ProActivo | En una entrevista reveladora, Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), comparte los emocionantes avances de PERUMIN 37, un evento que celebra 70 años de historia minera en el país y que también destaca la creciente competitividad del sector en un contexto preelectoral y de transformación energética. Con la confirmación de figuras como el expresidente argentino Mauricio Macri como orador principal, De Vinatea subraya la importancia de este congreso para fomentar la innovación y conectar a la academia con la industria minera. Habló también sobre la problemática de la informalidad y qué elementos son fundamentales para una ley MAPE que sea efectiva.
Hablemos de PERUMIN, que está entre los eventos más importantes del mundo en minería. ¿Se generará un espacio para que los políticos discutan su visión sobre el sector, especialmente en un año preelectoral?
PERUMIN 37 se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre de este año, marcando nuestros 70 años. La respuesta del sector ha sido muy positiva; en solo un mes se vendieron todos los stands, lo que indica que las empresas tienen grandes expectativas para el futuro. Lamentablemente, muchas empresas que han participado en ediciones anteriores no podrán estar presentes este año, lo cual es triste, pero demuestra el interés del sector en innovar y hacer negocio.
Este año, debido a la coyuntura política, hemos invitado a Mauricio Macri, un expresidente argentino, como orador principal. Su experiencia en un país que está empezando a ser competitivo en minería puede ser muy valiosa para nosotros.
¿Qué otros líderes participarán en este evento?
Aún estamos definiendo la lista, pero también contaremos con la participación de Julio Velarde, quien anunció que este será su último PERUMIN. Siempre ha ofrecido perspectivas muy valiosas sobre la economía.
¿El instituto tiene planes de ampliar la capacidad del evento en el futuro?
Sí, estamos evaluando la posibilidad de expandir la infraestructura en Cerro Juli. Además, este PERUMIN introducirá la “Alameda de la Academia”, un espacio dedicado a conectar el mundo académico con el sector minero, con 24 espacios disponibles para universidades e institutos de investigación.
¿Cómo ha crecido la representación internacional, especialmente la delegación china?
Este año, contaremos con la participación de 11 países. China, como el principal inversionista en minería en Perú, tendrá una fuerte presencia con 100 stands en nuestro pabellón internacional. Esto demuestra su creciente influencia en la minería peruana.
DIFERENCIAS ENTRE FORMALIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD
¿Cuál es la posición del IIMP respecto a la formalización minera, considerando que es una institución de referencia en el sector?
El IIMP es una institución única que actúa como un puente entre el sector público y privado, con un enfoque creciente en la academia. Somos una asociación de profesionales que busca que nuestras opiniones sean fundamentadas en la ciencia y la academia, y que resulten útiles para el desarrollo del país.
El Perú enfrenta un gran desafío no solo en minería, sino en todos los sectores económicos, ya que la informalidad es un problema transversal en nuestra economía. Es fundamental que como Estado enfrentemos esta situación. La minería ilegal, en particular, ha logrado camuflarse detrás de la minería pequeña e informal, creando un problema de criminalidad que va más allá de la simple formalización. Esto ha llevado a una erosión de las instituciones fundamentales de la democracia, dejando zonas del país sin presencia del Estado y provocando un incremento en la violencia, donde las empresas deben contratar seguridad privada.
Es crucial diferenciar entre formalización y lucha contra la criminalidad. Confundir ambos conceptos puede llevarnos a errores estratégicos.
Respecto a la ley MAPE, ¿Qué aspectos específicos deberían ser revisados para facilitar una nueva forma de formalización sin el REINFO?
Existen varias iniciativas en discusión, incluida la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, que ya ha sido remitida al Congreso. La Comisión de Energía y Minas está analizando esta propuesta y nos ha invitado a participar en el debate junto a otros actores del sector minero.
Es importante que la ley de formalización se promulgue, ya que es un componente esencial en la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal. Debemos asegurarnos de que la ley MAPE no permita que la ilegalidad se infiltre nuevamente, como ha sucedido con el REINFO, que desde su implementación en 2017 ha sido utilizado para actividades ilegales, creciendo de manera exponencial.
Aunque el aumento de los precios de los metales ha contribuido a este crecimiento ilegal, el REINFO ha sido un mecanismo que ha favorecido la impunidad, desplazando al narcotráfico como la actividad criminal más lucrativa en el Perú.
Desde mi perspectiva, hay cuatro elementos fundamentales que deben considerarse:
- Plazo acotado: La ley debe establecer un límite temporal para la formalización. Sin un plazo definido, se corre el riesgo de que la informalidad se convierta en la norma. La formalización debe tener un inicio y un fin, permitiendo que quienes no se ajusten a los estándares establecidos sean considerados ilegales.
- Control y fiscalización: Es esencial evitar los errores del REINFO. La formalización debe incluir un control riguroso, incluso en los procesos de adecuación. Aquellos en vías de formalización son menos visibles y, por tanto, pueden causar un daño mayor. La falta de control llevó a situaciones problemáticas, como la falta de fiscalización.
- Competitividad del sector minero: La formalización no debe poner en riesgo la competitividad del país. Cambios significativos en el sistema de concesiones o en los plazos podrían debilitar el atractivo del Perú para la inversión minera. Es crucial mejorar el sistema actual sin desmantelarlo.
- Evitar cobijar la ilegalidad: La ley MAPE debe perseguir a la ilegalidad con estrategias claras y efectivas.
¿Cómo se puede evitar que se eludan las normas y asegurar que se implementen eficientemente?
El debate en el Congreso es complejo y las posiciones son diversas, lo que puede prolongar el proceso de acuerdo. Es necesario que el Estado reconozca que el cumplimiento de las normas requiere tanto incentivos como sanciones. La capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar es fundamental para asegurar la efectividad de cualquier norma.
Hay varias iniciativas, tenemos la del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido remitida al Congreso, en la Comisión de Energía y Minas, donde se está discutiendo y analizando la propuesta del Ejecutivo de la ley MAPE. La comisión ha propuesto un nuevo proyecto y nos han invitado como IIMP, junto con otros actores del sector minero a participar en estos debates.
El Perú destina uno de los presupuestos más bajos a la fiscalización de normativas en comparación con otros países. Debemos aprender de experiencias exitosas en otros países de Latinoamérica que han enfrentado la formalización.
La falta de cumplimiento normativo es un desafío. La seguridad jurídica es vital, pero si las normas no se cumplen, se pierde su efectividad.
En cuanto al control económico y la labor de SUNAT, ¿Cómo se debería abordar este aspecto?
Mi experiencia en el Estado me ha enseñado que un enfoque multisectorial es crucial. En el caso del narcotráfico, se han cruzado datos entre diferentes entidades para combatir el problema de manera integral. Este enfoque podría ser beneficioso para enfrentar la minería ilegal, que representa una amenaza mayor que el narcotráfico en la actualidad.
El control de insumos y la lucha contra el lavado de activos son fundamentales. La fiscalización debe ir más allá de un solo ministerio, pues el problema de la minería ilegal ha crecido y requiere una respuesta coordinada del Estado en su conjunto.
Es necesario que entendamos que la minería ilegal no puede ser abordada únicamente por el Ministerio de Energía y Minas, sino que debe ser un esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado para enfrentar esta grave amenaza.
