El futuro del Perú como país minero dependerá de que el actual punto de inflexión del sector se convierta en un fortalecimiento real del Estado, con reglas claras para la inversión responsable, trámites más ágiles, mayor presencia estatal en las regiones y una lucha decidida contra la minería ilegal, afirmó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Estrategia integral
Para el IIMP, sostener en el largo plazo la condición del Perú como país minero requiere que el “giro importante” mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) implique una estrategia integral que combine promoción de la inversión responsable, simplificación administrativa, presencia efectiva del Estado en los territorios y una lucha frontal contra la minería ilegal y sus redes de financiamiento.
“La minería formal puede y debe ser parte de la solución a los desafíos del país, mediante la generación de empleo, canon y regalías, innovación tecnológica y su aporte a la transición energética. Pero ello exige decisiones firmes y coherentes”, señaló.
El contexto actual, apuntó Ortiz, exige avanzar hacia una minería moderna, responsable y alineada con mayores demandas sociales, ambientales y de transparencia. Este proceso, sin embargo, se ve seriamente amenazado por la expansión de actividades ilegales que operan al margen de la ley y debilitan la autoridad del Estado.
En ese marco, ha cobrado relevancia la iniciativa legislativa impulsada por la congresista Diana Gonzales, que propone aplicar la figura de la “silla vacía” a parlamentarios condenados por delitos vinculados a la minería ilegal. El representante del IIMP indicó que, más allá del debate jurídico, la propuesta envía una señal política contundente: no es admisible que representantes del Estado mantengan vínculos con economías ilegales que depredan el medio ambiente, vulneran derechos humanos y erosionan la institucionalidad democrática.
Amenaza latente
“La minería ilegal no es un fenómeno marginal, sino una de las principales amenazas para la seguridad, la competitividad y el Estado de derecho en el país”, advirtió el vicepresidente del IIMP.
Esta preocupación se ve reforzada por recientes declaraciones de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), al alertar que incluso el acceso al poder político podría verse influido por financiamiento proveniente de la minería ilegal.
“Cuando el dinero ilícito penetra la política, se distorsiona la democracia, se capturan decisiones públicas y se generan condiciones profundamente desiguales para los sectores productivos formales”, añadió Ortiz.
El vocero del IIMP agregó que la paradoja es clara: mientras la minería formal enfrenta procesos administrativos largos, complejos e inciertos para desarrollar nuevos proyectos, la minería ilegal avanza rápidamente, ocupa territorios, corrompe autoridades y genera una competencia desleal que desalienta la inversión responsable.
“El Perú sigue siendo un país minero. La verdadera disyuntiva es si consolidamos una minería que contribuya al desarrollo y la gobernabilidad, o si permitimos que la ilegalidad nos haga retroceder décadas”, concluyó.