áreas naturales protegidas

El Ejecutivo ha elaborado el Plan de Acción actualizado de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, con el afán de contribuir al cierre de brechas en materia de conservación de especies amenazadas.

Asimismo, a través del Programa para la Conservación y Desarrollo Sostenible (Procodes) del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad adscrita al Minam, se lanzó el concurso “Emprendedores por Naturaleza” con un fondo total de S/718 000, a fin de promover e implementar emprendimientos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales asociados a áreas naturales protegidas (ANP), que contribuyan a su conservación y que generen desarrollo económico local.

Protección ambiental y de pueblos indígenas

Respecto al Proyecto de Ley n.º 06486-2020, que declara de necesidad pública la carretera entre Pucallpa y los estados de Acre, Cruzeiro Do Sul en Brasil, aprobado por en el Pleno del Congreso de la República, cabe precisar que este tipo de iniciativas, a partir del desarrollo de ese proyecto vial, generaría impactos sobre el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Territorial Isonahua.

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En ese sentido, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834 y la Ley n.º 28736, Ley de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial establece una serie de restricciones y prohibiciones para la realización de este tipo de proyectos viales en dichos territorios por los impactos que genera en los ecosistemas y sus objetivos de conservación así como el riesgo real que representa para la integridad física de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial que habitan en la Reserva Indígena Isconahua.

De acuerdo a lo expuesto, la ejecución del referido proyecto podría contravenir la legislación en materia de áreas naturales protegidas y pueblos indígenas, razón por la cual el Minam efectuará las gestiones necesarias para efectos de que el Congreso de la República reconsidere su decisión, de modo que las iniciativas legislativas incorporen estándares y salvaguardas que eviten riesgos al patrimonio natural y cultural del país; y que estén adecuadamente sustentadas en un análisis robusto de alternativas que respondan a las necesidades locales bajo estrategias de interconexión que sean sostenibles.