La Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos sociales durante el mes de septiembre 2022

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 223, correspondiente al mes de septiembre de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– del registro de 211 conflictos sociales, 152 activos y 59 latentes; la región Loreto continúa registrando el mayor número de ellos: 29 casos.

Respecto al mes anterior, se incorporaron cinco nuevos conflictos sociales de tipo socioambiental. Un caso se registra en Arequipa, donde las juntas de usuarios del Valle del Tambo, La Ensenada – Mejía y Punta Bombón, así como autoridades distritales y provinciales de la provincia de Islay, rechazan la Resolución Directoral n.° 0624-2022-ANA-AAA.CO, que otorga la licencia de uso de agua superficial con fines mineros de los ríos Titire y Vizcachas de la cuenca del río Tambo, en favor de la empresa minera Anglo American Quellaveco S. A. Un segundo conflicto se desarrolla en el distrito de Santiago en Cusco; en este caso pobladores de la comunidad campesina de Haquira demandan a la Municipalidad Provincial del Cusco el cierre del botadero por posible contaminación, mala ubicación e inadecuada gestión de los residuos sólidos.

Otro caso nuevo tiene lugar en la provincia de Yauyos, en Lima, involucra a la empresa Sociedad Minera Corona y a la comunidad campesina de San Lorenzo de Alis, la cual exige el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el 2018 sobre restauración de daño ambiental, contratación laboral y otras actividades económicas sostenibles; además, de la renegociación por el usufructo de los terrenos superficiales. Un cuarto conflicto se desarrolla en Loreto, donde las comunidades nativas de Cuninico, Chanchamayo, Monterrico, Santa Teresa, Nueva Santa Rosa, San Francisco, San Antonio, Seis de Mayo, Nueva Esperanza, Saramuro I Zona y la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum) denuncian la contaminación de sus fuentes de abastecimiento de agua y provisión de alimentos, debido al derrame de hidrocarburos a la altura del km 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (quebrada Cuninico), operado por la empresa Petroperú S. A.

Asimismo, surgió un conflicto que involucra a las comunidades campesinas de Atcas (provincia de Yauyos); Palaco, Chacapampa y Huasicancha (provincia de Huancayo), las cuales protestan por la presunta contaminación de la laguna Yanacocha y el desarrollo de actividades en zonas no autorizadas por la comunidad por parte de la empresa Minera IRL.

Dos casos fueron resueltos este mes. Uno involucra a las comunidades del distrito de Chinchero, las cuales reclamaban por el incumplimiento de compromisos respecto a la contratación de mano de obra y servicios locales por parte del Consorcio Chinchero, responsable de las obras de remoción de tierras del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero. Se verifica que se han atendido los reclamos relacionados a la temática laboral (cuota de trabajo, toma de servicios, etc.) y, además, a inicios de octubre se inició la construcción del terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Chinchero. Otro caso resuelto fue protagonizado por el Comité de Lucha de la comunidad campesina de Chavín, la cual exigía la continuidad de la mesa de diálogo con la empresa Nexa Resources para el cumplimiento de compromisos del convenio marco de 2005 y adendas. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el 15 de septiembre se firmó el Convenio Marco (2022-2026) que contempla ejes de salud, empleo, infraestructura y proyectos productivos; entre la comunidad campesina de Chavín, la Asociación de Defensa y Desarrollo del Valle de Topará y la Unidad Minera Cerro Lindo de la empresa Nexa Resources.

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.5 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.9 %.

Del total de casos activos, el 66.4 % (101 casos) de los conflictos es atendido a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 78 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 83.2 % (84 casos) corresponde a casos socioambientales.

Producto de los incidentes entre miembros de las comunidades nativas de Cuninico y pasajeros y tripulantes de embarcaciones retenidas en el río Marañón, tres personas resultaron heridas.

Se registraron 351 acciones colectivas de protesta en el mes de septiembre, 14 más que el mes anterior. Del total, el 64.1 % fueron plantones. Cabe señalar que el 35.9 % de las protestas fueron protagonizadas por sindicatos de trabajadores o trabajadores no sindicalizados.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 17 alertas tempranas (ver página 14 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, cinco corresponden a casos nuevos, dos son conflictos activos y 10 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: