(Foto: Madre de Dios)
Las organizaciones criminales dedicadas a la explotación ilícita del codiciado mineral aprovecharon la pandemia, y la reducción de las fuerzas del orden en la zona, para retornar con nuevas tecnologías y mejores capacidades en perjuicio de las zonas protegidas de Tambopata.
Entre los kilómetros 95 y 117 de la margen izquierda de la Carretera Interoceánica, hasta el límite con el río Malinowski, La Pampa sigue creciendo de manera descontrolada y depredando la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
Su extensión exacta y la cantidad de mineros ilegales que explotan el lugar no son conocidas y ninguna autoridad en el lugar se atreve a calcularlas.
Son las concesiones forestales las más perjudicadas por la extracción ilícita de oro.
En un anterior reportaje investigativo, La República informó sobre Nueva Arequipa, que es una zona diferente de La Pampa, pero se complementan porque en ambos lugares el crimen organizado se ha establecido a sangre y fuego.
Ya sea por invasión, o en común acuerdo con los dueños de las concesiones a los que el Gobierno les ha confiado tierras para su conservación, los mineros ilegales arrasan con el bosque.
Para la construcción de una poza en la que luego colocarán sus balsas y motores que les permita extraer oro, talan árboles y remueven tierra. No les importa nada.
Tierra amenazada
Cuando los mineros fuera de la ley invaden las concesiones forestales, lo hacen con el apoyo de la “seguridad”, un grupo de hombres de malvivir que amenaza a los dueños de las concesiones. Si estos se le oponen, los matan a balazos, como ocurrió en el reciente caso de Juan Fernández Hanco, asesinado el domingo 20 de marzo en una zona cercana, Nueva Arequipa.
Para los que aceptan el ingreso de los mineros a sus concesiones, el beneficio es que el minero entregue como ‘’regalía’’ al dueño de la concesión “un alce” a la semana por motor. Es decir, lo equivalente a un día de extracción de oro por semana.
Un motor puede extraer al día entre 20 y 50 gramos de oro y una sola poza bien puede albergar tanto dos motores como 20. Un ingreso nada despreciable si se considera que el gramo de oro está cotizado a 210 soles y el dueño de la concesión forestal solo debe dejarlos trabajar.
El fiscal encargado del Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Carlos Alberto Chirre, explicó cómo ha evolucionado la minería ilegal para protegerse de los operativos en La Pampa.
“El gran problema que tenemos es que en La Pampa los mineros ilegales están evolucionando. Las máquinas están proliferando, como en la zona conocida como Mangote, donde los mineros ilegales han adaptado un aparato a la balsa para que cuando entremos a golpear, lo único que hacen es jalar una especie de tabla y fondear los motores con la finalidad de que no caigan dentro de los pozos y así impedir nuestro trabajo de interdicción. Porque las autoridades ordenan la destrucción de los motores y balsas y eso no se puede hacer cuando están dentro del agua”, explicó el fiscal Chirre a La República.
Esta especie de evolución de los mineros ilegales se ha dado con el inicio de los operativos helitransportados. Anteriormente, las autoridades ingresaban al lugar por tierra, lo que llevó a los ilegales a contar con los famosos “campanas”. La misión de estos personajes es vigilar las rutas y alertar del ingreso de las autoridades. Con el soplo, los mineros ilegales tienen el tiempo suficiente para esconder los motores y escapar. Pero eso cambió con las operaciones helitransportadas.
“No se puede ordenar al personal a sacar el motor a flote porque puede traer problemas. Se trata de pozas con una profundidad de 10 a 15 metros, y el personal al intentar sacarlas corre peligro, puede ahogarse”, explicó el fiscal Chirre.
Las operaciones en las que participa la Policía Nacional, el Ejército y la Marina de Guerra, con la presencia de un representante del Ministerio Público, se culmina con la destrucción de las balsas. Cada balsa está valorizada en 90.000 soles. Lo más valioso de la balsa es el motor que los mineros intentan salvar fondeándolo en las pozas.
Hundir el motor con el que extraen el oro en el interior de las pozas es mucho más conveniente para los mineros ilegales, ya que un motor nuevo, dependiendo del caballaje, puede llegar a costar entre 40.000 y 60.000 soles. Esto significa más del 60 % de la inversión en la maquinaria para extraer oro.
Los motores fondeados luego son extraídos y llevados a una especie de gran mercado que se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 108 de la Carretera Interoceánica. En ese lugar existe un gran comercio donde venden de todo para minería y servicios de reparación de motores, que en un par de horas los dejan listos para seguir extrayendo ilícitamente oro.
Lenta justicia
En ese lugar también se ofrece a vista de todos, desde alimentos y servicios básicos, como telefonía, peluquería, venta de licor, hasta transferencias bancarias de todas las entidades financieras. Y a partir de las 9 p.m. se abren los bares y la oferta de compañía femenina.
De acuerdo con la policía del lugar, es tan grande la afluencia de mineros ilegales a la zona de bares y prostitutas en el kilómetro 108 de la Carretera Interoceánica, que origina casi a diario accidentes vehiculares durante la madrugada debido al consumo de alcohol.
Otro problema en la lucha contra la minería ilegal es la poca capacidad de detener a los sospechosos en el marco de la pandemia.
Los mineros ilegales que son detenidos por la policía durante los operativos en pleno acto ilícito, para quienes el Ministerio Público solicita prisión preventiva, no son encerrados a pesar de que los detenidos no logran demostrar el arraigo ni entregan información de domicilio o trabajo conocido.
Contra ellos, el Poder Judicial solo dicta comparecencia con restricciones fundamentado que las cárceles no deben ser sobrecargadas para evitar el contagio de COVID-19.
Esto lleva a que después estas personas detenidas en flagrancia de actividad ilícita no concurran a juicio, y en muchos casos, debido a los datos poco exactos que entregan de su ubicación, tampoco puedan ser notificados.
Para el presidente del Comité de Gestión de la Reserva de Tambopata, Víctor Zambrano Gonzales, el tema de que La Pampa cada vez sea más depredada se debe a las decisiones a medias que toma el Estado. La indefinición favorece a las mafias.
‘’La inestabilidad en la permanencia de las autoridades que encabezan la lucha contra la depredación favorece las organizaciones criminales. Uno está coordinando con las autoridades y de pronto ya no está y esto significa que no haya un seguimiento de lo que pasa y no se avance. Hay un Plan Restauración, pero se limita a solo acciones puntuales, que busca cifras y no a desaparecer la minería ilegal ni los delitos que se relacionan con ella. Hay capturas, hay operativos, pero la minería ilegal sigue igual, no se cumple el objetivo de desaparecerla”, expresó Zambrano.
“No tenemos cifras exactas sobre la cantidad de mineros ilegales en La Pampa, pero se estimó que en el 2019 existían unos 40.000 ilegales metidos. No se sabe más. En un principio, en 2019, el Plan Mercurio funcionó, pero a inicios del 2020 llegó la pandemia y todas las fuerzas destinadas para el proceso se replegaron a Puerto Maldonado y quedó libre para que volvieran a ingresar’’, añadió.
De acuerdo con Zambrano, se estima que con el Plan Mercurio se logró desalojar hasta el 80% de los mineros ilegales que invadieron sectores más lejanos, hacia Cusco, Loreto y Pucallpa, en algunos casos, pero ahora han regresado.
La Pampa ha sido recuperada por las mafias.
Se requiere ampliar la acción de la Marina de Guerra
En La Pampa, la Marina de Guerra tiene campo de acción en la cuenca del río Madre de Dios, que comprende los ríos Madre de Dios, Tambopata, Malinowski, Inambari y Las Piedras. Sus patrullas cubren 4.100 km de ríos navegables y destruyen las dragas que encuentran a su paso con la orden del Ministerio Público.
“Procedemos a la destrucción del material con el visto bueno del Ministerio Público, señaló el capitán de Navío, Manuel de la Haza Fuentes, a cargo de la Capitanía de Puerto de Madre de Dios.
‘’Luego de desalojarlos, realizamos constantes patrullajes y ponemos una base móvil cerca par evitar que vuelvan a ingresar”, explicó el jefe de la Capitanía de Puerto de Madre de Dios.
Con el fin de tener una mayor participación en la lucha contra la minería ilegal que les permita ir más allá del apoyo en los ríos, la Marina de Guerra ha propuesto que se le permita intervenir en operaciones en tierra firme. De esta manera, conseguirían mayor eficacia contra las mafias.
Fuente: La República