- El Ejecutivo solicitará facultades legislativas en materia de terrorismo urbano. Instalarán base militar en distrito convulsionado por la delincuencia criminal.
Ante el execrable asesinato de 13 compatriotas en el distrito de Pataz, región La Libertad, la presidenta Boluarte anunció hoy medidas excepcionales para restablecer el orden y enfrentar con absoluta firmeza a los responsables de estos crímenes en el norte del país.
La jefa de Estado informó que, en un plazo máximo de 48 horas, se dispondrá el toque de queda en la zona y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. Asimismo, se instalará una base militar que asegure la presencia operativa permanente del Estado en la provincia.
Además, el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para implementar medidas urgentes en la lucha contra el terrorismo urbano, a fin de reforzar el marco legal y enfrentar con mayor eficacia estos actos criminales que hoy enlutan al país.
Del mismo modo, se dispone la paralización de toda operación minera por 30 días en el referido distrito, con el fin de facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La medida incluye la suspensión las actividades que se realizan en el marco del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Minutos antes, la mandataria expresó su profundo pesar a las familias de las víctimas y reafirmó su firme compromiso de no ceder ante el crimen ni la violencia.
En la reunión liderada por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Justicia, Eduardo Arana; el ministro del Interior, Julio Díaz; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General David Tejada; y el director general de la Policía Nacional del Perú, General Víctor Zanabria.
«De otro lado, durante la reunión se precisó que el Ejecutivo actuó desde el primer momento en que se conocieron los hechos; sin embargo, la empresa informó inicialmente que no se había producido el secuestro de trabajadores. ‘Cuando el Estado otorga una concesión minera, la responsabilidad sobre lo que ocurra en esa jurisdicción recae en la empresa, al tratarse de propiedad privada’, se explicó.