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Durante el evento INDUMIN, en el bloque dedicado a los aspectos económicos y sociales de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y de la minería ilegal, el general (r) Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), expuso un análisis detallado sobre la magnitud de esta problemática en el país y los desafíos que enfrenta el Estado para combatirla.
El funcionario señaló que la minería ilegal se ha convertido en uno de los problemas estructurales más complejos del Perú, ya que involucra dimensiones políticas, económicas, sociales, ambientales e incluso de seguridad nacional. Desde su perspectiva, se trata de una actividad ilícita que no solo genera impactos ambientales severos, sino que también está vinculada a otras formas de criminalidad.
Una economía ilegal de gran magnitud
Uno de los aspectos más preocupantes expuestos por García Esquerre es la dimensión económica de la minería ilegal. Según cifras citadas del Instituto Peruano de Economía, esta actividad habría movilizado alrededor de 40,000 millones de soles durante el último año, una cifra que se ha incrementado debido al aumento del precio internacional del oro.
El alto comisionado explicó que el crecimiento de esta economía clandestina se ha acelerado en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales actividades ilícitas del país. Incluso, señaló que su tamaño supera ampliamente al de otras economías criminales.
De acuerdo con sus declaraciones, la minería ilegal sería aproximadamente diez veces más grande que el tráfico ilícito de drogas, lo que evidencia el enorme flujo de recursos que circula fuera del control del Estado.
Impactos sociales y ambientales
Más allá de las cifras económicas, el funcionario enfatizó que la minería ilegal tiene graves consecuencias sociales y ambientales, especialmente en regiones vulnerables como la Amazonía y la cordillera de los Andes.
Las comunidades nativas y poblaciones rurales son algunas de las más afectadas por esta actividad. La contaminación de ríos y suelos, la deforestación y la alteración de ecosistemas han impactado directamente en el modo de vida de miles de familias.
Según estimaciones mencionadas durante la conferencia, al menos 225 cuerpos de agua en la Amazonía peruana estarían contaminados por la actividad minera ilegal. Asimismo, se calcula que desde mediados de la década de 1980 alrededor de 200,000 hectáreas de bosques han sido depredadas debido a esta práctica.
Estos daños ambientales generan además consecuencias sociales profundas, ya que afectan las actividades productivas tradicionales y deterioran la calidad de vida de las comunidades.
Relación con la criminalidad
Otro aspecto central abordado por García Esquerre fue la conexión entre la minería ilegal y otros delitos. Debido a los grandes volúmenes de dinero que genera, esta actividad suele estar vinculada con redes criminales que operan en distintas regiones del país.
Entre los delitos asociados se encuentran la extorsión, el sicariato y la trata de personas, lo que convierte a la minería ilegal en un factor que contribuye a la expansión de la inseguridad ciudadana.
En ese sentido, el funcionario señaló que la problemática trasciende el ámbito ambiental o económico y se vincula directamente con la estabilidad social y la seguridad nacional.
El reto de ofrecer alternativas
Durante su intervención, el alto comisionado también se refirió a las dificultades que enfrentan muchas comunidades que dependen de la minería ilegal como principal fuente de ingresos. En diversas intervenciones realizadas por el Estado en zonas como el río Santiago, se ha observado que pobladores locales no cuentan con alternativas económicas viables.
Ante esta situación, García Esquerre señaló que el Estado debe impulsar políticas que promuevan economías alternativas sostenibles. En el caso de la Amazonía, mencionó que existen oportunidades en actividades como la agricultura, el turismo y otras formas de producción sostenible.
En las regiones andinas, en cambio, una de las opciones más viables sería fomentar la minería formal, donde los trabajadores cuenten con condiciones laborales adecuadas, acceso a seguridad social y el uso de equipos de protección que reduzcan los riesgos para la salud y el ambiente.
Operativos contra la minería ilegal
El Estado peruano también ha intensificado sus acciones de interdicción contra esta actividad. García Esquerre informó que se han realizado 745 operativos, en los cuales se interdictó maquinaria y equipos valorizados en aproximadamente 2,240 millones de soles.
Estas acciones se incrementaron posteriormente. Para el año 2025, el número de operativos alcanzó 1,037 intervenciones exitosas, con material interdictado cercano a los 4,000 millones de soles.
Asimismo, diversas instituciones del Estado participan en esta lucha. La SUNAT, por ejemplo, ha intervenido más de 200 plantas de procesamiento, mientras que las fiscalías especializadas en materia ambiental vienen tramitando múltiples investigaciones relacionadas con minería ilegal.
Hacia una solución integral
A pesar de estos avances, el alto comisionado advirtió que la interdicción por sí sola no resolverá el problema. Para enfrentar de manera efectiva la minería ilegal es necesario adoptar una estrategia integral que combine control estatal, formalización minera y desarrollo sostenible.
En ese sentido, destacó la importancia de impulsar procesos de formalización, promover economías alternativas en las zonas afectadas y ejecutar programas de recuperación ambiental.
Solo mediante un enfoque que combine seguridad, desarrollo económico y protección ambiental será posible reducir el impacto de la minería ilegal y construir soluciones sostenibles para las comunidades afectadas en todo el país.