Ignacio Bustamante, Grupo CADE Minería
ProActivo
Por Mónica Belling
Hace 4 años 10 jóvenes empresarios mineros se juntaron para crear el Grupo CADE Minería como un compromiso de empresas y personas ejecutoras de grandes retos para el desarrollo del país. La idea nació cuando el presidente de CADE Ejecutivos 2013, Ricardo Briceño, instó a la nueva generación de empresarios a pasar de la propuesta a la acción, con un acuerdo fresco y voluntario. Así, se repartieron tareas agrupadas en los seis más importantes sectores de la economía nacional.
Por el lado minero, motor de la economía nacional, los empresarios con ganas de apoyar al país, decidieron atender cuatro temas que marquen la diferencia del beneficio que le dan. Aunque el desafío fue grande, lo lograron y entregaron una gama de proyectos de impacto directo para quienes viven tanto en zonas rurales como urbanas. El mentor elegido para dicho grupo fue José Miguel Morales Dasso. Hoy son 20 empresas, entre mineras y las vinculadas al sector dispuestos a sujetarse al monitoreo anual con fechas de cumplimiento.
Ignacio Bustamante, empresario minero quien lidera al Grupo CADE Minería, concedió entrevista para ProActivo, en la que detalla los logros que sin duda ocasionarán un encadenamiento de mejoras para los peruanos.
¿Cuáles son los cuatro compromisos asumidos por CADE Minería?
El primer compromiso está vinculado al agua. Desde el inicio decidimos promover mejoras en su aprovechamiento, disponibilidad y cuidado en tres subcuencas importantes del país, a través del financiamiento de estudios y la generación de convenios. Luego se definió que estas cuencas sean las de: Caplina (Tacna), Huatanay (Cusco) y Chancay–Lambayeque (Cajamarca).
El segundo está enfocado en la remediación de pasivos ambientales. Las empresas mineras están erróneamente vinculadas a que generan pasivos ambientales de los cuales no se preocupan en cuidar. Esto es falso porque las empresas modernas y responsables, por supuesto que se encargan de cuidar y minimizar el impacto que tienen en el ambiente.
Sin embargo, sí existe un legado de pasivos ambientales, muchos de ellos provenientes de la época en la que el Estado tuvo un rol de empresario minero,que aún no han sido remediados. Además, existen muchos otros pasivos ambientales provenientes de la actividad minera ilegal e informal, que no han sido cerrados o devueltos al ambiente de manera correcta.
Esto daña la reputación del sector minero y, principalmente, se corre el riesgo de dañar a la población por contaminación. Por ello nos propusimos tomar cinco pasivos ambientales y asegurarnos de hacer todos los estudios de ingeniería necesarios para que puedan ser cerrados y devueltos al ambiente de manera correcta. Nos enfocamos en los pasivos ambientales de Collqui y Acobamba, los cuales están muy cercanos al río Santa Eulalia, un tributario del río Rímac y que tienen potencial de riesgo altísimo.
Cuando comenzamos a revisar el detalle de estos pasivos ambientales, nos dimos cuenta de que no iban a ser cinco. Terminaron siendo 39 pasivos ambientales. Nos dijimos –bueno, ya estamos acá y vemos que el problema es más serio de lo que pensamos inicialmente, sigamos adelante y dediquémonos a estos 39 pasivos ambientales. Felizmente los estudios técnicos ya se terminaron y han sido aprobados por el gobierno, con lo cual esa misión ha sido cumplida.
El monto de inversión para remediar los pasivos de Collqui y Acobamba es de S/ 31 MM y Activos Mineros ya inició la licitación.
¿Qué queda por hacer en ese caso?
Falta que, a través de Activos Mineros y con fondos que el Estado ya tiene reservados, se proceda a la ejecución de estos planes de cierre que ya cuentan con toda la ingeniería y el detalle que se necesita para desarrollarlo de una manera eficiente. Ellos han identificado mejoras en el proceso de aprobación de los planes de cierre de pasivos para que no tomen tanto tiempo y se ve la forma de incluirlos en el mecanismo de Obras por impuestos
¿Cuál es el tercer compromiso?
Educación. Nos cuestionamos ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene el país? y claramente uno de los principales déficits es a nivel educativo. ¿Cómo podemos colaborar como sector minero con la educación del país? Nosotros (en Hochschild Mining) habíamos tenido una experiencia muy interesante en Chalhuanca (Apurímac), una comunidad cercana a una de nuestras operaciones mineras. Allí desarrollamos un proyecto para convertirla en una “Ciudad digital”. En todo Chalhuanca no había señal de internet y decidimos llevarles la conexión. Además, habilitamos un centro comunitario con computadoras para que la gente pueda acceder de manera gratuita, y dotamos de internet a toda la ciudad para que cualquier persona, desde sus casas, o desde las plazas, pueda acceder a internet libremente.
Esas acciones tuvieron un impacto muy fuerte -a nivel educativo, de negocios, a nivel personal, a nivel de trámites con el gobierno, entre otros- porque ha permitido a la ciudad de Chalhuanca conectarse al mundo con los beneficios que eso trae.
Como tuvimos una experiencia muy buena con dicho proyecto, dijimos ¿Qué pasa si ahora con estas 20 empresas nos dedicamos a crear más de estas ciudades digitales en el país? Y en zonas que no necesariamente tienen que estar vinculadas a operaciones mineras, sino enfocándonos más en lugares donde las necesidades sean realmente críticas, y decidimos asumir el compromiso de crear 10 ciudades digitales. A la fecha, hay 7 plenamente operativas.
¿Cuáles son esas “Ciudades digitales”?
Aucallama, en Lima, Pampas en Huancavelica, Antauta en Puno, Catacaos en Piura, Quinua en Ayacucho, Alto Larán en Chincha y Sapallanga en Huancayo. Es clave promover este proyecto y al mismo tiempo asegurarnos de que sea sostenible en el tiempo. Una parte crítica fue el trabajo en conjunto con Empresarios por la Educación, quienes tienen ya mucha experiencia en el tema. Ellos nos apoyaron mucho en escoger las ciudades donde hayan altos niveles de pobreza, y dónde se pueda contar con la participación de las autoridades locales, de tal forma que cuando termine nuestra intervención, puedan ser financiados por los propios gobiernos locales y con fondos públicos y se asegure su sostenibilidad en el tiempo.
Los primeros dos años nos encargamos de ponerlos en marcha, habilitarlos y operarlos; y al tercer año pasan a ser manejados por la autoridad local. Varias ya pasaron esa etapa. Dependiendo de cada comunidad y de sus autoridades, pueden ser proyectos de larguísimo plazo.
¿Cómo se sienten con estos logros fruto del trabajo voluntario y comprometido?
Nos sentimos muy orgullosos del impacto positivo que ha tenido en las personas, tanto a nivel educativo como a nivel económico, ya que les ha permitido interconectarse con el mundo y desarrollar ideas de negocios que antes no estaban a su alcance. Tienen ahora al mundo a su disposición para hacer búsquedas de clientes, de insumos, de ideas, además de trámites personales y capacitación. Ahora estamos por completar los tres centros digitales remanentes -Anta en Cusco, Santa María del Valle en Huánuco, y Carhuaz en Ancash- con la meta que a fines de este año 2017 podamos tener los 10 centros digitales operativos.
¿Cuál es el cuarto compromiso?
Minería ilegal. Nos dijimos –la minería es una de las principales actividades económicas del país. Es uno de sus principales motores y uno de los principales contribuyentes a su crecimiento, es una de las principales fuentes de exportaciones y de recaudación de impuestos, así como una fuente importante de empleo directo e indirecto. En fin, es una actividad de gran importancia para Perú. Sin embargo, gran parte de la población tiene un mal concepto de la minería, la relacionan con contaminación, con mal uso de agua y con malas prácticas, y creemos una de las razones de esto es que las buenas prácticas y actitudes de las empresas tienden a pasar desapercibidas, mientras que las malas prácticas, en su gran mayoría vinculadas a la minería ilegal, son las que acaparan las portadas de los periódicos.
Por eso decidimos ver qué hacer para apoyar la lucha que comenzó el gobierno contra la minería ilegal.
Decidimos trabajar con el SEP (Soluciones Empresariales Contra la Pobreza) y nos preguntamos ¿Dónde está concentrada la mayoría de la actividad minera informal? En Madre de Dios.
Decidimos hacer un estudio para ver cómo podemos apoyar a la población para que puedan reducir su vinculación con la minería ilegal. Se identificaron cuatro potenciales intervenciones en búsqueda de que la población tome mayor conciencia de la real dimensión del problema. Este estudio ya fue terminado y la idea es que el Estado evalúe la posibilidad de intervenir para poner en marcha las sugerencias planteadas.
¿Qué sugerencias tienen para contrarrestar la minería ilegal?
Primero, asesorar al minero durante el proceso de formalización, para otorgarles mayor confianza, menor frustración y menor conflicto con el Estado. En segundo lugar, se busca
generar una mayor cooperación con las comunidades nativas en el proceso de reforestación y conservación de sus tierras y en su entorno.
También proponemos mejorar la comunicación alrededor de los riesgos del mercurio y las ventajas de la tecnología para mitigar sus impactos.
Y finalmente está la sensibilización y capacitación en actividades productivas diferentes a la minería, para aquellos jóvenes tentados a trabajar en la minería ilegal.
¿Finalmente, cuáles son las empresas que conforman CADE Grupo Minería?
Son Anglo American, Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Barrick, Compañía Minera Condestable, Compañía Minera Milpo, Consorcio Minero Horizonte, COSAPI, Ferreyros, Fortuna Silver, Glencore Perú, Goldfields-La Cima, Hochschild Mining, Minsur, San Martín Contratistas Generales, SNC-Lavalin, Sociedad Minera Cerro Verde, Sodexo Perú, Southern Copper, Votorantim Metais; y a SNMPE. Un buen grupo de empresas del sector y cuyo apoyo ha sido fundamental para sacar adelante esos objetivos.
¿Cuánto tiempo les llevó concretar los objetivos que se trazaron ¿Se reúnen periódicamente?
Han sido 4 años desde que asumimos este compromiso, en el CADE del 2013. Nuestra meta es que a diciembre de este año podamos tener todos los objetivos cumplidos. Ya cumplimos dos: el apoyo en el tema de minería ilegal y en los estudios para el cierre de los pasivos ambientales. Además, tenemos 7 de las 10 comunidades y esperamos llegar a la meta este año.
En cuanto a los estudios de optimización de uso del recurso hídrico en las tres cuencas, ya terminamos el de la cuenca de Caplina (Tacna) con el apoyo de la universidad Católica; y los otros dos estarán listos a fines de este año, con el apoyo de la UTEC.
¿La ejecución estará a cargo del gobierno ya sea central, regional o local?
En el caso de las “Ciudades digitales” fue íntegramente hecha por el sector privado con el apoyo de Empresarios por la Educación y después, en coordinación con las autoridades locales, apoyaremos para que puedan ser aprobados como un proyecto de inversión pública y tengan sostenibilidad en el tiempo.
En el caso de los pasivos ambientales se completaron los estudios técnicos que no se tenían y que son complejos, trabajosos y demandan mucho conocimiento técnico. Involucramos a empresas de ingeniería de primer nivel, como Cesel, y contamos con el apoyo técnico de las empresas participantes. Ahora es el turno del Estado, con fondos que ya dispone a través de Activos Mineros, poder realizar estos cierres.
Para el caso de agua, cómo se concretará en acción.
El proyecto del agua es más informativo y educativo.
Las cuencas de Caplina, Huatanay y la de Chancay–Lambayeque, a lo largo de su trayectoria, se ven afectadas por varias actividades, en su mayoría distintas a la minera.
Se busca impartir a los usuarios de las cuencas seleccionadas el significado de una gestión integrada de los recursos hídricos, orientado al desarrollo de una cultura del cuidado del agua y desarrollo sostenible. Asimismo, levantar información de población, estudios hídricos, etc. y sistematizarla en el Sistema de información Georeferenciado para que sea debidamente aprovechada en la gestión del agua. Finalmente, se busca facilitar la implementación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que ha desarrollado la ANA (Autoridad Nacional del Agua) en las cuencas seleccionadas.
El proyecto en la cuenca Caplina ya culminó e incluso se publicó un libro, “Agua sin Mitos”, destinado a que la gente tenga un mejor entendimiento del recurso hídrico, las etapas por las que pasa hasta llegar a sus hogares, potenciales riesgos que pueda tener y cómo utilizarlo de la forma más eficiente. quedan las cuencas de Huatanay y de Chancay-Lambayeque.
Además, los reportes –producto del estudio- son repartidos a los pobladores de la zona y van acompañados de talleres educativos e informativos a las distintas poblaciones que tienen interacción con estas cuencas.
¿Cómo ha sido la inversión para las “Ciudades digitales”?
Los primeros dos años de la inversión han sido financiados íntegramente por las empresas participantes, y a partir del tercer año pasan a ser asumidos por los gobiernos locales.
Cabe resaltar que teníamos el objetivo de que estos compromisos podamos hacerlos como sector y como sociedad civil, sin que necesariamente impliquen la participación del gobierno en una etapa inicial. Con esto, hemos dado el primer paso para que después pueda seguir el gobierno, siempre con nuestro apoyo incondicional.