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El vicepresidente de Asuntos Legales de MMG Las Bambas, Claudio Cáceres, afirmó que continuarán insistiendo en el diálogo con los representantes de las comunidades que mantienen un bloqueo de carreteras de 45 días, debido a que la región Apurímac se perjudica con 25 millones de soles al mes por conceptos de regalías mineras, a causa de esta medida de protesta en la región.
Cáceres, subrayó que el principal inconveniente que impide reanudar las conversaciones para buscar un entendimiento al tema es la pretensión de los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba, que exigieron en un documento, “presentado en mayo del 2018, el pago de 500 millones de soles por supuestos incumplimientos y perjuicios”. La respuesta de la empresa, agregó, fue “que estamos dispuestos al diálogo”.
El representante legal de MMG Las Bambas remarcó que desde el 2005 en que la empresa asume las operaciones y el contacto con las comunidades en la zona de influencia, ha mantenido una actitud de plena disposición al diálogo y entendimiento. Lamentó que el conflicto que llevó al bloqueo partió desde la designación de los directivos de la comunidad que ahora “están perjudicando a Apurímac”.
“Venimos pagando en estos tres años de operación, 740 millones de soles por regalías. La región se está viendo perjudicada con 25 millones de soles al mes por conceptos de regalías, que corresponden al 3% de nuestras ventas, las cuales hemos tenidos que diferir a raíz de este bloqueo”, subrayó.
Respecto al reclamo de los dirigentes que alegan que la vía en cuestión es ilegal porque ocupan sus terrenos, Cáceres manifestó que tal como lo ha sostenido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esa vía ya existía en el predio desde el 2009, por lo que no se puede hablar de una vía ilegal.
Controversia privada no debe afectar interés público
Por su parte, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martínez, enfatizó la posición del gobierno de contribuir al diálogo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Lo que plantea el Estado es que “hay que desocupar la vía, porque es una vía pública y constitucionalmente no se puede restringir su paso”.
Aclaró que los representantes de las comunidades que mantienen el bloqueo de Las Bambas deben entender que no pueden presionar por una demanda de interés privado con una empresa, “afectando un bien público”. En esa perspectiva, Molina precisó que los dirigentes deben “separar las dos cosas” para avanzar en las conversaciones que lleguen a buen término.
Explicó asimismo que como Estado se les ha pedido a las comunidades que dejen hacer el trabajo de campo que debe realizar el MTC para que les pueda pagar su terreno afectado por la vía a cada propietario, como corresponde y se está haciendo desde hace varios años en todas las vías nacionales.
Enfatizó que, como Estado, el gobierno a través de la PCM y el MEM han ofrecido a la comunidad y a la empresa actuar como mediadores para este diálogo. Y reiteró que son las comunidades “las que deben diferenciar que un tema es la controversia con un privado; y otra, afectar un bien público que es la vía”.
Pese a esta voluntad de diálogo, Molina dijo que los dirigentes no asistieron a cinco de las reuniones convocadas por las entidades del Estado y que recién en la víspera lo han hecho en Lima a convocatoria del MEM, que tiene previsto reunirse con ellos nuevamente hoy.
Respecto al carácter legal de la carretera bloqueada, explicó que el procedimiento que se sigue es clasificar primero la vía como regional o nacional. Cuando se va a intervenir la vía, la primera etapa del proceso del expediente técnico es el saneamiento físico legal de los terrenos afectados, un proceso que siguen decenas de carreteras nacionales en el Perú.
Comunidades se pronuncian
Los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Gustavo Rojas; de Huancuire, Javier Ochoa; y de Pumamarca, Juvenal Huamaní, fueron entrevistados por una emisora local sobre las causas del bloqueo de la carretera.
Rojas admitió que la empresa les pagó a los miembros de las comunidades por sus terrenos ubicados en la zona de influencia minera en una extensión de 474 hectáreas, pero negó que fuera más de un millón de soles. Sin embargo, admitió que los comuneros recibieron, dependiendo de la cantidad de sus terrenos, cifras de 150 mil, 200, 300 y algunos hasta 500 mil soles.
“La compensación no ha sido igual para todos”, afirmó Rojas, y agregó que lo que se realizó fue una permuta, que la vía que está utilizando la empresa “estaba ubicada en tierra virgen” y que no hay expediente técnico de esta carretera.
“Que la empresa se acerque, se pronuncie, que se siente y no lo hace hasta ahora”, dijo Rojas e insistió en que la carretera fue abierta al interior de un predio que es una zona privada que “según la Ley, es inviolable”, aseveró en una entrevista radial.
Sin embargo, Rojas se contradijo al señalar de un lado que reclaman el pago de una compensación por el uso de la vía, “dependiendo de lo que la comunidad decida”, mientras que de otro lado aseguró “no estamos pidiendo ni diez céntimos”. Agregó que antes su comunidad no tenía asesoramiento y ahora tienen como asesores a los hermanos Chávez aprobados por decisión de su Asamblea.
Al referirse a las posibilidades de solución mencionó la reunión sostenida en Lima por el gobernador regional del Cusco con el alcalde de la provincia de Chumbilvilcas, en la que se habló de “una vía alterna” con la que se podría solucionar el conflicto.
Por su parte, Javier Ochoa, de la comunidad de Huancauire, manifestó que la empresa Las Bambas no ha cumplido con dotar de infraestructura en salud, educación a las poblaciones de la zona. Dijo que los niños tienen que estudiar en carpas y calaminas y los padres deben caminar cuatro horas para llegar a una posta. De igual forma, Juvenal Ochoa lamentó que la empresa no cumple sus obligaciones con Pumamarca y ven afectados sus derechos.
En torno a los reclamos de Huancuire, el representante legal de Las Bambas aclaró que la cobertura de infraestructura de servicios básicos como salud y educación es responsabilidad del Estado. La empresa, de igual forma por su política de responsabilidad social, ha contribuido a promover el desarrollo sostenido de las comunidades, como lo ha hecho en el caso de Huancuire.
