Es probable que pronto los gobiernos puedan solicitar contratos de explotación minera de los fondos marinos en aguas internacionales, una zambullida en lo desconocido que preocupa a los ecologistas mientras crecen los llamamientos a una moratoria de tales excavaciones.
Los Estados llevan diez años negociando un código minero que establezca normas para la posible explotación de níquel, cobalto y cobre en zonas de los fondos marinos que quedan fuera de las jurisdicciones nacionales. Pero hasta ahora el acuerdo ha sido esquivo, y el domingo expira una cláusula que permite a los gobiernos solicitar contratos mientras continúan las negociaciones.
“Creo que es muy probable que este año se presente una solicitud”, declaró a la AFP Emma Wilson, de la Coalición para la Conservación de las Profundidades Marinas.
“Así que es crucial que los Estados sean audaces y apliquen las medidas necesarias para proteger nuestro océano”, dijo, añadiendo que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) está entrando en “el período de toma de decisiones más crítico de la historia de su existencia”.
La AIS se creó en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Es responsable de proteger los fondos marinos en alta mar, así como de regular las actividades relacionadas con los codiciados minerales.
En la actualidad, el organismo con sede en Jamaica sólo concede permisos de exploración para estas zonas, que la convención de la ONU clasifica como “patrimonio común de la humanidad”.
En el verano de 2021, el pequeño Estado insular de Nauru, en el Pacífico, echó por tierra una década de negociaciones sobre el código minero al activar una cláusula que exigía alcanzar un acuerdo en un plazo de dos años.
Transcurrido ese plazo, si Nauru solicitara un contrato para Naura Ocean Resources (Nori), filial de la canadiense The Metals Company, la AIS tendría que estudiar la petición, pero no necesariamente dar luz verde.
Las autoridades de Nauru han asegurado que no actuarán de inmediato, pero otras empresas patrocinadoras de explotaciones mineras submarinas estatales podrían aprovechar la oportunidad, según los expertos.
“No me preocupa demasiado”, declaró a la AFP Pradeep Singh, experto en leyes del mar del Instituto de Investigación para la Sostenibilidad de Potsdam (Alemania).
“Creo que sería un error presentar una solicitud en breve, viendo que los Estados siguen negociando y trabajando para completar el reglamento”.
“La indicación es bastante clara de que los estados son muy reacios y vacilan a la hora de permitir que comience la minería sin una normativa”, añadió.
Cuestión de credibilidad
En marzo, los 36 Estados miembros del Consejo de la ISA, órgano decisorio en materia de contratos, señalaron que la explotación comercial “no debería llevarse a cabo” hasta que el código minero estuviera en vigor.
Pero fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre el proceso para examinar una posible aplicación, o sobre la interpretación precisa de la cláusula desencadenada por Nauru.
Las ONG, que temen que las empresas puedan aprovecharse del vacío legal, esperan que el Consejo tome una decisión mucho más clara cuando se reúna en Kingston del 10 al 21 de julio.
Mientras tanto, Chile, Francia, Palaos y Vanuatu han optado por llevar el debate al plano político.
A petición suya, y por primera vez, la asamblea de los 167 Estados miembros de la AIS debatirá una “pausa cautelar” de la minería cuando se reúna entre el 24 y el 28 de julio.
“El objetivo es poner el tema sobre la mesa, celebrar un debate que nunca ha tenido lugar antes”, declaró a la AFP el Secretario de Estado francés del Mar, Herve Berville, que espera que esto “anime a otros países a seguir su ejemplo”.
La coalición que apoya la moratoria, aunque va ganando terreno, cuenta actualmente con poco menos de 20 países.
“El objetivo es que, de aquí a 2024, una mayoría de países tenga claro que una pausa cautelar en la explotación de los fondos marinos es lo correcto si queremos hacer frente a los retos del cambio climático y la biodiversidad”, añadió Berville.
Insiste en que es una “cuestión de credibilidad” en un momento en que el mundo acaba de adoptar el primer tratado para proteger alta mar y se ha fijado el objetivo de preservar el 30% de la tierra y los océanos para 2030.
Las ONG y los científicos afirman que la explotación minera de los fondos marinos podría destruir hábitats y especies aún desconocidos pero potencialmente vitales para los ecosistemas.
También dicen que corre el riesgo de perturbar la capacidad del océano para absorber el dióxido de carbono emitido por las actividades humanas, y que su ruido interfiere en la comunicación de especies como las ballenas.
“Tenemos la oportunidad de anticiparnos a esta nueva industria extractiva y detenerla antes de que pueda causar daños a nuestro planeta”, declaró Louisa Casson, de Greenpeace.
Fuente: AFP