(Foto: Difusión)oinversion
Lunes 30 de junio. Cuando se suponía que todos los peruanos celebraríamos la concesión de uno de los proyectos energéticos más importantes para el país, la apertura del sobre con el nombre del ganador de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) volvió a generar nuevos cuestionamientos en contra de la entidad detrás del proceso: Pro Inversión.
Más que en el gasoducto mismo, las críticas se enfocan en la ejecución del proceso de licitación, que no estuvo exento de acusaciones sobre posibles conflictos de intereses que habrían pesado en los resultados, poniendo en tela de juicio –una vez más– la adjudicación de una buena pro.
De esta manera, se vuelve a poner sobre la mesa la calidad y transparencia del trabajo realizado por esta entidad, que en los procesos más importantes atrajo a duras penas la atención de un postor, poniendo en entredicho la efectividad de su labor “promotora”.
EL GRAN SALTO
Aun cuando desde las altas esferas del Gobierno garantizan la transparencia en la concesión del GSP, también es cierto que las críticas no son nuevas y una vez más nos llevan a preguntarnos: ¿qué está pasando con Pro Inversión? ¿Por qué su labor no termina de convencer y deja un claro paso a los cuestionamientos?
Si a finales del 2012, la agencia estatal era criticada porque en 18 meses el gobierno de Humala concesionó seis proyectos, hoy las cosas son realmente diferentes, pues 18 meses después –a punto de cumplir tres años de gestión– se concesionaron 19, triplicando la cantidad conseguida hace año y medio atrás. ¿Qué explica este cambio?
Según el ex director ejecutivo de Pro Inversión, José Nicanor Gonzales, dicha celeridad obedece a que “el Gobierno recién se ha dado cuenta de que ha perdido tres años y ahora está en una carrera por sacar los procesos”.
Y no se equivoca. La caída de la tasa de crecimiento del PBI y la desaceleración de la inversión privada parecerían ser la causal de la “eficiencia” que se observa desde fines de noviembre del año pasado para revertir tan magros resultados.
Coincidencia o no, para el actual decano de la Escuela de Postgrado de la USIL, lo de hoy es una clara consecuencia de no haber tenido un programa formal de concesiones y promoción de la inversión privada.
En su defensa, desde Pro Inversión aclaran que no ha habido atrasos antes ni aceleración después, porque los procesos pasan por diferentes fases y sobre los 19 proyectos de los últimos 18 meses consideran que “no ha habido ninguna carrera a la loca”.
Al respecto, Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, refiere que los números “muestran la evolución positiva del Gobierno respecto a su actitud frente a la inversión privada”, aunque el tímido avance de los primeros años fue porque “no hubo voluntad política ni la vocación de los ministerios concedentes para entregar los proyectos”.
¿MANEJO POLÍTICO?
En línea con lo dicho por Gonzales, el profesor principal de Centrum Católica, César Álvarez considera que “como en este último año hay una tendencia a la desaceleración, Pro Inversión se ha apurado en resolver los proyectos para sacarlos de una vez, pero por la falta de transparencia han tenido fuertes objeciones técnicas y económicas”.
Para sostener su afirmación, no solo hace referencia a los ya conocidos cuestionamientos al GSP, también recuerda lo sucedido con la Línea 2 del Metro. Curiosamente, son dos de los cuatro proyectos [dos de ellos prioritarios] en los que se logró la participación de un solo postor. Punto en contra para la entidad que debería concentrar sus esfuerzos en atraer a más de uno.
Aunado a ello, el manejo político de la entidad habría influido no solo en la falta de transparencia, sino también en la ineficacia para promover grandes proyectos que atraigan inversionistas de peso.
Habiendo estado del otro lado, Gonzales asevera que lo político llega a entorpecer la labor de la que fuera su oficina por más de un año. Además, como dice Roberto Abusada, del IPE, “Pro Inversión ha tenido que sufrir durante todo este período una indebida interferencia de los ministros y de los ministerios”.
¿TRABAJO TÉCNICO?
Para evitar que los errores del pasado terminen por cobrarnos la factura en el futuro, César Peñaranda, de la CCL, sostiene que lo fundamental es trabajar en el ex ante, previo a la convocatoria. ¿Para qué? Según dice, lo fundamental está en inyectar seriedad y profesionalismo, dos ingredientes claves para sustentar una concesión, una APP u Obras por Impuestos.
“En cifras, los tres años de este Gobierno han sido positivos, pero es necesario continuar con la búsqueda de la simplicidad de los procesos y de la toma de decisiones. No solo hay que evaluar las cifras sino la calidad de los proyectos en sí, además del beneficio para el país”, recomienda.
Sobre la posibilidad de que la labor de Pro Inversión trascienda la firma del contrato, Peñaranda sugiere que el ex post siga descansando en los reguladores [Ositrán, Osiptel, etc.] y en otras entidades públicas para no debilitar su función principal.
En ese sentido, Castagnola sostiene que su “labor va a ser mejor en la medida en que los concedentes entreguen proyectos que estén mejor hechos, porque a veces para jugar un partido de fútbol Pro Inversión recibe un ladrillo en vez de una pelota”.
En esa línea, Abusada recomienda una mayor vinculación con bancos de inversión de primer nivel, no solo para preparar los proyectos con más acuciosidad sino para buscar a los mejores postores.
Sumándose a lo dicho por su colega, César Peñaranda refiere que también habría que analizar al directorio de Pro Inversión. “Hay que ver si está bien conformado para que sus integrantes sean los indispensables y se simplifique la toma de decisiones”, agrega.
Considerando –como nos dijo un abogado experto en concesiones e iniciativas privadas que prefirió no ser identificado– que nos encontramos bajo un modelo de Estado promotor de la inversión, queda claro que su deber está en llevar a cabo esta gestión de la manera más transparente posible.
Y, más allá de que este Gobierno quiera ser recordado como el que más proyectos concesionó, también deben apuntar –según José Nicanor Gonzales– a la ejecución de los proyectos porque “hasta ahora son solo anuncios de compromiso de inversión, pero va a ser poco lo que este Gobierno pueda hacer porque solo le quedan dos años, uno de los cuales es electoral”.
Aun así, en los próximos dos años, la cartera de proyectos en APP rebasa los US$28.500 millones, cifra que se sumaría a los cerca de US$19.000 millones concesionados hasta el primer semestre del 2014. ¿Qué hacer para no desaprovechar la oportunidad? Promover la participación del capital privado sería lo indicado. Pero con transparencia, celeridad y eficacia se podría garantizar que los factores de competencia se cumplan, para no enturbiar los procesos. Solo así podremos decir que estos fueron un éxito.
El Comercio