A raíz del reciente anuncio del Gobierno peruano en el que reafirma su intención de incorporarse como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es importante conocer los avances hacia ese objetivo, así como cuantificar las diferencias con respecto a países como Colombia y Costa Rica, recientemente incorporados, y dar recomendaciones para acelerar este proceso.
La OCDE es el organismo conformado por países desarrollados que producen las dos terceras partes del PBI mundial y que, paulatinamente, ha ido admitiendo economías que se encuentran en el proceso de alcanzar dicho estatus.
Los principios de dicha organización son la democracia pluralista, el estado de derecho, los derechos humanos, mercados abiertos y transparentes y desarrollo sostenible. Ser miembro pleno permitirá adoptar directamente las buenas prácticas de dichos países para promover la competitividad y productividad.
Un poco de historia
El proceso de acercamiento de Perú a la OCDE se inició en el 2008, cuando el país se incorporó como miembro observador en su Comité de Inversiones y al año siguiente se adhirió a su Centro de Desarrollo.
En 2014, el presidente de la República señaló como objetivo nacional el lograr ser elegible como miembro de la Organización hacia el 2021.
Así, desde el 2015, Perú participa del instrumento “Programa país” que comprende la elaboración de recomendaciones de política por parte de la OCDE a través de diversos estudios, además de un listado de instrumentos legales a los que el país se iría adhiriendo gradualmente para mejorar el diseño de sus políticas públicas.
A inicios de 2020, el país presentó el Plan de trabajo de vinculación con la OCDE basado en los ejes temáticos “gobernanza”, “crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible”, y “desarrollo social y bienestar de la población”.
Lamentablemente la crisis de la COVID-19 demandó postergar las prioridades de largo plazo por las de corto plazo. No obstante, en agosto de ese año el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el país se había adherido a 45 de 248 instrumentos legales vigentes de la Organización.
Perú y sus pares
El diagnóstico y las estimaciones de la economía peruana en el 2015 señalaban una predominancia de la población urbana sobre la rural, así como de la población joven superior a la adulta.
En lo económico, se había tenido un importante ciclo expansivo, pero en los últimos años la tasa de crecimiento había disminuido a 2,4% en 2014 y 3,3% en 2015.
La clase media se había recuperado y alcanzaba el 37% de la población, además del importante incremento de los flujos de inversión extranjera directa (IED), colocándola como la quinta economía de la región con una IED de US$ 8.314 millones.
Aunque se advertía de las grandes brechas en infraestructura y presión tributaria en comparación a los niveles que ostentaban los últimos países en ingresar a la OCDE, especialmente Chile.
En materia de institucionalidad se daba cuenta de amplias brechas en los indicadores Control de la corrupción, Efectividad gubernamental, Estabilidad política y ausencia de violencia, Calidad regulatoria, Estado de derecho, Voz y rendición de cuentas.
De igual manera, en algunos indicadores de desarrollo social los avances no estaban a la altura de los estándares de la OCDE.
Tras cinco años de implementarse el Programa País, Perú retrocedió seis posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
En tanto, los gastos en capital humano fuente de innovación, avanzaron lentamente, registrando un incremento de US$ 21 en el gasto per cápita en educación y salud. Y en el caso de la innovación, Perú se ubicó en el puesto 70°, avanzando únicamente un puesto respecto al 2015 según el Reporte de Competitividad Global.
Por otro lado, pese a que la pandemia aumentó las situaciones de fragilidad, Costa Rica logró adherirse como miembro de la OCDE en plena crisis sanitaria, convirtiéndose en la cuarta economía latinoamericana después de México, Chile y Colombia.
Partiendo de estas dos últimas adhesiones, se ha seleccionado un bloque de indicadores en materia macroeconómica, instituciones y gobernabilidad, capital humano e innovación para cuantificar la distancia que tenemos respecto a ambos países.
Comparando brechas al 2020
Se encontró que, respecto a Colombia y Costa Rica, Perú está rezagado en 10 de los 18 indicadores analizados, siendo el rubro de capital humano en el que menos se ha avanzado.
Costa Rica es el país con mejor performance en la educación, ocupando el lugar 49° en el Examen Pisa 2018, cerca esta Colombia en la posición 58°. En tanto, Perú se ubica en el puesto 64°, problemática que influye directamente en la disponibilidad de profesionales.
Según el WEF, en el sub pilar de facilidad de encontrar trabajadores capacitados, Perú ocupa el puesto 114°, 87 puestos por debajo de Costa Rica y 55 posiciones por debajo de Colombia.
Respecto a las políticas a favor de la inversión, se identifica un segundo segmento con pocos logros. La pandemia continuó ampliando las brechas de inversión extranjera.
Tal es así que Perú redujo su IED a US$ 982 millones el 2020, es decir, la octava parte de la inversión extranjera que canalizó Colombia y la mitad de lo captado por Costa Rica.
Es importante señalar que el 15 de abril del 2021 se aprobó y publicó el convenio entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y ganancias de capital y la prevención de la evasión y elusión fiscales y su Protocolo.
Con este convenio, se busca atraer inversión extranjera solventando los problemas de doble imposición que puedan originarse como consecuencia del cobro de impuestos sobre la renta y ganancias al capital.
Finalmente, en Innovación es clara la diferencia que existe entre economías de Perú, Costa Rica y Colombia al momento de emprender. Costa Rica, recientemente incorporada, goza de políticas de apoyo a la innovación, colocándola en la ubicación 56° seguido de Colombia en 67° y Perú en la posición 70°.
Recomendaciones
El IEDEP ha sugerido insistentemente a lo largo de los años que las políticas públicas se orienten a mejorar la productividad-competitividad del país.
En ese sentido, no es coincidencia que las recomendaciones de la OCDE sean muy similares a las que expone el Foro Económico Mundial en las distintas ediciones de su Reporte Global de Competitividad.
En síntesis, el actual Gobierno debe apuntar a expandir la productividad del país, continuando lo ya avanzado en el Plan Nacional de Productividad y Competitividad (2019), el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (2019) y el Plan Estratégico Multisectorial de Inclusión Financiera (2021).
Asimismo, se requiere actualizar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuya vigencia culmina este año y se tienen aún muchas tareas pendientes.
Fuente: La Cámara (CCL)