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Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitiera el pedido de varias ONG que defienden los intereses antimineros en Cajamarca para impedir la reanudación de las actividades del proyecto Conga, el sector empresarial consideró que este pronunciamiento configura una importante señal para la continuación de la actividad extractiva en la zona, a pesar de la resistencia de grupos violentos.

El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) José Miguel Morales Dasso sostuvo que “con esto (anuncio de la CIDH) obviamente el Gobierno tiene mayor fuerza para que se cumplan las autorizaciones”.

Si bien la CIDH no dispuso la suspensión del proyecto Conga, sí emitió una cautelar para que se salvaguarde la integridad de los que protestan.

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“Yo creo que lo que ha hecho la comisión es ratificar que las adjudicaciones que se le han dado al proyecto Conga son válidas; entonces, no vemos razón alguna para que haya oposición de nadie. Ya no solamente son las instituciones peruanas, sino es la CIDH”, expresó a Perú21.

Sobre la resistencia que desde el 2011 está presente en Cajamarca, Morales Dasso dijo que “es claro que lo único malo que tiene (el proyecto) son los grupos políticos que quieren hacer daño, nada más. Y el daño ya se lo han hecho a Cajamarca”.

“El sector minero, no solo en Cajamarca sino en todas partes, está dispuesto a invertir si es que lo dejan invertir; entonces, con esta resolución realmente se aclara el panorama. Ojalá que ya no haya más oposiciones”, concluyó el empresario.

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EN DESACUERDO
En tanto, el presidente regional de Cajamarca (hoy con licencia), Gregorio Santos, se mostró en contra del pronunciamiento de la CIDH.

“Conga es inviable, mucho más cuando se advierte vulneración de derechos humanos. ¿Y desde cuándo la CIDH puede declarar viable o inviable cualquier proyecto minero?”, tuiteó.

DATOS

– En 2012, varias ONG presentaron una demanda para cancelar las licencias de Conga.

– El proyecto minero Conga está paralizado desde noviembre del 2011, tras las protestas de los pobladores antimineros de la región Cajamarca, que rechazan el proyecto por temor a que se contaminen sus fuentes de agua.

Perú21