El Poder Ejecutivo anunció medidas urgentes para el restablecimiento del estado de derecho y la paz social en la provincia de Pataz, lo que incluye la suspensión de actividades mineras por 30 días y la exclusión inmediata de personas naturales y jurídicas que tengan condición de “suspendido” en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en la citada jurisdicción.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, señaló que está en marcha un Decreto de Urgencia que va a definir las líneas maestras a implementar en Pataz, y que la suspensión de actividades mineras se realiza con el propósito de que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tomen control efectivo del territorio.
“No se va a permitir ninguna actividad minera, tampoco el tránsito de producción minera, materiales o de insumos por 30 días, que pueden ser prorrogables dependiendo de las circunstancias y la evolución de los hechos”, sostuvo en conferencia de prensa.
Montero agregó que se dispondrá la exclusión inmediata de operadores mineros que se encuentren, geográficamente, en la provincia de Pataz, y que tengan su REINFO en condición de “suspendido”.
“Entendemos los REINFOS suspendidos como aquellos que están abandonados o que pueden ser mal utilizados, por lo que pasan a exclusión inmediata en el transcurso de las próximas horas”, añadió.
También anunció que se van a definir rutas fiscales para el transporte de insumos y materiales destinados a la actividad minera, estableciendo que el tránsito de estos elementos por rutas alternativas queda prohibido y será sujeto a interdicción en los casos que corresponda.
“En estas rutas fiscales se establecerán controles con presencia multisectorial de funcionarios públicos para la fiscalización del transporte, asuntos tributarios y de otra naturaleza. Aquellos ciudadanos que realicen el transporte o tránsito sin respetar la ley, se le excluirá automáticamente del REINFO”, dijo el ministro.
Montero Cornejo también invocó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a sacar adelante el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que permita actualizar la normativa vigente que se remonta a 2002 y está totalmente superada por los hechos.
“La invocación es a seguir trabajando juntos en el seno del Poder Legislativo y de distintos sectores, como gremios, colegios profesionales y todos aquellos que deseen aportar, en el más breve plazo, a la confección de la nueva ley que regule la actividad minera a pequeña escala. Esto es urgente”, puntualizó.
El ministro aseveró que el Decreto de Urgencia dispondrá la asignación de personal y recursos necesarios para que todas estas acciones se lleven a cabo de manera efectiva, justa y con respeto a los derechos fundamentales.
“Nuestro objetivo es devolver la tranquilidad a la población y asegurar que la actividad minera se desarrolle de manera ordenada, legal y sostenible”, finalizó.