ProActivo | La propuesta para la Ley MAPE trabajada desde el Ministerio de Energía y Minas y que será presentada ante el Congreso de la República, puede ser el inicio de un ordenamiento gradual en la pequeña minería y minería artesanal. Para encauzarla se requiere voluntad política y liderazgo. Así lo manifestó Paola Bustamante directora en Videnza Consultores.
“Existe las herramientas tecnológicas para hacer la trazabilidad y los procesos están en la norma. El tema es mirar si lo que está escrito es viable y puede llevarse a cabo tal como está escrito en la norma o no es así”, manifestó Paola Bustamante, en declaraciones recogidas por ProActivo durante conferencia de prensa organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
La experta en gestión y políticas públicas, dijo: “Hay un tema de voluntad, de liderazgo. No hay quién diga yo me encargo de mirar qué está pasando y comienzo a poner presión para que avance. En la actualidad, el Ministerio de Energía y Minas es el que administra el padrón del Registro, en tanto que las 25 Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), son las dueñas del proceso. Mientras siga así, no podremos avanzar”.
En tal sentido, recomendó sumergirse en cada proceso de la norma. El propósito es ver si es viable o no, o si se pide cosas que no corresponden o algo que la gran mayoría no cumple, porque entonces se puede resolver cambiando la norma. “Pero no hay un análisis exhaustivo de lo que sirve o no y los tiempos que toman”, acusó.
Bustamante manifestó que lo primero que debe darse es poner el registro en manos de las autoridades y que les permita tomar acción, para luego ir hacia atrás con el mapeo de la utilidad de cada proceso. “Solo en la medida en que los 18 mil que hemos visto que tienen registro vigente y dicen que quieren formalizarse, terminen su proceso. Creo que apostar por los 66.000 suspendidos que no cumplen con entregar o no están comprometidos con formalizarse, no tiene sentido”, acotó.
Quien toma liderazgo
Para la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, le corresponde tomar el liderazgo de la formalización minera al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). “En la actualidad hay una comisión multisectorial creada por un Alto Comisionado pero que tiene varias funciones, como supervisar el REINFO, y a la vez tiene que ver con minería ilegal”.
En ese sentido precisó que al MINEM le corresponde asumir el liderazgo en el proceso de formalización. “El MINEM podría organizar a la SUNAT, al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Cultura para mirar, en el marco de su rectoría por minería, qué es lo que le toca hacer a cada uno y cómo enmarcarse en el proceso de trazabilidad”, dijo.
Respecto a los 2.065 mineros formalizados hasta julio recomendó darles seguimiento para conocer sus padecimientos y lo que está pasando con ellos. “No regresemos a que un minero, formalizado diga no debí formalizarme. Debo ver si están recibiendo asistencia técnica y qué problemas tienen para tener acceso al crédito y generar empleo y qué problemas tienen para continuar comprando los insumos necesarios para su labor. Por lo menos esos temas son centrales. Que sean voceros para que se sepa que formalizarse sí es bueno”, precisó.
Bustamante indicó también que como país no se puede seguir dando mensajes de que seguimos promoviendo que los mineros sean informales o ilegales, porque luego vamos a formalizarlos. “Felicitemos y debemos crear incentivos para aquel que ya se formalizó”, puntualizó.
IIMP: El REINFO no puede ser concebido como una licencia
La criminalidad se oculta en la minería informal donde miles de personas desarrollan actividades de extracción de oro principalmente y ya ocupa espacios por falta de ese liderazgo que visibiliza el estudio realizado por Videnza Consultores para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), y que pone al descubierto cómo ha sido la evolución de los intentos de los diferentes Gobiernos para una debida formalización minera, desde la promulgación de la Ley 27651, en 2002. Paradójicamente la formalización empezó a verse más distante desde la creación del REINFO en el 2017, no cabe duda que los precios del oro también influyeron en el fenómeno.
“Un tema complejo”. Así lo calificó Darío Zegarra, presidente del IIMP, al referirse a la formalización minera. Por ello demandó la participación de todas las entidades competentes para evitar que el tráfico ilegal de minerales vulnere el orden institucional y caiga en un espacio fértil para el crimen organizado que afecta al país. “Es un tema que sin duda debe llamarnos a todos, al debate, a la propuesta, y de allí a su implementación para detener ese deterioro y revertir ese proceso”, dijo.
“El REINFO, este registro en la práctica se ha convertido en un permiso, en una licencia”, expresó tras aclarar que aunque surgió con la finalidad de iniciar un proceso de formalización, pero no ha permitido el acceso a la formalización de un gran número de pequeños mineros y mineros artesanales. Es un proceso impredecible y muy corrupto que no alienta a la formalización y no da beneficio a al que se quiere formalizar”, precisó.
La propuesta que se decante, demandará claridad en la fiscalización y trazabilidad de insumos como los explosivos, y que hoy en día perdió el riguroso control que tuvo. Asimismo, deberá proteger y fortalecer a las empresas que buscan su formalización para que eleven su productividad y brinden mejores espacios para proveer empleo y contribuyan a la sociedad. “Como Instituto de Ingenieros de Minas de Perú tenemos una vocación de tocar estos temas con profundidad de análisis y con propuestas técnicas”, manifestó Darío Zegarra.
“No hay un proceso que fomente la formalización y que permita además el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores que en estos momentos están arriesgando la vida y dejando la salud en espacios que no tienen ningún tipo de control. El nuevo proceso de formalización debe ser pensando en las personas y aquellos empresarios honestos que quieren crecer”, remarcó.
En otro momento, el presidente del IIMP señaló la necesidad de fomentar nuevas empresas con tecnología apropiada que contemplen la fiscalización y la trazabilidad. “Debemos aspirar a la trazabilidad de las plantas de tratamiento. Aquellas que tienen una vocación honesta deben ser fortalecidas y todos debemos promover que se genere empresa, pero aquellas que deliberadamente financian procesos que terminan siendo violentos y criminales, tienen que ser señaladas y tenemos que poner el foco encima. La aspiración de este proceso de formalización no debiera quedarse solamente en si se extiende o no el REINFO”, declaró y dijo que no hace ningún sentido su existencia al no dar buenos resultados.