y transparente”, sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial, al remarcar que algunas unidades podrían requerir inversión privada bajo esquemas de asociación público-privada, otras ser liquidadas y otras fortalecidas dentro del ámbito estatal.
Con relación al tema de asegurar el abastecimiento de combustible en regiones donde opera Petroperú y no hay empresas privadas, Ernesto Álvarez detalló que la intención es mantener los servicios públicos que realiza Petroperú, garantizar los derechos legítimos de los trabajadores, que no se van a ver afectados en ningún caso, y al mismo tiempo garantizar también que no se rompa la cadena de pagos.
El titular de la PCM también informó que se destinaron recursos públicos para un eventual proceso de reducción y reconversión de personal, el cual será definido exclusivamente con criterios técnicos, garantizando los derechos laborales y evitando decisiones políticas arbitrarias.
En ese sentido, Ernesto Álvarez respaldó las declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien remarcó que más de la mitad del dinero de gastos corrientes no se van en sueldos, sino a privilegios los altos funcionarios.