Personal del Frente Policial de Puerto Inca ubicó estas maquinarias que además de afectar la calidad del agua con mercurio, aceite, combustible y otros químicos, perjudicaban la salud de las comunidades indígenas | Imagen Referencial
Personal del Frente Policial de Puerto Inca destruyó dos dragas dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros que contaminaban el río Pachitea, en el distrito de Yuyapichis, Huánuco.
Las maquinarias además de afectar la calidad del agua del río con mercurio, aceite, combustibles y otros químicos, perjudicaban la salud de las comunidades indígenas, cercanas al sitio de la explotación ilegal.
Según la Policía, las dragas, que fueron destruidas en el momento de la operación, le pertenecían a una red criminal que obtenía grandes ganancias.
Fuentes de ese frente policial informaron que la ubicación de este centro de operación de la minería ilegal se logró luego de una labor de inteligencia. En la operación no hubo capturas.
“Seguiremos con nuestra ofensiva con el fin de proteger a la población civil y los recursos naturales de la Amazonía. Invitamos a la comunidad para que denuncie este tipo de atentados”, indicó el oficial.
Recalcó que la minería es una de las actividades que más afecta la naturaleza en la Amazonía.
“El uso de mercurio y otros químicos, arrojados a los cauces de los ríos, genera una gran problemática ambiental y de salud pública. Además, esta explotación ilícita de recursos naturales es uno de los principales motores financieros de las estructuras criminales, las cuales han extendido los tentáculos ilícitos de la minería ilegal en distintas regiones”, subrayó.
La minería ilegal es catalogada como uno de los principales motores de la deforestación en Madre de Dios, Ucayali y Huánuco.
Para sacar solo un gramo de oro se requiere de la participación de cuatro personas y el accionar de una retroexcavadora, para así remover seis toneladas de suelo y bosque para instalar una piscina artificial donde aplican 1000 litros de agua por segundo y cinco gramos de mercurio.
Fuente: La República