Por Richard Stoddart (*)
Richard Stoddart
Mucho se ha escrito sobre la responsabilidad social de las empresas extractivas y que sus presupuestos sociales deben orientarse hacia fines sostenibles. Se busca reducir al mínimo las inversiones que no van dirigidas hacia capacitación, proyectos productivos y apoyo en el desarrollo de la infraestructura física y social. Así como limitar su rol a ámbitos claros y específicos.

Esto suena bien en teoría, pero en la práctica las cosas no son tan sencillas. ¿Cuántos de nosotros -que trabajamos en el sector minero- recibimos de nuestros vecinos solicitudes de apoyo que van desde contribuciones para la celebración de las fiestas patronales hasta ayuda de emergencia y donaciones de equipos para municipios de centros poblados?

Si nos ceñimos por lo que dice la ley y las prácticas de sostenibilidad, estos pedidos debieran desestimarse, porque no son para actividades sostenibles y con frecuencia la comunidad que pide está fuera del área de impacto, como viene definida en el EIA. Sin embargo, hay otros factores para considerar.

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Por ejemplo, aunque el canon minero llega a los municipios provinciales y distritales, los centros poblados dependen de la voluntad de los anteriores para acceder a estos recursos. También sabemos que si adoptamos la posición que estas tareas son dominio exclusivo del Estado, el problema no se resuelve. Hay que ser realistas: vivimos en un país donde el Estado no cumple con sus deberes, ni lo ha hecho durante nuestra vida republicana. No lo hace ya sea por falta de disposición o disponibilidad, o por ambas cosas.

Por tal motivo, no debe sorprendernos sus quejas al respecto y tampoco extrañarnos que subsistan altos niveles de pobreza en regiones donde la minería hace años aporta recursos financieros a modo de impuestos y regalías.

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También tenemos que estar conscientes que hay aportes que se espera hagamos por ser vecinos, como los pedidos antes mencionados.

Filantropía con vecinos

Al considerar a las empresas mineras entre los actores económicos más importantes de la zona, los actos de filantropía son percibidos como propios de buenos vecinos.

Un huayco en la zona o el techo de una escuela local que cae generan pedidos que tampoco corresponden destinar para el desarrollo sostenible “químicamente puro” pero responden a necesidades urgentes e importantes.

Ahora bien, no se trata de ser cómplices a estos incumplimientos del Estado, pero necesitamos una solución intermedia.

Esto requiere buscar equilibrar expectativas y capacidades. Un desastre que afecte a nuestros vecinos exige solidaridad de la empresa, eso sí, sin asumir la responsabilidad plena por labores de rescate, auxilio y reconstrucción.

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Uno siempre puede hacer aportes como préstamos de maquinarias; y donación de ropa y víveres. Evidentemente, el Estado debe ser el protagonista, pero la empresa tiene un rol complementario.

Determinar cuántos recursos se destinarán para estas circunstancias es a criterio de cada empresa y según la disponibilidad del presupuesto, pero es importante tener la provisión. No son actos exigidos por la ley sino por nuestra consciencia.

(*) Asesor en Sostenibilidad y Relacionamiento con Actores Sociales y Miembro del Consejo Editorial de ProActivo.