Las lluvias intensas y los deslizamientos han vuelto a traer la tragedia de vidas humanas perdidas e infraestructura, pública y privada, destruida. El cambio climático hará que, en muchos lugares del país, eventos climáticos similares –u otros como las sequías – sean más recurrentes e intensos. Una de las zonas más vulnerables es la altoandina, en donde se combina la presencia de estos fenómenos con la baja capacidad estatal y social para mitigar o reparar sus impactos. Lugar en donde la minería está muy presente.
Además de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero –en todo el ciclo productivo–, la minería debe adaptarse al clima cambiante, considerando no solo los riesgos que afectan sus operaciones –como lluvias intensas, deslizamientos, desborde de ríos, que pudieran generar daños tanto a las empresas y a sus trabajadores como a terceros–; sino también la contribución que puede hacer para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y de la infraestructura que se encuentran en su área de influencia.
No solo porque una carretera u otros servicios básicos interrumpidos pueden afectar la actividad minera, sino fundamentalmente porque la calidad de la vida de la población depende de su adaptación al clima, tarea que debe ser fruto de una alianza público-privada-comunitaria, en donde el Estado brinde los lineamientos para la acción.
Fuente: Gestión