El presidente del Ingemmet, Walter Casquino en conferencia de prensa aclaró diversos puntos en torno a las concesiones mineras y los últimos conflictos en el país. Alertó que el decreto supremo 023 emitido el 13 de mayo pone en riesgo el desarrollo minero.

“La concesión minera no otorga ningún derecho sobre la superficie del terreno, sino únicamente sobre el yacimiento, el mineral, que está en el subsuelo”, recordó el funcionario durante un ciclo de conferencias dirigido a los medios de comunicación y a los empresarios del sector.

Respecto al conflicto social ocurrido en torno al proyecto Santa Ana de la canadiense Bear Creek, el presidente de Ingemmet respondió a ProActivo que en el país se ha roto la tendencia al diálogo. “Para mí la base de este problema en el que estamos inmersos es una falta de información general del público, de todos nuestros conciudadanos. La minería es una actividad muy respetuosa del medio ambiente ahora en el siglo XXI”.

Sin embargo admitió que en el pasado, todas las actividades productivas y extractivas fueron descuidadas con el ambiente, situación –según dijo- que no necesariamente lleva a la oposición a dichas actividades, como la pesquería o la minería entre otras.

Explicó que dichas posiciones paralizarían la industria en general lo que afectaría el crecimiento económico. “Mi posición con respecto a esto, es que así haya 29 millones 90 mil peruanos que se opongan a la minería, yo voy a seguir apoyando a la minería porque racionalmente creo en eso”, acotó.

Casquino recordó que la minería es una actividad fundamental para el país, que puede cuidar el ambiente e incluir económicamente a todos los interesados reales y que debe ser adecuadamente negociado, bajo un control, fiscalización, monitoreo y penalización según sea el caso. “Es una pelea muy importante que hay que dar en el aspecto de debatir adecuadamente, pero que nos dejen debatir”, agregó.

¿Consulta previa antes de las concesiones?

Anotó que la consulta previa ha sido establecida con la nueva norma del 13 de mayo, pero que debe prevalecer el aspecto económico. “Los socios naturales el negocio minero son primero el empresario minero que se la juega, es un apostador, es un jugador como el que juega a los caballos, en los casinos, apuesta en que en esa zona hay mineral, él es el primer gran participante, si no fuera por él no se descubrirían minas, el segundo es el Estado a quien le interesa la parte de impuestos que debería ser progresiva, el tercero es el propietario del terreno superficial y el cuarto es el ambiente. Son los cuatro accionistas del proyecto minero, cada uno pone su parte y cada uno debe beneficiarse en algo, como en todo negocio”, comentó.

Dijo que el debate reside en ¿cuánto le toca a cada uno? Situación que ha cambiado respecto a épocas pasadas en que no se les reconocía sus derechos a los propietarios de terrenos superficiales asumiendo que la expropiación era un derecho de los mineros, situación que quedó en el pasado.

“Creo que está muy bien que no se siga en esa línea, pero tampoco podemos voltear la figura y decir que el que manda es el propietario de los terrenos superficiales, porque en primer lugar nunca le interesa lo que hay abajo, nunca se ha motivado a preguntar que hay debajo, es más ni le interesa, entonces si los recursos mineros son de los 30 millones de peruanos, no podemos dejar que unas personas manejen los recursos que son de todos” sentenció.

“La Ley General de Minería es clara cuando dice que el titular de una concesión minera está obligado a respetar las obras de infraestructura, restos arqueológicos, red vial, etc. Que existieran sobre la zona de interés, y que debe pedir el permiso del dueño del terreno superficial para iniciar sus operaciones. Esto lo saben todos los mineros (pues el artículo va incluido en el título de la concesión) y los empresarios que hacen minería en el país”, agregó Casquino.

Además el presidente de INGEMMET aclaró que luego de obtener el título de concesión el titular minero debe obtener una serie de autorizaciones (de la Autoridad Nacional de Agua, del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Salud Ambiental, etc.) antes de iniciar sus actividades.

De otro lado consideró que los últimos conflictos mineros se han producido principalmente por un problema de información y de interpretación. “Cuando la gente ve que existen petitorios en el Perú, cree que hemos vendido sus terrenos, que de un día para otro se abrirán minas a tajo abierto cuando no es así. Actualmente tenemos casi el 30% de territorio concesionado, pero de ese total sólo el 1% son concesiones activas, el 0.5% está en exploración y el 0.5% en explotación”, aseguró.

El experto señaló también que las municipalidades provinciales y distritales están enteradas de los territorios que se concesionan, pues INGEMMET publica esa información en El Peruano y en otros periódicos oficiales de la localidad donde se realiza el petitorio. Además cada año se le entrega a cada municipalidad el monto recaudado por derecho de vigencia y penalidad, impuesto que es pagado por cada titular minero y que está normado por Ley.