Recientemente entró en discusión la Ley para el Ordenamiento Territorial, la cual consiste en una serie de toma de decisiones que implica la colaboración de actores sociales, económicos, políticos y técnicos para gestionar y utilizar el territorio de manera sostenible y ordenada. Sin embargo, una iniciativa de tal índole debe ser analizada con cuidado, debido a que su implementación errada generaría más problemas que beneficios. Una de las propuestas más pronunciadas considera la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (Sinadot), que supervisaría el proceso en cuestión, para lo cual se consideraría la participación de múltiples organismos del Gobierno (ministerios, organismos adscritos y Gobiernos subnacionales).
Si bien iniciativas de este tipo requieren un sistema como lo sería el Sinadot, consignar la participación de las municipalidades en cuestiones clave como, por ejemplo, la organización del territorio y el establecimiento de estándares de ocupación y su uso, no sería lo más prudente, pues los plazos que tomaría llegar a un consenso serían mayores en comparación con esperar el pronunciamiento de una sola entidad con mayor experiencia en el tema. Para explicar el riesgo de esta unilateralidad por parte de los Gobiernos subnacionales, se puede señalar que, en 2022, el 48.2% de las municipalidades en todo el país solicitaron capacitaciones en materia de catastro urbano y rural, cifra que inclusive aumentó respecto de años previos, mientras que un 42.4% requería capacitaciones en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, y un 38.4%, en gestión del desarrollo urbano y territorial, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Por otro lado, la literatura académica y la evidencia empírica esclarecen ciertas debilidades de un esquema como el que se plantea. Un ejemplo viene dado por un estudio[1] de la London School of Economics (LSE) que analiza la relación entre los incentivos que enfrentan los funcionarios y la deforestación en Indonesia a lo largo de 8 años. El estudio concluye que un mayor fraccionamiento en la gestión de un territorio conduce a un aumento de la explotación ilegal de los recursos, puesto que es más sencillo corromper a un Gobierno local que a uno de mayor alcance y capacidad técnica.
De manera similar, un reciente estudio[2] de la Universidad del Pacífico (UP) examina el rol de las instituciones subnacionales en la conservación de recursos naturales en las 9 regiones del Perú que concentraron la mayor pérdida de bosque por deforestación en el periodo 2001-2017. Esta investigación concluye que se requiere de instituciones fuertes para proteger estos recursos, mientras que aquellas más débiles serán más susceptibles a la sobre explotación debido a su menor poder de fiscalización. Como se observa, existe evidencia nacional e internacional que sustenta la preocupación de que asignar el control territorial a los Gobiernos locales los hace más propensos a caer en prácticas de explotación ilegal.
Por otro lado, si bien las propuestas están para lograr una mejor articulación entre el Gobierno, las empresas y la población a la hora de llevar a cabo un proyecto, estas podrían entrar en conflicto con el desarrollo normal de las mismas actividades que buscan regular; aquellas enfocadas en la industria extractiva como la minería, los hidrocarburos, la maderera, entre otras. Algunas de estas actividades suponen un componente clave del crecimiento de nuestro país en la actualidad. Por consiguiente, no es conveniente introducir obstáculos adicionales en los procesos de negociación y concesión de sectores que llevan ya un tiempo estancados, y que lo que más necesitan hoy en día es un impulso para resurgir.
Para ilustrar este punto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) pronostica una contracción en la inversión minera del 18.1% para este año, lo cual tendría graves consecuencias a futuro. En ese sentido, se anticipa un crecimiento del 8.8% para 2023, pero que descendería a un 2.4% en 2024, de manera que, de aprobarse una ley como la que se propone, comprometería los planes productivos proyectados. En relación con lo anterior, es importante prestar atención a la cantidad de proyectos de exploración minera, cifra que ha permanecido estancada en torno a los 350 durante la última década, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Una ley que ahogue las negociaciones entre los Gobiernos locales y las empresas sería perjudicial, pues son estos los proyectos que impulsarán el desarrollo del sector en los próximos años.
A su vez, el sector hidrocarburos presenta una tendencia continua a la baja desde hace más de una década, ya que la inversión total en el sector se redujo al 23% de lo que era en 2013 (ver Semanario 1180). En concordancia con esto, el BCRP ajustó la proyección de crecimiento del sector en 2023 del 4.7% al 2.2%, principalmente por la menor producción esperada durante el tercer trimestre ante los mantenimientos registrados, mientras que en 2024 el sector crecería solo un 3.6%, debido a una normalización de la extracción de petróleo en los lotes en la selva. En ese contexto, introducir obstáculos en los procesos administrativos acabaría por extinguir un sector que ya de por sí sufre las consecuencias de una gestión deficiente.
Tal y como se presenta actualmente, el proyecto que plantea el Ejecutivo no proporciona argumentos contundentes sobre cómo se planea garantizar una mayor protección de los recursos ni asegura su uso apropiado, es decir, no resuelve ninguna de las problemáticas que pretende abordar; más aún, daría lugar a conflictos en aquellos sectores que mueven la economía peruana. Se recomienda encarecidamente la revisión exhaustiva de un proyecto de esta índole y definir con claridad las reglas de juego para no dejar espacio a ambigüedades y así asegurar un ejercicio de actividades que beneficie a todos los involucrados.
Fuente: ComexPerú
[1] Burgess, R., Hansen, M., Olken, B. A., Potapov, P., & Sieber, S. (2012). The political economy of deforestation in the tropics. The Quarterly journal of economics, 127(4), 1707-1754.
[2] Galarza, F., Kámiche Zegarra, J. N., & Gómez de Zea, R. (2023). Roads and deforestation: do local institutions matter?