ProActivo | Durante la próxima década, el Estado peruano deberá comenzar la ejecución de 18 proyectos mineros valorizados aproximadamente en US $22 mil millones para impulsar el crecimiento económico. Así lo planteó Gonzalo Quijandría, Presidente del SIMPOSIO – XV Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y realizado a fines del mes de Mayo en el hotel Marriott de Miraflores.
Además, el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros ya explorados, así como zonas con alto potencial geológico. En ese sentido, Quijandría señaló que es necesario continuar diversificando la minería para dinamizar la economía nacional, debido a que, de los 225 mil empleos generados por la industria en el 2023, el 95% corresponde a regiones distintas a Lima, principalmente Pasco, Moquegua y Apurímac.
En ese escenario, Perú está obligado a tomar decisiones para el desarrollo del sector minero, debido al incremento de la demanda internacional de los minerales que nuestro país produce. Ante esta situación, Quijandría mencionó en declaraciones recogidas por ProActivo que la demora en los trámites y permisos de los proyectos “afecta la competitividad del país como destino de inversiones”.
El SIMPOSIO – XV Encuentro Internacional de Minería logró contar con la intervención de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien manifestó que el reto del país es lograr una producción de 3 millones de toneladas métricas de cobre al cierre de este año. También reconoció que la minería “se mantiene como el motor de la economía nacional, contribuyendo al crecimiento del país”.
La mandataria aseguró que se ejecutaron 75 proyectos de exploración minera durante el primer trimestre del año, y que la meta es superar los US $5 mil millones de inversiones en el sector, al final del 2024.
Al culminar su discurso, la presidenta Boluarte dijo sentirse preocupada por la pobreza extrema, la cual aumentó durante su mandato, en el año 2023. En esa línea, la jefa de Estado mencionó que se necesita fortalecer nuestra débil democracia, a fin de generar confianza y que los inversionistas “vean al Perú como un país que se desarrolla en democracia, paz y unidad”.
Por su parte, Quijandría mencionó que uno de los retos que hoy afronta la actividad extractiva es el aumento de la pobreza hasta un 29%; y la pobreza extrema al 5,7% durante el 2023, una realidad que, según señaló, “no es moralmente admisible”.
También alertó acerca de situaciones que amenazan la convivencia en sociedad y el estado de derecho, como la minería ilegal. Según el Observatorio Nacional de Política Criminal, esta actividad, que ha infiltrado la vida económica y política del país y que genera distintos escenarios de violencia, ha sido detectada en 21 de las 25 regiones del territorio nacional.
De otro lado, Quijandría hizo una crítica a la gestión del canon y las regalías mineras, señalando que estos recursos destinados al cierre de brechas sociales representaron el 30% de la inversión pública nacional en el 2023, pero sin embargo, los gobiernos regionales y locales solo utilizaron el 65%