Alcaldes de La Convención son investigados por mal uso de dinero
Foto: La República
Los alcaldes de la provincia de La Convención son investigados por presuntos malos manejos en el uso del canon gasífero. Estas autoridades manejan más de S/. 2 mil millones cada año del canon que proviene de la explotación del hidrocarburo en Echarate.
[highlight]La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco tiene bajo la lupa a la alcaldesa provincial, Fedia Castro, y los burgomaestres de los distritos de Echarate, José Ríos; de Maranura, Francisco Marcavillaca; de Vilcabamba, Juan Olivera; y de Santa Teresa, Rubén Pinto. Todos inmersos en presuntos malos manejos de los recursos públicos.[/highlight]
La alcaldesa provincial es investigada por haber recortado el 3 % de los sueldos a unos 3 mil servidores ediles y el uso indebido de cerca de 50 mil soles para pagar a jugadores del club deportivo Manco II.
También por la supuesta compra sobrevaluada de linternas. Pagó 280 soles por cada linterna, cuando en el mercado están a 20 soles.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República le ha iniciado una auditoría por el proceso de adquisiciones de radios portátiles; mantenimiento de veredas y jardines en la Plaza de Armas, instalación del centro de transferencia tecnológica y adquisición de conservas de anchoveta y salsa.
La alcaldesa niega haber cometido actos irregulares.
SITUACIÓN EN DISTRITOS
Sobre José Ríos, alcalde del distrito más rico del país, Echarate, pesan graves acusaciones.
Es investigado por peculado y colusión, por haber alquilado maquinaria pesada a un empresario, sin licitación y por un monto superior al medio millón de soles. Lo grave es que hizo la licitación cuatro meses después del contrato.
De igual forma está en cuestión un supuesto acto de favorecimiento al Consorcio Medio Urubamba en un proceso de licitación para la construcción del colegio N° 501108.
En tanto, el alcalde de Maranura, Francisco Marcavillaca, está inmerso en una denuncia por la compra de un generador de energía eléctrica a precio sobrevalorado. Ese bien costaba 10 mil 800 dólares, pero se adquirió a 35 mil.
También se investiga la obra de defensa ribereña entre Santa María – Pintobamba y Ccollpani, la adquisición de tuberías y alquiler de maquinaria pesada.
La situación del alcalde de Vilcabamba, Juan Olivera Ricalde, es igual de delicada. La fiscalía indaga el uso de un inmueble, bautizado como “La centralita”, para supuestamente falsificar documentos y dirigir procesos de licitación.
En junio pasado la fiscalía allanó “La centralita” y encontró sellos de anteriores y actuales funcionarios de la comuna y documentos que demostrarían que en el lugar se adulteraban y adecuaban papeles de procesos de subasta.
Asimismo, lo investigan por la ejecución de “obras fantasmas” y por el presunto delito de apología al terrorismo.
La República