El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú asegura que de los 184 conflictos detectados hasta octubre, el 30% surge por defender del agua.
De los 184 conflictos sociales detectados a octubre de este año en el país, el 43% se ubica en la macrorregión del sur, que a su vez es la zona con la mayor cartera de proyectos mineros (22) valorizados en US$ 27.807 millones.
Así lo revela el último Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Dicho informe también alerta de que el número de conflictos se incrementaron en 11 desde mayo último. El principal motivo sería por la defensa del recurso hídrico, así como por incumplimientos de compromisos, entre otros.
“Existe una tendencia al alza de conflictividad vinculada a la minería, y muchas de ellas han estado presentes a lo largo del año como Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) o Quellaveco (Moquegua)”, explica David Velazco, director de la organización Fedepaz.
Señala que del total de conflictos, el 30% tiene que ver con recursos hídricos.
Por ejemplo, en Áncash, la región que lidera el ranking de conflictividad social, el 44% de proyectos mineros estarían afectando el agua, según el Observatorio. En tanto, en Moquegua, con Quellaveco, la población de Tumilaca pidió la paralización del proyecto de cobre ante la posible contaminación del río Asana.
Concesiones mineras
Según el Observatorio, a la fecha, el 14,2% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras. Y aunque ello no signifique que en el futuro sean explotadas, sí compite con el derecho al territorio de comunidades indígenas o nativas.
Ante ello, las organizaciones como Grufides e IDL proponen que la nueva ley de minería contemple “con urgencia” una política de ordenamiento territorial, que también proteja zonas arqueológicas. Al respecto, se alertó de que la concesión minera otorgada a Alto Cooper en Marcansaya (Apurímac) afectaría una zona arqueológica.
Sobre nueva ley de minería
- El Gobierno accedió a actualizar la Ley General de Minería. Una comisión de alto nivel enviará propuestas a mediados de enero para actualizar la norma.
- Organizaciones piden que se incluya la consulta previa en la etapa de concesión minera así como mejor acceso a la información.
Fuente: La República