Luis Miguel Castilla

Exministro de Economía mostró su rechazo a los permanentes ataques que vienen sufriendo las empresas mineras ante la pasividad del gobierno.

En el segundo día de la feria internacional minera Expomina Perú 2022, reconocidos especialistas vinculados a la industria minera analizaron la coyuntura actual del país y compartieron alternativas para abordar los conflictos sociales, uno de los factores sensibles que retraen las inversiones mineras.

En los últimos días, el Instituto Fraser dio a conocer que el Perú se posiciona en el puesto 42° de los 84 países más atractivos para invertir en minería, registrándose una caída de ocho puntos con respecto al último año.

En ese sentido, el expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Rómulo Mucho, sostuvo que esto se debe principalmente a la crisis en la que se encuentra sumergido el país a causa de la inestabilidad política y la poca capacidad de resolución de conflictos por parte del gobierno.

“Quién va a querer invertir en un país en donde el propio presidente se muestra en contra de la inversión privada. Él mismo lo dijo, desde su campaña, como parte de su plan de gobierno”, refirió Rómulo Mucho.

Asimismo, el exviceministro de Minas afirmó que al menos 22 de los 24 gobernadores regionales mantienen procesos por corrupción, lo cual se traduce en posibles malos manejos de los recursos destinados a las comunidades aledañas a las zonas mineras.

“Las empresas mineras están haciendo las cosas correctamente, cumplen con los aportes conforme a Ley, es el Estado el que no cumple con el pueblo”, remarcó.

Ante ello, estima de suma importancia realizar una restructuración desde los ministerios, gobiernos regionales y locales, de la mano del gobierno, a fin de atender más de cerca las necesidades de los pueblos que han permanecido desatendidos por décadas.

Como se ha dado a conocer en las últimas semanas, los enfrentamientos entre las comunidades y las principales empresas mineras del país continúan, resultando insuficiente la participación del Estado para la solución de conflictos.

Por su parte, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, tomando como ejemplo las recientes paralizaciones sufridas por minas como Las Bambas y Cuajone, consideró que las compañías mineras no deberían participar de una mesa de diálogo, mientras que el Poder Ejecutivo no garantice las condiciones para establecer acuerdos.

“Las mineras no deberían conciliar con una pistola en la cabeza. Las comunidades bloquean las carreteras, hacen que se paralicen las operaciones. Exigen a la empresa y al gobierno. La empresa se encuentra en desventaja”, remarcó.

En representación de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, rechazó tajantemente cualquier acto que atente contra la integridad de los pobladores, refiriéndose al reciente desalojo de los comuneros que invadieron la propiedad de Las Bambas por casi dos semanas.

“Debemos ver el final del conflicto como una victoria social, no todo debe limitarse al ámbito económico. Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos promoviendo espacios de diálogo, siempre del lado de las comunidades, para beneficio, crecimiento y fortalecimiento de las zonas más pobres”.

Finalmente, Oscar Díaz, presidente ejecutivo de Viceversa Consulting, moderador del Foro de Desarrollo Social y Ambiental, concluyó, con palabras del activista Nelson Mandela que “la paz no es simplemente la ausencia de conflictos; la paz es la creación de un entorno en el que todos podamos prosperar”, destacando así la importancia de trabajar tanto el Estado, las instituciones privadas y las comunidades con el propósito de hacer de nuestro país un lugar sostenible para todos.

Fuente: IIMP