La puesta en marcha de Quellaveco, el proyecto minero más importante de los últimos años en Perú, se ve amenazada desde hace algunos días con la decisión del gobierno de revaluar una autorización para utilizar agua de los ríos Vizcachas y Titire, otorgada a fines de agosto de 2022, y que traería consecuencias para la economía del país.
Este proyecto minero Quellaveco representa una inversión de más de USD 5,500 millones y tendrá una producción de 300,000 toneladas anuales en sus primeros 10 años, una cifra que generaría grandes beneficios para nuestro país. En julio pasado, inició la producción piloto de concentrado de cobre.
Si se paraliza el proyecto Quellaveco una de estas graves consecuencias sería la contracción del Producto Bruto Interno nacional de 3% a 2.7%, ya que este emprendimiento representa el 0.3% del crecimiento económico para este 2022, como estimó el Banco Central de Reserva (BCR), el último fin de semana en la presentación del Programa Monetario de Octubre 2022.
En el caso específico del sector minero, este emprendimiento minero, propiedad de Anglo American (60%) y Mitsubishi Corp (40%), aportaría significativamente al crecimiento del PBI minero, el cual se aceleraría de 1.6% en 2022 a 8.4% en 2023, según el BCR.
En dicho crecimiento, solo Quellaveco podría aportar 5.2 puntos porcentuales, siendo complementado por 1.6 puntos porcentuales correspondientes a otros proyectos como la normalización de Las Bambas y Cuajone, y el incremento de volúmenes de Mina Justa y Ampliación Toromocho.
Es decir, Quellaveco estaría aportando el 75% del mayor crecimiento del PBI minero. Además, esta mina podría incrementar la recaudación fiscal hasta en S/ 500 millones por año, monto que equivale al presupuesto de inversión pública de Moquegua, región donde se ubica dicho proyecto.
Contradicciones del gobierno
A pesar de los discursos de respaldo a las inversiones mineras del primer ministro Aníbal Torres en PERUMIN y su reciente pronunciamiento sobre que el gobierno no se refirió a cancelar las licencias a Quellaveco, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se pronunció indicando que se evaluará la licencia de uso de agua para la mina en cuestión.
Diversos especialistas coinciden que esta situación representa un retroceso que genera desconfianza a los inversionistas, dado que se revisará un permiso de agua ya concedido. Para la obtención de dicho permiso, la empresa minera tuvo que cumplir con el debido proceso y requisitos establecidos por la misma ANA, y demostró que no habrá contaminación al recurso hídrico, así como también obtuvo permisos previos, como el de disponibilidad hídrica y el de inicio de obras hidráulicas.
Cabe agregar que la minera Anglo American, propietaria de la operación, informó que el 80% de agua a utilizar provendrá del río Titire, un afluente con alto contenido natural de arsénico y boro, no apto para consumo humano ni para la agricultura.
Así lo hizo saber Adolfo Heeren, CEO de Anglo American Perú, en una entrevista para PERUMIN 35, en la que afirmó: “utilizaremos agua que no es apta para el consumo humano o agrícola y compartiremos agua de nuestra presa Vizcachas con la población moqueguana. Este enfoque de valor compartido se complementa con otras iniciativas en infraestructura, que permitirán a la población y a la agricultura moqueguana optimizarse y fortalecerse”.
Por ello, en una mirada general y a detalle por parte de los especialistas del sector, coinciden en que no existen fundamentos técnicos para revisar dicha licencia, sino que esta situación responde a motivaciones políticas realmente preocupantes.
Fuente: IIMP