Por Ruben Arratia, Director de Wood Mackenzie
Las economías de Argentina en 2024 y Estados Unidos en 2025 han iniciado un proceso de reestructuración de sus economías que incluye una desregulación y reducción de impuestos drásticos que podría impactar en el rumbo de las inversiones mineras a nivel global, incluidas las inversiones en las economías mineras de Sudamérica. Este artículo es un resumen del reciente Insight: “Could a new political path unlock Latin America’s copper production potential?” que Wood Mackenzie entrega a sus clientes.
En países como EE. UU., Ecuador, Perú, Argentina y Bolivia, muchos proyectos mineros con estudios de prefactibilidad, factibilidad y hasta con aprobación ambiental han permanecido entrampados, en algunos casos por décadas, en una maraña de permisos, regulaciones y requerimientos de licencias sociales para las etapas de exploración y explotación minera.
El contexto en América Latina
La ironía de esto es que en los países de Latinoamérica se necesitaba y aún se necesita urgentemente muchísima inversión extranjera para crecer de manera sostenible por lo menos al 3%-4% anual y reducir la pobreza, aún muy alta (27% en 2023), pero la región solo ha crecido al 1% anual en la última década.
En la región, el sector minero ha sufrido una serie de fiascos. A fines de 2023, en Panamá, se paralizó el megaproyecto Cobre Panamá, que representaba alrededor del 5% del PIB de dicho país. En Perú, hace más de 10 años, dos grandes proyectos (Conga y Tía María) fueron parados después de haber recibido aprobaciones ambientales. Y el proyecto de cobre Zafranal entraría en operación a fines de esta década, después de 25 años de haberse descubierto. En Chile, el proyecto Dominga fue parado por razones políticas y no técnicas, y en muchos lugares del mundo se ha caminado de manera pendular, desde muy pocos permisos en los 1990s a una montaña de permisos en la actualidad. Esto está dando lugar a una reacción que tarde o temprano se veía venir.
En 2014, el primer ministro Narendra Modi de la India, bajo el lema “máxima gobernanza, mínimo gobierno”, inició un programa de desregulación eliminando cerca de 1200 leyes. En 2024, el gobierno del presidente Milei de Argentina redujo drásticamente el número de ministerios y creó el “Ministerio de Desregulación”, y afirman sus ministros que se están eliminando cuatro regulaciones por día desde su creación.
Argentina: Una revolución para atraer inversiones
De particular interés para las economías mineras de Sudamérica, en julio de 2024, el Congreso argentino aprobó una reforma integral para promover grandes inversiones mineras (aquellas que superen los US$200 millones). Conocido como el RIGI (Régimen de Inversiones Grandes en Infraestructura), este régimen tiene como objetivo proporcionar contratos de estabilidad fiscal y legal por 30 años, junto con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, incluyendo deducciones y amortizaciones aceleradas.
Estados Unidos: No desea depender de China en su transición energética
Por otro lado, el Sr. Trump anunció en el Foro de Davos en enero de 2025 que EE. UU. reducirá drásticamente el impuesto sobre la renta corporativa del 35% al 21% y ha creado un departamento de eficiencia gubernamental (DOGE) para reducir drásticamente el número de permisos para proyectos.
El impacto sobre las economías mineras de América Latina
Ante esta nueva realidad, la pregunta del millón es:
¿Cómo reaccionarán los países de América Latina a los nuevos regímenes fiscales de Argentina y Estados Unidos y sus revoluciones de desregulación?
¿Seguirán su ejemplo?
¿Cuentan estos países con suficientes grados de libertad política, económica y social como para implementar nuevos términos que les permitan atraer mega inversiones?
Chile: Al 2035 estará entre los productores de costos más altos del mundo
En la década de 1990, Chile desarrolló la mayoría de sus grandes depósitos mineros de costos bajos con contratos de estabilidad fiscal e impuestos corporativos bajos. En los últimos años, el impuesto sobre la renta en Chile ha aumentado al 27%, más regalías. En la práctica, la mayoría de las grandes corporaciones están pagando actualmente un 33%.
Perú: Con mucho potencial de exploración y producción, pero con montañas de permisos
Por otro lado, Perú, ubicado en el segundo cuartil más bajo de costos de la industria minera del cobre, mantiene impuestos sobre la renta relativamente altos (37%, incluyendo regalías). Sin embargo, podría enfrentar una fuerte competencia si las corporaciones mineras prefieren invertir en jurisdicciones más competitivas como Argentina, Estados Unidos o incluso Ecuador.
Los países con altos impuestos, como Perú, podrían seguir el ejemplo de Chile en la década de 1990, que tenía bajos impuestos corporativos pero altos impuestos sobre los dividendos. Además, podrían inspirarse en Australia, que en 2024 decidió simplificar el proceso de aprobación de proyectos de exploración. Alternativamente, Perú podría extender sus contratos de estabilidad fiscal más allá de los 15 años. Más importante aún, debería retomar el proyecto de tuberías de gas en el sur de Perú para garantizar electricidad segura y relativamente barata para los consumidores mineros.
Perú produjo 2.74 Mt de cobre en 2024, pero tiene el potencial de producir hasta 4 Mt y atraer cerca de $40 mil millones en inversiones para sus 20 proyectos de cobre en áreas verdes. Por otro lado, de todos los países productores de cobre en América Latina, Perú tiene el mayor potencial para nuevos descubrimientos de depósitos, ya que cuenta con más de 20 cinturones metalogenéticos de cobre, oro y otros metales.
La encrucijada de Latinoamérica: ¿Qué hacer para atraer inversión?
Para los países de Latinoamérica (excepto Argentina), es políticamente bastante difícil seguir el ejemplo de Argentina o EE. UU. en reducir drásticamente los impuestos, ya que para la mayoría de los gobiernos (México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela) esto iría en contra de sus principios de izquierda, aun cuando saben que sin una inversión de por lo menos 25% del PIB será imposible reducir la pobreza.
Dicho esto, un salvavidas para los proyectos de cobre es la transición energética, que podría mantener los precios del cobre relativamente altos e incentivar el desarrollo de proyectos en países aun con altos costos de producción, pero políticamente estables como es el caso de Chile. Chile, además, no tendrá muchos proyectos greenfield, pero tiene megaproyectos de expansión gigantes.
Chile en 2024 produjo casi 5.5 Mt de cobre, pero tiene el potencial de producir un poco más de 8 Mt. De hecho, se esperan inversiones de más de $20,000 millones en las expansiones y modernizaciones de solo dos de las megaoperaciones de Escondida y Collahuasi.
Pero, ¿Cómo responderán los otros países de América Latina a estos nuevos desafíos de desregulación y cambios de regímenes fiscales? Sus opciones dependerán de su competitividad en costos en el sitio de la mina y de su flexibilidad política, económica y social para implementar cambios en permisos y regímenes fiscales. Pero, tal vez más importante que esto, será la visión y liderazgo de sus políticos.