Escribe: Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto.
Hay una creciente preocupación por el cambio climático a nivel mundial y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este contexto, la comunidad internacional ha establecido objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, que exigen una transición energética rápida y profunda. Similar a las tendencias globales, el Perú se encuentra en un proceso de transición con el objetivo de reducir las emisiones de GEI, mejorar la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Para ello, se han implementado diversas políticas y medidas para acelerar este proceso y otras más están en discusión en el Congreso.
La transición energética en el Perú enfrenta desafíos importantes para lograr un proceso exitoso y sostenible. Entre ellos destaca la necesidad de contar con un marco legal que establezca políticas equilibradas y adecuadas a la realidad de nuestro país. Esto implica que iniciativas legislativas orientadas a promover una transición a las energías renovables no convencionales tomen en cuenta el “trilema energético”: lograr un equilibrio entre competitividad, sostenibilidad ambiental y seguridad en el suministro. Lo anterior implica, claro está, considerar también en el análisis el impacto económico que cambios normativos podrían acarrear.
En este sentido, mediante una iniciativa se ha comisionado un estudio que cuantifique los costos de descarbonizar las fuentes de energía en el país. Para un horizonte de análisis hasta el 2030, se evaluó qué significaría desmantelar y sustituir el 40% de la capacidad de generación eléctrica a gas natural por generación renovable no convencional con el mismo nivel de confiabilidad. Asimismo, qué implicaría impulsar el reemplazo del consumo de GLP y gas natural por electricidad en el sector residencial; e impulsar la electrificación del transporte público. Y, finalmente, cuál sería el impacto fiscal en pérdidas de regalías de frenar el 40% de la producción de hidrocarburos en territorio nacional. La cuantificación de estos hipotéticos escenarios sirve para visibilizar los tradeoff que la sociedad peruana deberá enfrentar al impulsar políticas energéticas de transición a energías renovables no convencionales.
El costo de reemplazar el 40% de la capacidad de generación eléctrica a gas natural por fuentes renovables no convencionales con confiabilidad equivalente para el 2030 sería de S/ 16,551 millones (1.6% del PBI) y produciría una reducción anual de 4.7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (CO2eq), lo que representa al 2.1% del total nacional de emisiones de GEI. Por su parte, si el Gobierno buscara que el cambio en el costo de utilizar una cocina de GLP a una de inducción eléctrica para 7 millones de hogares fuera indiferente financieramente para estos hogares, necesitaría otorgar un subsidio de S/ 1,718 millones. Este cambio lograría una reducción anual de 2.2 millones de toneladas de CO2eq, el 1.1% del total de emisiones de GEI. Además, si el Gobierno fomentara que el cambio en el costo de pasar de una cocina de gas natural a una de inducción eléctrica para 1.8 millones de hogares peruanos no tuviera impacto en sus ingresos, tendría que otorgar un subsidio de S/ 4,601 millones. Esto lograría una reducción anual de 0.4 millones de toneladas de CO2eq, lo que representa el 0.2% del total nacional de GEI.
En el caso del transporte carretero de pasajeros, el valor presente neto del costo de propiedad de un bus de combustión interna (ICE) euro V y de un bus eléctrico tipo padrón de 12 metros para 80 pasajeros es de S/ 3.09 y S/ 2.79 millones, respectivamente. Esto implica un beneficio económico de S/ 300,000 a favor de un bus eléctrico frente a los buses a diésel. Además, cada bus eléctrico que sustituya uno ICE reduciría 2,871 toneladas de dióxido de carbono durante 16 años.
Por último, el costo fiscal esperado de un hipotético escenario que frene el 40% la producción de hidrocarburos al 2030 sería de S/ 4,305 millones en términos de las regalías dejadas de percibir por el fisco. Este estimado no incluye el impuesto a la renta ni la volatilidad del precio internacional de los hidrocarburos que son importados. Este escenario produciría una reducción anual de 4 millones de toneladas de CO2eq, equivalentes al 1.9% del total nacional de emisiones de GEI.
Otra estimación propia muestra que el costo fiscal que implicaría el desplazamiento de gas natural y líquidos de gas natural sería de US$ 424 millones (US$ 204 millones por gas natural y US$ 221 millones por líquidos de gas natural), equivalentes al 25% de las regalías recaudadas en el periodo 2023-2031. Es preciso recordar que, entre los años 2004 y 2023, el pago de regalías del Consorcio Camisea al Estado fue de S/ 45,000 millones, según Macroconsult. Además, se transfirió a los Gobiernos regionales y locales más de S/ 36,000 millones por canon y el Fondo de Camisea (FOCAM) generados por los lotes 88, 56 y 57. Hasta el 2023, el uso del gas natural habría logrado reducir las emisiones de GEI en 104 millones de toneladas de CO2eq., 21% menos en comparación a un escenario sin gas natural.
Los resultados del informe tienen como propósito contribuir en el proceso de transitar hacia una matriz energética baja en emisiones velando por la seguridad en el abastecimiento y aprovechando las ventajas de nuestro país de contar con fuentes energéticas relativamente limpias. Y, por supuesto, considerando los costos eventuales de una descarbonización acelerada.
Fuente: Gestión
