“Gobierno deja una huella en el combate frontal a la minería ilegal”

CÉSAR SIERRA. ALTO COMISIONADO EN ASUNTOS DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA

¿Se dejará un legado en el combate a la minería ilegal?

–Este gobierno está dejando una huella, un camino a seguir, porque a partir de 2012 se determinó realizar frontalmente una lucha contra la minería ilegal, que tiene más de 50 años de antigüedad en el país. Por ello, el Poder Ejecutivo dictó un marco normativo, el cual incluye los decretos 1100 y 1105, que nos han permitido a todos los actores, incluidos el Ministerio Público, Marina de Guerra y Policía Nacional, combatir tenazmente este flagelo.

–¿Cómo se explica que solo se lograra la formalización de alrededor de 1,500 mineros?

–Existen más de 70,000 mineros que tuvieron la iniciativa de inscribirse en el proceso de formalización; el segundo paso era escribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y pasaron 40,000 personas y así hemos logrado que más de 1,500 mineros se hayan formalizado, pero son muchos más que están en el camino, porque la formalización es un proceso, no es solo un acto único. No debe verse una cifra.

–¿Se tiene un estimado de cuántos están en ese tránsito?

–Existe un aproximado de 14,000 personas que se encuentran en tránsito o cerca de lograr la autorización de inicio o reinicio de las actividades de minería.

–¿Qué tan cerca están de la formalización?

–Son mineros interesados en terminar el proceso, haciendo los trámites; recordemos que es tarea de los gobiernos regionales conducir el proceso de formalización, son los actores principales, por mandato legal.

–Pero, ¿qué impide a este grupo terminar el proceso?

–Existen demoras en la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo por parte de los gobiernos regionales y retrasos en otros trámites; hay muchos mineros que no pasan al siguiente paso, porque el gobierno regional no evalúa.

–¿Por qué ocurre esta situación?

–Porque no están cumpliendo con su gestión a pesar de que se les entregó un presupuesto para el proceso de formalización. No permiten, por ejemplo, que el director regional del Ministerio de Energía y Minas realice inspecciones in situ hasta la fecha porque no ejecutan los recursos asignados.

–¿Esto ocurre en todas las regiones del país donde existe esta problemática?

–Muy pocos han cumplido con esto. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó un informe bastante preocupante al respecto [solo tres de las 25 regiones habían realizado fiscalización ambiental]. Debe haber mayor responsabilidad. Lo más importante es buscar un equilibrio entre el aspecto minero y el ambiental. Se han depredado cerca de 70,000 hectáreas entre la zona de amortiguamiento y el corredor minero, solo en Madre de Dios.

–¿Cuál es el llamado que haría a los gobiernos regionales?

–Solo que cumplan las normas, esa es su obligación. Deben tener identidad, tomar conciencia.

–¿No deberían recibir sanción por su incumplimiento?

–Eso le corresponde al OEFA como rector principal, los gobiernos regionales deberían tener una mayor identificación con el medioambiente.

–Cuando se habla de operarios, ¿se refieren a personas y no a pequeñas asociaciones?

–Ha tocado un tema del que vamos a hacer una recomendación al próximo gobierno. Los administrados son personas naturales o jurídicas, lo ideal es que sean cooperativas, asociaciones, eso es lo que recomendamos, porque los gastos serían mínimos. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental (EIA) es un pago único y es costoso. Entre varios resultaría más conveniente.

–Entonces, ¿sí se ha avanzado? ¿Estamos a mitad de camino o quizás dando los primeros pasos?

–Esto es un proceso. El mismo hecho de que 70,000 personas decidan ingresar a la formalización es un avance. Estos mineros ahora han sido identificados porque es difícil determinar un número absoluto sobre los mineros ilegales. Eso es incierto.

–¿Cuáles han sido los logros en materia de interdicción?

–Lo que hemos logrado es detener una actividad que se ha desarrollado desde la década de 1960, hemos dado prioridad a las áreas naturales protegidas. Un ícono es La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Allí hemos detenido la actividad ilegal al 100%. Tenemos unas patrullas estables de la Marina de Guerra y muy pronto vamos a establecer una base temporal de la Policía Nacional en Tambopata.

–¿Cuántas interdicciones se han hecho hasta la fecha?

–Doce en este año. El año pasado fueron 27 aproximadamente, hablamos de megaoperativos articulados por el alto comisionado.

–¿Y garitas de control?

–Debemos tener 11 puestos de control que cubren las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno.

–¿Tiene un estimado de cuánto es lo que el Gobierno ha invertido en la lucha contra la minería ilegal?

–En cada interdicción invertimos un millón de soles. Entre 2015 y lo que va del año hemos hecho un total de 39.

–¿Cuáles son los desafíos?

–Proteger el marco normativo y asegurar que no se derogue el decreto que prohíbe el uso de las dragas porque destruyen el medioambiente.

–¿Cuántas dragas se han destruido y por cuánto valor?

–Se han destruido dragas por un valor de 6 millones de dólares. En 2015 esta cifra llegó a 24 millones de dólares.

–¿Qué avances hay en el tema de remediación ambiental?

–El Gobierno ha invertido 300 millones de soles solamente en Puno, existen proyectos en ejecución. El desafío es ir a otras regiones.

Estrategia es perfectible

El alto comisionado de la minería señaló que la estrategia implementada por el Poder Ejecutivo en esta materia puede perfeccionarse. Por ejemplo, dijo, debería mejorarse la comunicación con los gobiernos regionales, aunque indicó que existe un acompañamiento de asistencia técnica entre el Gobierno y las regiones.Asimismo, dijo que debe fortalecerse la tarea de fiscalización en los gobiernos regionales, la cual debería empezar por el nombramiento de personal idóneo y técnico, capaz de realizar las inspecciones ambientales y dejar trabajar al director regional enviado por el Ministerio de Energía y Minas. Insistió en que la responsabilidad del proceso de formalización de la minería ilegal recae en las regiones por mandato de ley y consideró que la posible derogación de los decretos 1100 y 1105, dictados en este gobierno, sería peligroso y perjudicial para el desarrollo del país; sin embargo, expresó su confianza en que ello no pasará. “La estrategia es perfectible, no debe desaparecer”.

Compromiso

El coronel en situación de retiro César Sierra tiene un mes en el cargo. Antes fue responsable del trabajo de interdicción.

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseveró que la lucha contra la minería ilegal será hasta el último minuto.

Cateriano instó a no poner en riesgo el combate a este flagelo al proponer la derogación de los decretos 1100 y 1105 que amparan la lucha contra la minería ilegal. Hacerlo sería desconocer compromisos internacionales, advirtió.

El Peruano.