El MEF considera que aprobación de reglamento de la Ley N° 30737 fija el escenario de predictibilidad que necesitaban los bancos para poder hacer préstamos a estas empresas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que en el segundo semestre se vea un mayor impacto del reglamento de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano por parte de las empresas investigadas por casos de corrupción y delitos conexos.

Explicó que el reglamento fija un escenario de predictibilidad que necesitaban los bancos para poder hacer préstamos a estas empresas que afrontan investigaciones por casos de corrupción.

“El impacto va a ser bastante rápido. No hay una bola de cristal para saber si hoy le están dando préstamos o garantías (a las empresas) pero hay casos de empresas que ya venían siendo consideradas o contactadas para grandes proyectos de inversión, como los mineros”, indicó.

El reglamento de la Ley N° 30737 permitirá que las empresas constructoras que están siendo investigadas, por ser socias de Odebrecht o ser parte del Club de la Construcción podrán empezar a trabajar.

“Hay muchos proyectos que están básicamente parados porque no tenían esta parte de la cadena de pagos funcionando y en el segundo semestre estaremos a toda máquina”, enfatizó.

Según cifras del MEF, existen más de 250 proyectos de inversión a nivel nacional se vieron afectados por este problema que afrontar las empresas constructoras involucradas en casos de corrupción.

Esto comprometía a más de 50,000 empleos directos, considerando a las constructoras más grandes del Perú. En total se calculaba un total de 250,000 trabajadores que podrían verse afectados, entre directos e indirectos.

Asimismo, los proyectos identificados como paralizados por la situación de las constructoras suman un monto de S/ 30,000 millones.

Con esta norma se espera darle mayor dinamismo a las obras de reconstrucción del norte peruano, y la construcción de proyectos mineros como Mina Justa valorizada en US$ 1,600 millones, la ampliación de Toromocho de US$ 1,200 millones y la mina de Quellaveco de US$ 4,500 millones.

Fuente: Gestión