- La minera canadiense venció al Estado peruano en el CIADI por el caso Invicta. El fallo sienta un precedente sobre seguridad jurídica, gestión de conflictos y protección de capital extranjero en la minería.
Las acciones de Lupaka Gold experimentaron un repunte histórico tras conocerse el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que obliga al Estado peruano a pagar 65 millones de dólares a la minera canadiense. El veredicto, emitido esta semana, representa el cierre de una disputa iniciada en 2020 y con orígenes aún más lejanos: el conflicto social que paralizó el proyecto aurífero Invicta en octubre de 2018.
El origen del arbitraje está vinculado al bloqueo del acceso al proyecto por parte de la comunidad de Parán, en la región Lima. Según Lupaka, esta acción —calificada de ilegal— impidió el desarrollo normal de las operaciones, afectó su flujo de caja y, eventualmente, la llevó a perder el control del proyecto. En 2020, la minera recurrió al CIADI con el argumento de que el Estado peruano no protegió su inversión y respaldó tácitamente el bloqueo, en violación del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
El tribunal arbitral otorgó ahora una compensación de 65 millones de dólares a favor de la empresa, lo que representa un reconocimiento parcial de la demanda inicial, que ascendía a más de 100 millones. Aunque el fallo es firme, su ejecución dependerá de los mecanismos legales y diplomáticos en curso. Perú aún podría presentar apelaciones o buscar postergar el pago mediante recursos formales.
Impacto financiero y mensaje geopolítico
Tras la decisión, las acciones de Lupaka escalaron a sus niveles más altos desde junio de 2022. La expectativa del pago no solo fortalece su posición financiera, sino que podría reactivar planes de expansión tanto en Perú como en Canadá. A largo plazo, este fallo podría reconfigurar el mapa de riesgo-país para inversionistas mineros en la región.
Más allá del efecto inmediato sobre Lupaka, la decisión envía una señal potente al ecosistema internacional de inversiones: los marcos jurídicos de protección siguen siendo fundamentales en entornos de alta conflictividad social. En Perú, donde los conflictos socioambientales vinculados a la minería son frecuentes, este arbitraje podría tener implicancias en futuras estrategias de gestión comunitaria y relación con el Estado.
Lecciones para el sector extractivo
El laudo del CIADI subraya la necesidad de marcos de gobernanza sólidos, consultas previas eficaces y mecanismos de resolución de conflictos que eviten paralizaciones. También refuerza la importancia de los tratados bilaterales como salvaguardas ante decisiones locales que pueden desincentivar la inversión.
En el caso concreto de Invicta, el precedente sienta una advertencia a gobiernos y comunidades sobre los costos legales y económicos de los bloqueos prolongados. Al mismo tiempo, impulsa una discusión sobre la necesidad de garantizar tanto la licencia social como la estabilidad jurídica para atraer capital en proyectos de largo aliento.
El proceso aún no ha terminado, pero el mensaje es claro: el arbitraje internacional sigue siendo una herramienta eficaz para proteger inversiones en sectores estratégicos, especialmente en contextos donde la tensión entre desarrollo económico y conflicto social permanece latente.