Foto: ProActivo
Por Kenneth Vargas M.
Tras un remezón político que se consagró con la marcha multitudinaria más grande de Brasil en el siglo XXI, para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, la empresa Odebrecht decidió retirarse del Consorcio Camisea, que está a cargo del mega proyecto bandera del Ejecutivo: el Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
“Es como si hubiésemos vendido todo el paquete, Odebrecht ya no tiene ninguna participación en el Gasoducto Sur Peruano”, confirmó Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest para un diario local.
Efectivamente, la empresa carioca traspasó todas sus acciones a sus dos socios del mencionado consorcio: la peruana Graña y Montero y la española Enagás, que asumió la gerencia del GSP a mediados de marzo, en un contexto de rumores sobre un supuesto soborno al presidente Ollanta Humala.
Sospechas de corrupción llegaron al Callao
Cabe señalar que un nuevo tema reinará en la agenda mediática a partir de esta semana: La detección de cuentas vinculadas a las obras de la Costa Verde del Callao. La fiscalía de Brasil informó sobre dos transacciones bancarias a través de una cuenta utilizada para fines corruptos “Paulistinha” y “Carioquinha”. Los montos que suman un total de 370 mil dólares aparecen en las planillas de Odebrecht y estaban destinadas para el pago de las obras de la Costa Verde, según un informe del diario O Globo.
Cabe señalar que esta mega obra de más de 320 millones de soles está a cargo del gobierno regional del Callao, cuyo presidente Félix Moreno está en la mira de la SBS, y del gobierno central, Por lo tanto, se deduce que la determinación de los destinatarios de las cuentas provocará más de una convulsión en nuestro panorama político.
¿Cómo operó Odebrecht en la región?
Es de conocimiento público que esta compañía productora de cerca de dos millones y medio de barriles diarios y con más de 87 mil empleados en el globo, está envuelta en un caso de corrupción sin precedentes (Lava Jato), en el que empresas como la estatal Petrobras y OAS convergieron para diseñar una red de sobornos y pagos indebidos con fondos del Estado para captar jugosas licitaciones de mega proyectos.
Así como su CEO, Marcelo Odebrecht, condenado a 20 años de prisión, políticos como Luis Ignacio Lula Da Silva y su entonces ministra de Energía y Minas Dilma Rousseff han sido involucrados. No obstante, pocos peruanos conocen las repercusiones en otros países de Sudamérica.
Marcelo Odebrecht fue condenado a 20 años de prisión por el caso Lava Jato (Foto: Perú 21)
En noviembre 2015, fue detenido en Chile, el empresario André Esteves, CEO de BTG Pactual, banco con presencia en toda Latinoamérica,que ingresó al país sureño hace 3 años, a través de la compra del 100% de Celfin Capital por US$486 millones.
Esteves es acusado de corromper a empresas de diversos rubros, entidades bancarias y políticos como el senador Eduardo Cuhna, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quién habría recibido un supuesto soborno de US$11.7 millones. No obstante fue liberado en diciembre pese a las acusación de la fiscalía general de Brasil por tráfico de influencias y sobornos.
En Argentina se investiga el caso del ministro de Planificación de la era Kirchner, Julio de Vido, acusado de influenciar en un traspaso de la compañía Transener de Petrobras a otra vinculada directamente a la presidencia, todo con el objetivo de facilitar coimas por grandes licitaciones públicas.
Además, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime tampoco se salva de las investigaciones de la policía federal brasileña por un aparente soborno que repercutió en el visto bueno para que la corporación brasileña se haga cargo de las operaciones para la tunelización del ferrocarril Sarmiento, que une a la capital argentina con el Gran Buenos Aires en un tramo de 32 kilómetros.
Esto, sumado a más de 12 mega proyectos en la región, como la ampliación de un puerto en Cuba, un acueducto en Ecuador, una línea de metro en Panamá, un teleférico en Caracas y hasta las más importante petroquímica de México (Etileno XXI) ponen a Odebrecht bajo la lupa de las contralorías de varios países, incluida la nuestra.
Odebrecht y la extracción de diamantes
En Angola, África, Odebrecht opera desde principios de los 80 en concesiones de diamantes y kimberlita, siendo uno de sus principales proyectos Catoca, el cuarto yacimiento minero de diamantes del globo.
Según el portal CIPER de Chile, el periodista angoleño Rafael Marques denunció atrocidades provocadas por la Sociedad de Desarrollo Minero (SDM) de Angola, socia de la empresa brasileña. Varios informes como ”Operación Kissonde” relatan violaciones forzadas contra los trabajadores mineros artesanales por parte del personal de seguridad militarizado de la compañía Alpha-5, contratada por la SDM.
En ciertos casos los mineros fueron obligados a tener relaciones homosexuales con los agentes de seguridad e incluso entre parientes, según las revelaciones del Rafael Marques y otros investigadores, que acusan a Odebrecht de constituirse en Angola como una empresa que coadyuva con el régimen de corte dictatorial, siendo su brazo industrial” del ejército para combatir a los mineros ilegales.
¿En verdad Odebrecht decidió retirarse del GSP?
Ante un sinfín de antecedentes y la nueva denuncia por las obras de la Costa Verde en el Callao, surge una inevitable interrogante: ¿Odebrecht se retiró por decisión propia o por la presión de sus socios del consorcio y quizá de otras esferas para “calmar las aguas de un río con un matiz más negro” que el petróleo de Petrobras.