ProActivo | Continúan las idas y venidas entre los ofrecimientos de la empresa minera y el rechazo de algunas comunidades del Cusco que no se sienten satisfechas.
El conflicto social por la mina de cobre Las Bambas, de propiedad de la empresa china MMG, no tiene cuando acabar. Este lunes la comunidad de Chumbivilcas (Cusco) rechazó una reciente oferta por parte de la firma, la cual calificaron de “burla”, e incluso amenazaron con boicotear nuevas conversaciones para levantar el bloqueo de carreteras que ya lleva casi un mes.
Un asesor legal de la provincia de Chumbivilcas indicó que lo que ofrece la mina es insuficiente y afirmó que otras comunidades están recibiendo S/ 700,000 cada una en contribuciones económicas de Las Bambas, mientras que la mina solo ofrece S/ 100,000 por cada comunidad que representa, totalizando S/ 1 millón.
El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, afirmó que la empresa mantendrá paralizada su operación hasta que no haya luces para resolver el conflicto alrededor de la mina. Asimismo, responsabilizó al Gobierno por la crisis.
“Hay una coyuntura de gran incertidumbre producto de estos mensajes contrapuestos de lado a lado desde el Ejecutivo, esta ola preocupante de conflictividad, que lejos de amainar viene siendo exacerbada por las intervenciones extrañas de funcionarios del propio gobierno”, afirmó el domingo en un programa de TV.
Agregó que la intención del Gobierno de elevar la carga tributaria a la minería espanta a futuros proyectos. “Los nuevos proyectos difícilmente se van a dar, con el límite [tributario] al que hemos llegado, con casi la mitad de utilidades en impuestos, difícilmente una empresa se animará a invertir sus recursos en Perú”, advirtió.
Los dirigentes de la zona cuestionan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidiera en 2018 reclasificar la carretera que atraviesa sus comunidades como vía nacional, lo que permite el tránsito de la carga pesada. Por eso exigen que se derogue la R.M. 372-2018-MTC, además de una indemnización por perjuicio ambiental.
El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón también se ha pronunciado y manifestó que la actual paralización de Las Bambas afecta a la región Apurímac, y que el cese de operaciones reducirá también al canon que su región reciba en el 2022.
Según expertos en conflictos sociales, existen operadores en el Gobierno que han asumido la postura de las comunidades, lo cual afectó las negociaciones. Uno de ellos es Marco Sipán, antes integrante del partido Movimiento de Afirmación Social (MAS) y hoy jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. El ahora funcionario participó la semana pasada en una mesa de diálogo y, según algunos de los asistentes, mostró favoritismo hacia los comuneros. “La intervención del señor Sipán resultó deplorable. Actuó de forma absolutamente parcializada, exacerbando los ánimos y atizando el conflicto”, expresó en un comunicado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
La entrampada situación también afecta a más de 9 mil trabajadores directos e indirectos, quienes temen perder sus trabajos. El líder sindical de la minera Las Bambas, Juan Carlos Huamán, también se expresó, y a nombre de sus compañeros exhortó al presidente de la República Pedro Castillo y a todas las autoridades relacionadas para encontrar la solución al conflicto que se vive. El dirigente apurimeño destacó que la economía de su región fue dinamizada desde el inicio de las operaciones de Las Bambas.
