En el marco de MINPRO 2025, evento que reunió a empresas mineras y proveedores estratégicos en el Centro de Convenciones de Lima los días 24 y 25 de junio, Luis Miguel Incháustegui, quién participó en el foro técnico-social “Formalización minera, desarrollo territorial y cierre de brechas sociales”, compartió con ProActivo sus reflexiones sobre la minería artesanal, los retos del combate a la ilegalidad y el rol del Estado en la implementación de soluciones eficaces.
En una entrevista exclusiva, Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, destacó la importancia de mejorar los mecanismos de fiscalización del Estado, en especial mediante la propuesta de interoperabilidad impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
“Lo que busca este sistema es detectar y fiscalizar cómo se transportan los insumos, cómo se transporta el mineral y poder identificar cuándo los insumos no son comprados legalmente o cuando el mineral no cuenta con una certificación que acredite su extracción en una mina formal, ya sea artesanal o mediana”, explicó.
Según detalló, este sistema de interoperabilidad incluiría la participación de entidades clave como SUNAT, SUCAMEC, el MINEM y el Ministerio del Ambiente, que en conjunto podrían monitorear y controlar los flujos de materiales que suelen terminar en operaciones ilegales.
“Realmente, si este sistema se aplica, va a poder controlar estos flujos de los proveedores e insumos que lamentablemente se usan en la actividad ilegal”, afirmó.
Además, Incháustegui remarcó que una estrategia efectiva debe ir más allá de la tecnología: “Lo que tiene que haber, en mi opinión, es un diálogo multiactor con todas las asociaciones, con el gobierno, con el Congreso, y definir claramente cómo mejorar una ley MAPE que sea realmente técnicamente viable”.
Para Incháustegui, enfrentar la minería ilegal requiere más que fiscalización: se necesita un compromiso real del Estado para articular esfuerzos técnicos, institucionales y sociales de forma sostenida.
