(Créditos: Karín Zelada)

(Créditos: Karín Zelada)

La existencia de un enorme riesgo de contaminación por operaciones de la minera Barrick en el valle Alto Chicama que abarca las provincias de Santiago de Chuco, Otuzco y Sánchez Carrión, denunció el representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, Óscar Rodríguez García.

Ello tras reunirse con representantes de la Asociación Marianistas de Acción Social quienes luego de realizar la evaluación de los parámetros ambientales del agua, advirtió un gran riesgo para estas poblaciones.

Por ello, la organización ronderil viene coordinando acciones con la Asociación Marianistas de Acción Social para que la población pueda expresarse ante esta grave situación y salgan en defensa de sus tierras y agua siempre con respeto a la vida.

Ver también:  Cusco: OEFA inició supervisión a minera Crespo en atención de denuncia ambiental

Según Rodríguez García, los alcaldes de las provincias perjudicadas no reclaman porque reciben regalitos de la empresa y proyectos del fondo social y no asumen la defensa de sus pueblos.

Tras la información difundida, la Minera Barrick, en relación con una evaluación realizada por la Asociación Marianista, aseguró mediante una nota de prensa que según monitoreos los impactos ambientales son generados por la minería informal.

En una reunión se compartieron los resultados del monitoreo realizado por la municipalidad provincial de Sánchez Carrión. En ningún alcance de dichos estudios se concluye que Minera Barrick represente riesgos de contaminación y, más bien, se afirma que dichos riesgos son generados por la minería informal y la minería informal de carbón“, dice la nota de prensa.

Ver también:  Más de 1000 postulantes rindieron el examen de admisión del CEU 2025 del OEFA

Y finaliza señalando que “Minera Barrick reafirma su compromiso de llevar a cabo una operación minera que cumple con la legislación ambiental del país, poniendo en ejecución todas las medidas y controles necesarios para asegurar una gestión ambiental destacada, la misma que está sujeta a monitoreos inopinados y a fiscalización tanto de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas como del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la ANA”.

RPP