(Foto: GEC)
Un sigiloso megaoperativo se ejecutó ayer en simultáneo en las ciudades de Lima, Jauja y Huancayo. A pesar de la gran cantidad de miembros de la Fiscalía y la Policía de Lavado de Activos desplegados, todo se manejó con absoluta reserva. Y había razón. Los agentes estaban detrás de un sujeto de 45 años al que dirigentes de Perú Libre le desembolsaron S/40 mil para eliminar los rastros de sus actividades delictivas. Pero con lo que no contaba el actual partido de Gobierno es que el informático se quedó con una copia de los archivos.
Perú21 accedió al documento judicial en que se detalla que dos testigos protegidos fueron los que delataron a Juan Carlos Ocaña Cruz, quien cumplía el rol de “brazo tecnológico” dentro de la organización criminal enquistada en Perú Libre, y cuyo cabecilla es el propio Vladimir Cerrón.
De acuerdo con los testimonios, Ocaña Cruz, un especialista con conocimientos de informática, fue quien brindó sus “servicios de borrado, ocultamiento y/o eliminación de información y evidencias”, que estaban en los teléfonos y otros dispositivos de los miembros de Perú Libre.
La información que se apresuraron a eliminar es clave: “llamadas, audios, grabaciones, registros telefónicos, mensajes y conversaciones de WhatsApp”; es decir, toda prueba explícita y de primera mano que pueda dar cuenta de sus fechorías y de la impunidad, pues el tiempo les jugaba en contra.
Por su labor, el “brazo tecnológico” recibió un total de S/40 mil, dinero que —según la Fiscalía— vendría de la corrupción de Junín.
“Dicho origen ilícito era de conocimiento del investigado por cuanto este, al manejar y visualizar personalmente cada una de las evidencias (…) habría conocido detalladamente las conductas irregulares”, se lee en la resolución que autorizó los allanamientos.
Esta medida ejecutada desde la madrugada de ayer y que se prolongó hasta altas horas de la noche fue solicitada por el fiscal de Lavado de Activos Richard Rojas Gómez ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.
Fueron intervenidos diez inmuebles vinculados a Ocaña, sus familiares y la empresa FC Handycrafts Merchandising S.A.C., en donde figuró como apoderado.
El tiro por la culata
Un detalle en la declaración de los testigos protegidos ha encendido todas las alarmas y habría motivado la reserva del operativo. Según han relatado, Ocaña todavía tiene en su poder parte de esa información que la red delictiva pagó para desaparecer, y ha estado pidiendo dinero por ella.
Esta constaría desde el registro de llamadas hasta audios y conversaciones en las redes sociales, por lo que la Fiscalía cree que obra en su poder unos 800 archivos que vincularían a los miembros del partido con actos ilícitos, como el lavado de activos.
“El investigado habría estado realizando las coordinaciones respectivas para intentar vender dicha información, (y ha) permitido escuchar al posible comprador diversos audios, en calidad de muestra de la información y evidencias que posee a cambio de dinero y equipo informático”, se detalla puntualmente sobre ello en la resolución judicial.
Ante la urgencia de que la información relevante sea finalmente eliminada, el Poder Judicial declaró fundada la medida de allanamiento con fines de incautación.
“Se debe actuar con urgencia toda vez que el imputado es un especialista en informática y tecnologías que podría manipular la información contenida en los equipos a incautar”, advirtió el juez John Pillaca Valdez.
TENGA EN CUENTA:
Los inmuebles allanados ayer están vinculados incluso a familiares de Ocaña, como su hermano, hijos, su exesposa y su actual pareja.
Se buscaron dispositivos de almacenamiento y equipos electrónicos como celulares, tabletas, laptops, discos externos, entre otros.
Asimismo, todo aquel documento, objeto y/o cosa vinculadas a los aportes en el marco de las campañas políticas del partido Perú Libre desde 2008 a 2021.
Este diario intentó comunicarse con Ocaña Cruz, a uno de los números que reconoció como suyo. Sin embargo, las llamadas no fueron contestadas.
Fuente: Perú 21