Expertos participaron en la mesa redonda sobre Fiscalización en Seguridad y Medio Ambiente, en la que plantearon sus ideas y reflexiones en el marco de la Semana del Ingeniero de Minas. Aquí el resumen elaborado por ProActivo.
Francisco Yana, Dirección General de Minería
Diferenció tres temas: quienes son las autoridades competentes en la fiscalización minera, la fiscalización en la gran y mediana minería, y la fiscalización en la pequeña minería.
Recordó que la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que la Ley 29901 (Osinergmin), ratifica al ministerio de Trabajo (Mintra) como autoridad para fiscalizar la gran y mediana minería en seguridad y salud. “El ministerio de Energía y Minas es competente en políticas y normativas de seguridad.
Actualmente no tiene competencia en lo que es fiscalización con excepción en Lima metropolitana que hace fiscalizaciones en seguridad y medio ambiente (…) Osinergmin fiscaliza la seguridad de la infraestructura de toda la actividad minera”. Aclaró que los gobiernos regionales están a cargo de la pequeña minería y la artesanal.
Sin embargo, hizo notar un cruce de competencias. “El Mintra tiene la facultad para investigar los accidentes mortales y también puede ser derivado a Osinergmin si la causa es una falla de la infraestructura”, explicó.
Puso el siguiente ejemplo: “Si de un puente grúa cae un objeto y fallece un trabajador, le compete la pesquisa al Mintra, pero si hubo una deficiencia, tiene que intervenir Osinergmin”.
Consideró que las multas elevadas no son una solución, pues lo principal es que OEFA, Osinergmin y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral trabajen más en prevención, antes de aplicar sanciones.
Víctor Carlos Estrella, gerente de Fiscalización de Osinergmin
Aseguró que Osinergmin, fue invitado como miembro de una comisión multisectorial para tocar el tema de la minería artesanal informal. “Somos partícipes de este tema”.
Asimismo dijo que ya cuentan con recursos para intervenir en la pequeña minería, para lo cual tienen unos 50 millones de soles.
Para ello trabajan un plan estratégico (con ESAN), con criterios modernos, y convenios con Ingemmet para tener la base de datos de las coordenadas UTM y concesiones de minas de Perú. “Para tener una supervisión satelital, que necesitará cámaras en las plantas mineras y relaveras; y en los sistemas de ventilación tener avisos de alarma en caso de gaseamiento”, adelantó.
Anotó que Osinergmin visitará a las empresas mineras para advertirles, dar recomendaciones y plazos para que cumplan con las normas de seguridad, “si no lo hacen, se impondría la sanción respectiva”.
Cuestionó la falta de coordinación en la aplicación de multas entre Osinergmin, OEFA, el Mintra y ANA, sin acordar el porcentaje que les toca. “Son cosas por arreglar, porque si no los privados nos van a ganar en el Poder Judicial”, advirtió.
Refirió que este año se han propuesto fiscalizar entre 100 a 150 mineras, incluyendo las de exploración, cementeras y ciertos depósitos.
Carlos Cenzano, Dirección de Supervisión del OEFA
Resaltó que el cambio sustancial de fiscalización en seguridad y medio ambiente surge con la creación de Osinergmin en el 2007, el ministerio del Ambiente en el 2008 y el OEFA en el 2010.
“En el 2012 y 2013 dieron normas más precisas, como la Resolución del Consejo Directivo 045 que aprueba la tipificación y escala de sanciones por incumplimiento de límites máximos permisibles para actividades económicas, bajo competencia de OEFA, entre ellas la actividad minera y fija multas hasta 25.000 UIT, pero graduales”, detalló.
Fernando Borja, gerente del ISEM
Manifestó que el rol del Estado es legislar, promover y difundir las normas legales de fiscalización ambiental y seguridad, para que sea entendido.
“El Estado aún no tiene una metodología para legislar en este campo, por lo que la iniciativa del Minem de promover reuniones con empresas es valiosa, pues así recaba opiniones para decidir los alcances de una norma”, añadió.
Recordó que por ejemplo, en la elaboración de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no participó el Consejo Nacional del Trabajo.
“A la hora de legislar no hay coordinación entre las entidades del Estado, por lo que se superponen potestades. Así, cuando hay un incidente ambiental o de seguridad aparecen instituciones y dicen ‘es mi competencia, lo voy a multar’, y el pobre empresario no sabe a quién recibir”, denunció.
Carlos Guzmán, del Colegio de Ingenieros del Perú
Expresó que la vigente legislación ambiental y de seguridad es suficiente para fiscalizar la actividad minera energética, pero que se pueden dar mejoras.
Indicó que es necesaria la certificación de las competencias del personal, a través de las universidades y otros entes calificados.
También planteó elevar a los legisladores las recomendaciones desde el Capítulo de Minas. “Los legisladores pueden recibir con agrado esa contribución, pues carecen de un conocimiento cabal de la minería, seguridad, salud en el trabajo”.
ProActivo