A seis años de la paralización del Complejo Metalúrgico de La Oroya(CMLO), la situación económica y social de la urbe andina se ha deteriorado alarmantemente.
“Mientras que en Conga y Tía María la población dice no a laminería, en La Oroya decimos sí al CMLO y a la inversión minera. Tenemos los brazos abiertos para recibir a los inversionistas privados, pero con responsabilidad ambiental”, sostiene.
Es por esta razón que la población viene exigiendo la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que no es otra cosa que el estudio ambiental que el CMLO requiere para poder operar conforme a los ECA (estándares de calidad ambiental del aire) vigentes.
El IGAC debe ser aprobado por el gobierno el 7 de julio, o poco después, para que la subasta de Doe Run pueda desarrollarse conforme al cronograma, y el CMLO pueda pasar a nuevas manos el 4 de agosto.
“Solicitamos al gobierno que apruebe el IGAC en el plazo determinado para que los interesados en comprar el CMLO tengan reglas claras (…) de lo contrario, el proceso quedará desierto y la empresa se irá a liquidación simple, lo que significa que se venderá en pedazos y 2.200 trabajadores se irán a la calle”, señaló Arredondo.
Consecuencias negativas
NO MÁS RETRASOS
Según el burgomaestre, la población oroina no soportaría un nuevo retraso en la subasta. Seis años de inactividad metalúrgica han ocasionado un fuerte impacto.
“Por ejemplo, la deserción escolar se ha incrementado y dos centros educativos han cerrado sus puertas por este motivo. Antes los colegios de La Oroya tenían 25 o 30 alumnos en sus aulas y ahora entre 8 y 15”, refirió.
Agregó que bancos y comercios están cerrando sus puertas, mientras quiebran las cooperativas de los trabajadores y aumenta la pobreza en la urbe.
“Un reflejo de ello es la afluencia al comedor popular que administra el Minsa. Hace seis años se vendían 30 menús a un sol y ahora se venden más de 300 al mismo precio. Eso da una idea del aumento de la pobreza”, manifestó.
El Comercio