La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), presentó el informe sobre lo ocurrido con el derrame de petróleo en la zona del mar de Ventanilla, al norte de Lima.
Se trata del “Informe de fiscalización sobre las acciones estatales y privadas implementadas a dos años del derrame de petróleo en el Terminal Portuario Multiboyas 2 de la Refinería la Pampilla – Repsol” realizado por las organizaciones Perú Equidad, FIDH, EarthRights International y Cooperacción.
“A dos años de la catástrofe ambiental más grande ocurrida en el litoral de la costa peruana, continúa pendiente la rehabilitación de los sitios afectados, la reactivación económica en la zona afectada y la compensación justa a la población directamente afectada. Se debe plantear una reforma de la normativa vigente sobre emergencia ambiental y responsabilidad por daño ambiental para garantizar que las medidas de compensación económica, de remediación y reparación sean efectivas”, afirmó la congresista Luque.
El informe recoge información brindada en las sesiones por los representantes de asociaciones de afectados y organizaciones sociales de los distritos de Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay; así como especialistas de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, OEFA, Ministerio de la Producción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Instituto del Mar Peruano y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera.
También participaron autoridades como la ministra del Ambiente, Albina Ruiz; la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca; el viceministro de Hidrocarburos, Julio Poquioma; y Úrsula León, viceministra de Pesca y Acuicultura. Por parte de la empresa Repsol estuvo presente su vicepresidente, Luis Alberto Vásquez Madueño.
Como parte de las conclusiones del informe, se revela que aún existen 71 formaciones costeras, 2 áreas naturales protegidas, 6 islas/islotes y 2 zonas submareales afectadas. Además, no se cuenta con planes de rehabilitación aprobados o en estado de implementación. De la misma manera, no se tiene un estudio de identificación y valoración del daño ambiental.
Un aspecto de suma preocupación es la subsistencia económica de la población afectada, ya que aún se encuentran suspendidas actividades económicas como la pesca, el turismo, el transporte, el comercio formal y ambulatorio. Las asociaciones y organizaciones de afectados exigen a la fecha la ampliación del Padrón Único de Afectados, ya que los criterios usados para la identificación y el registro de las personas afectadas no se ajustan a la realidad de la población.
Este informe ha sido remitido a las principales autoridades del Estado y de la empresa Repsol. Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología continuarán con su función de fiscalización y control político a los sectores comprometidos en la atención a la población afectada.