Pese a las críticas de diversos sectores el ministro Miguel Incháustegui aseguró que no habrá impacto en la industria ni en los pequeños usuarios debido a modificaciones en la regulación del mercado eléctrico. También adelantó que para fin de año estaría listo el reglamento para la exploración de uranio. Asimismo, el funcionario indicó que hay un grupo de proyectos mineros listos para 2022, como Pampa de Pongo y Zafranal, y que no cree que los cambios que se avecinan en el sector eléctrico, que son cuestionados por empresas generadoras de energías renovables, vayan a originar un aumento de las tarifas de electricidad para hogares y empresas.
¿Cómo avanzan los proyectos emblemáticos mineros? ¿Cómo les va a Quellaveco y Mina Justa?
En el caso puntual de los proyectos, sabemos que Quellaveco todavía no está al nivel previo a la pandemia. Está (funcionando) con entre un 40% y 50% del personal. Y en el caso de Mina Justa, están llegando a un 80% del personal de su operación en construcción, pero todo apunta a que para fin de año estos dos proyectos y el de Chinalco (Ampliación de Toromocho) van a lograr un 100% de operatividad en las inversiones. Eso es a lo que ellos apuntan al mes de diciembre.
Se critica que para 2021 no haya nuevos proyectos mineros, salvo los que ya están en marcha, como Quellaveco. ¿Nos puede asegurar que Corani y San Gabriel van a ser puestos en marcha y si va a haber nuevos proyectos que puedan ser comprometidos?
Sí, claro. Tenemos una cartera de proyectos, de acá al 2028, de US$52,000 millones de inversión. Pero todos estos proyectos tienen que encontrar viabilidad financiera y viabilidad social. Los que he mencionado (previamente) son los que proyectamos al 2021, pero tenemos más para los próximos años. Por ejemplo, para 2022 se perfilan Pampa de Pongo, Integración Coroccohuayco, Magistral, Los Chancas, la Ampliación de Pachapaqui y Zafranal.
¿Cómo ve el futuro de Tía María durante su gestión?
Creemos que Southern ha hecho mucha colaboración en el Valle del Tambo en esta situación y la población lo está apreciando. Lo que corresponde ahí es que la empresa promueva reuniones con las autoridades y los dirigentes, y si esas reuniones se generan en un ambiente positivo y de ahí se establecen ciertos compromisos para el desarrollo, puede ser un plan de desarrollo territorial o reconstruir la confianza, creo que sí va a poder avanzar el proyecto.
¿Y no han pensado que el Minem podría tener un rol más proactivo y asumir ese papel como articulador?
Justamente nosotros estamos no solo con la intención de promover proyectos como Tía María, sino todos en el país, y por eso estamos estableciendo los comités de gestión minero energéticos. Vamos a establecer uno en Arequipa (…). Lo que quería resaltar es que este es un esfuerzo de todos los actores y la empresa también tiene que hacer su parte y tener una relación permanente con las autoridades y comunidades.
¿Cuál es el potencial real que ven en el litio en el Perú?
En el caso del proyecto que hay en Puno, lo vemos con optimismo, pero estamos a la espera de que la empresa presente su permiso para que sea evaluado. Actualmente, la empresa no ha presentado ningún permiso ambiental para el inicio de la operación. Lo que estamos haciendo es una adecuación (del marco legal) del uranio, porque el litio está muy cerca a yacimientos de uranio y es bien delicado. Tiene que haber una nueva reglamentación para la exploración de uranio. Eso lo estamos trabajando y probablemente lo tengamos listo para fin de año.
Se plantea un cambio en la regulación en el sector eléctrico y ustedes se han allanado a una disposición de la Corte Suprema que apunta a ello. ¿Cuál es la posición del Minem al respecto?
Como sector de Energía y Minas, ya veníamos trabajando una adecuación del sector a las nuevas tendencias en el mundo y queremos mejorar las normas del sector para los próximos 10 a 15 años. Se creó una comisión para la mejora del sector eléctrico. Esta va a seguir sus trabajos y desde el año pasado se instaló, pero ha habido una sentencia que ha determinado que se tiene que mejorar y definir el proceso. La sentencia la estamos ejecutando y hemos emitido un proyecto de decreto supremo. Ya ha pasado el plazo de la prepublicación. Hemos recibido 17 sugerencias de personas naturales y empresas, y lo más probable es que esta semana emitamos el decreto supremo.
Hay actores del sector que critican esto (el cambio en la regulación) y temen una alza de tarifas. ¿Ustedes no creen que esto pueda afectar a la industria y también a los pequeños usuarios?
No va a haber un impacto. El servicio público no se va a ver afectado porque ya hay una definición de las tarifas hasta 2025. Y justamente lo que vamos a definir en la ejecución de la sentencia es que esto sea revisado y elaborado por el COES y aprobado por el Osinergmin.
Hay contratos que definen las tarifas en el caso de los clientes regulados (hogares). Pero en el caso de los clientes libres, como empresas grandes, ¿no hay riesgo de que en los nuevos contratos se vea un aumento de tarifas?
No, creo que no. Eso está claro. Por ejemplo, en los clientes libres hay contratos a largo plazo y los precios son competitivos. Para el sector minero, los precios que tienen los clientes libres, que son las mineras, son los mejores de la región. Y se va a ver una evolución en el tiempo.
¿No hay el riesgo de que algunas empresas de energías renovables salgan del mercado?
No, lo que va a hacer esta ejecución de la sentencia es definir bien lo que se va a hacer en los próximos años y la idea es que en el caso de las energías renovables, que ya tienen una participación, esto se maneje de la mejor forma y sea más competitivo. Adicionalmente, existe una comisión de reforma del sistema eléctrico del país. En esta no solo se va a incluir el tema de esta coyuntura, sino (lo que se hará) los próximos 10 a 15 años.
¿Cuándo la comisión tendría un informe sobre la reforma?
La comisión viene trabajando temas de corto y mediano plazo. Y los temas de corto plazo, creo que van a poder salir aproximadamente en febrero o marzo del próximo año.
Datos:
-“Tenemos el proyecto San Gabriel, Yanacocha Sulfuros, Corani, la Optimización de Inmculada, los Relaves de Marcona, que se calculan que para 2021 sean de una inversión de US$3,320 millones adicionales. Esto se traduce en inversión, fuentes de trabajo”.
-“En Quellaveco ha habido una reducción (de operaciones) debido a la pandemia, pero dependiendo de cómo vaya la adecuación van a tener una fecha cierta de cuándo acaba el proyecto en los próximos meses del siguiente año”.
Fuente: Perú 21