Por: Eduardo Ramos, Socio en MOAR Abogados
El Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia Nº 023-2022, cuyo objeto es: (1) el aseguramiento de la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional y (2) mantener la continuidad de las operaciones Petroperú.
Las Medidas del DU: (1) Aporte de capital a Petroperú de 4,000 millones de soles, cuyo financiamiento viene del Tesoro Público (pagamos todos los contribuyentes) y que lleva a la emisión de nuevas acciones que quedarán en custodia del Minem; y, (2) Financiamiento por 500 millones de dólares para respaldar las líneas de crédito para las importaciones de crudo, que se suma a los 750 millones de dólares ya otorgados.
Plan de Fortalecimiento: Aunque no existe una hoja de ruta con indicadores de cumplimiento más precisos, se establece como contrapartida que: (1) Al 31/07/2023: Presentar un plan de reestructuración, elaborado por una consultora internacional, con el objeto de reforzar la gobernanza y la sostenibilidad financiera y de las operaciones; y, (2) A 30 días hábiles: Presentar un compromiso con, entre otras, las siguientes acciones: (A) Modificación de estatuto y otros instrumentos societarios; (B) Reorganización administrativa; y, (C) Valorización de la empresa y acciones preparatorias para una oferta pública de acciones.
La Fundamentación: En los considerandos se indica que las causas que justifican el DU son los siguientes factores exógenos: (1) cierres intempestivos de puertos y (2) la pérdida de grado de inversión de PetroPerú. Llama fuertemente la atención esta fundamentación porque si el problema fueran el cierro de puertos, ello habría afectado a todas las empresas e incluso la importación de GLP (que no tiene alerta de desabastecimiento). De otro lado, conforme a los propios informes de calificación, el downgrade de Petroperú fue muy endógeno (alto nivel de endeudamiento, la demora en la validación de los EEFF, aspectos de mala gestión o decisiones reconocidos por el mismo Petroperú en un comunicado). Otro argumento que no resiste menor discusión es el hecho de que los problemas en la descarga se deben a la “negativa de los proveedores” (si no les pagan o garantizan el pago ¿?).
Este rescate lo pagaremos los contribuyentes y, hasta ahora, no sabemos si será suficiente o se vendrán nuevos rescates. La factura podría pasar a las siguientes generaciones al no abordarse soluciones al fondo del problema para determinar las causas del downgrade y los acciones a seguir.
Así, se pone en debate (i) si estamos ante un caso de una aplicación correcta de una política de “too big to fail” (que justifica pagar por el rescate de grandes empresas o empresas estratégicas cuya caída ocasiona afectaciones a la economía general) o (ii) si es que debe pensarse en una privatización ordenada de Petroperú, que mejore las
condiciones de competitividad del sector y la garantía de suministro de combustibles a nivel nacional.
¿Qué opinan?