(Foto: La República)
La comisión del Congreso del caso Rodolfo Orellana investiga a la organización criminal montada por ese empresario por sus posibles vínculos con la tala y la minería ilegales.
Así lo señala el preinforme de ese grupo de trabajo, aprobado el jueves en el Pleno.
Según el preinforme, que tiene más de 200 páginas, la organización Orellana “constituyó empresas dedicadas a la compra-venta de metales” que adquirieron derechos mineros.
Son cuatro empresas bajo investigación. La Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Palo Amarillo JR fue creada en el 2008 por Churchill Bruce Ríos Vela, hijo adoptivo de Orellana, con un capital de S/. 10 mil. Registra hasta 10 derechos mineros, repartidos entre Ayabaca y Sullana.
Norte Perú Inversiones SAC fue creada el 19 de setiembre del 2009, también por Ríos Vela. El presidente de directorio era el propio Orellana. Esta empresa registra la concesión minera Arteza 2 200.
Las otras empresas bajo sospecha son Minera Manchester Gold SAC, con dos concesiones en Ayabaca, y Mineras Ancocala SAC, con concesiones en Ayabaca y Sullana.
La comisión investigadora pretende averiguar si la organización Orellana utilizó a estas cuatro mineras para cometer el delito de lavado de activos.
Como el Pleno del Parlamento alargó el plazo de investigación por 120 días, se programará la declaración de los representantes de las empresas y, además, se analizará su información bancaria y tributaria.
De otro lado, el preinforme de la comisión también señala que “los miembros de la organización liderada por Rodolfo Orellana habrían constituido empresas dedicadas a la producción de madera”.
Estas son: Parihuelas & Maderas del Oriente SRL, Industria de Maderas y Afines El Sol SAC, Peruvian Woods SAC y Pan American Amazon Timber SAC.
Al igual que en el caso anterior, la comisión desea saber si estas empresas se utilizaron para lavar activos. Se revisará su información financiera.
Vacíos legales
Para la comisión investigadora –que preside el congresista Vicente Zeballos (Solidaridad Nacional)–, dos elementos se conjugaron para permitir que la organización de Orellana pudiera funcionar tantos años con amplia impunidad: entidades públicas que fallaron en su deber de control y regulación, y una serie de normas “que promueven la agilización de las transacciones inmobiliarias por encima de la seguridad jurídica”.
Por ejemplo, la comisión precisa que el decreto legislativo 1071 promulgado en junio del 2008, que norma los arbitrajes y buscaba una mayor celeridad en la solución de controversias entre particulares, terminó generando un descontrol sobre los efectos de los laudos arbitrales que la organización criminal utilizaba para apropiarse de inmuebles.
Otra norma identificada por la comisión que favoreció las operaciones de Orellana es la Ley General del Sistema Concursal (número 27809).
De acuerdo con el preinforme, esta no impide que las liquidadoras sancionadas puedan seguir funcionando.
Al respecto, el grupo de trabajo de los legisladores llama la atención sobre el hecho, paradójico, de que liquidadoras vinculadas con Orellana que tenían deudas pendientes con el Estado administraran el patrimonio de personas naturales y jurídicas.
El preinforme precisa que en la estructura de la organización existirían hasta cuatro niveles. El primero, a cargo de la dirección, lo conformaban Orellana junto a su hermana Ludith.
En el nivel segundo se encontraría el entorno familiar y de confianza. Se debe mencionar, entre otros, al hijo adoptivo de Orellana y al coronel en retiro Benedicto Jiménez.
El nivel tercero incluiría a los profesionales y técnicos que cumplían con funciones específicas. Finalmente, existiría un cuarto nivel, integrado por los testaferros que habrían participado como propietarios de inmuebles y empresas.
La organización, aparte, contaba con la colaboración de “agentes externos”, en su mayoría funcionarios y servidores públicos, que “habrían facilitado los objetivos” de la red.
La República