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- Especialistas cuestionan el predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso y advierten riesgos para la exploración, la competitividad y la seguridad jurídica.
“No conocemos el término ‘concesiones ociosas’”. Así lo señaló el presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Paolo Andrés, en alusión al predictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que busca reducir los períodos de concesión de 30 a 15 años. Esta iniciativa emplea dicha denominación para referirse a zonas concesionadas en las que no se realiza producción minera. No obstante, no constituye un término técnico reconocido por la entidad especializada.
El tema fue puesto en debate en el marco del Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde el past president de proEXPLO, Miguel Cardozo, sostuvo que la reducción del plazo de vigencia a 15 años resulta incompatible con la dinámica técnica de la exploración, que suele superar los 20 años antes de llegar a producción. Ello, especialmente en contextos de mayores exigencias ambientales y sociales, añadió el especialista.
“Esto es grave. La reducción de la vigencia de las concesiones mineras a 15 años, en este contexto en el que estamos, y en el cual la exploración minera y el desarrollo minero requieren mucho tiempo, mayormente más de 20 años, o mucho más si tienen problemas con su entorno social o con permisos ambientales, genera un riesgo evidente”, alertó en el auditorio del IIMP.
Cardozo añadió que, mientras la minería formal enfrenta mayores exigencias, la minería ilegal continúa expandiéndose, lo que podría debilitar el esquema regulatorio y afectar la competitividad del país como destino de inversión.
Asimismo, el destacado geólogo advirtió que el avance de la minería ilegal podría agravar aún más el escenario si se debilitan las condiciones para la exploración formal, y agregó que una menor estabilidad en el régimen concesionario, sumada a la expansión de actividades ilícitas, podría erosionar la capacidad regulatoria del Estado y afectar el desarrollo técnico del sector.
“Entonces, creo que mientras más avance la ilegalidad, el Estado perderá todo el esquema regulatorio y los trabajos geológicos que se tienen que tener para el desarrollo de la exploración y del hallazgo, sobre todo de grandes inicios para poder hacer nuevos movimientos de crecimiento mineral”, sostuvo.
Postura gremial
Por su parte, Melisa Ramírez, presidenta del Capítulo de Ingeniería Geológica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, cuestionó que no se haya considerado plenamente la opinión técnica del sector.
“La exploración geológica no se desarrolla en seis meses ni en un año. Requiere tiempo, inversión y evaluaciones rigurosas. Reducir el plazo a 15 años es, en la práctica, espantar la inversión, sea nacional o internacional”, afirmó.
Ramírez agregó que, pese a los reiterados espacios de diálogo técnico promovidos en el Congreso, pues se realizaron más de 8 mesas de trabajo con participación de distintas instituciones, entre ellas el IIMP y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las observaciones del sector no habrían sido consideradas.
La especialista señaló que “los señores congresistas no quieren escuchar” y advirtió que en las discusiones de la Comisión de Energía y Minas se evidenciarían “otros intereses” ajenos al sustento técnico. Aseveró que esta situación debilita la calidad del debate legislativo y genera preocupación en el gremio profesional. Agregó que el Colegio mantiene su posición crítica y evalúa presentar observaciones formales al predictamen.
Desde el Congreso se ha señalado que la propuesta legislativa apunta a incentivar una mayor participación de la pequeña minería en el régimen de concesiones. Sin embargo, el director de Concesiones Mineras del Ingemmet, Víctor Reynoso, precisó que el actual sistema ya es abierto y accesible tanto para pequeños como para grandes inversionistas, sin distinción. La entidad recibe alrededor de 6,000 petitorios mineros al año para la obtención de títulos de concesión en el país, lo que evidencia la amplitud y dinamismo del régimen concesionario actual.