ProActivo | El ejecutivo prepara una política orientada a evitar la dispersión normativa en la pequeña minería y minería artesanal, reconocida como MAPE, la cual será culminada en julio próximo, informó el Director General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Alberto Rojas Cortegana.
“Venimos impulsando esta política de manera decidida. El CEPLAN ya nos brindó la aprobación del mismo y la trabajamos con miras de poder tenerla en el mes de julio en el presente gobierno y con el fin de que el próximo gobierno pueda implementarla”, manifestó el funcionario durante la Mesa Redonda “La Formalización y Comercialización de Oro en la MAPE”, organizada por ProActivo.
Rojas explicó que a partir de dicho estudio se podrá sistematizar un único cuerpo normativo respecto a la pequeña minería y minería artesanal, con la metodología, establecida por la Guía de Políticas Nacionales para que esté contenido en una política pública y darle sostenibilidad.
Sincerar el REINFO
“Existe el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que desde el año 2020 por la última apertura, se incrementó y actualmente tiene 88,698 inscritos”, señaló.
Explicó que desde la DGFM se impulsó tener a los mineros que realmente trabajan en el REINFO, ello debido a la prórroga reiterada de la presentación de los requisitos relacionados a temas ambientales. “Por eso generamos el rubro de ‘suspendidos’ a fin de que aquellos que no cumplan en tener su instrumento ambiental y su RUC activo, entre otros aspectos, puedan regularizarlos y volver a su estatus de vigente”.
“Existe más de 20 mil inscripciones vigentes y las otras inscripciones están suspendidas”, reveló.
Rojas Cortegana pormenorizó que la mayoría de las inscripciones no vigentes, devienen del año 2012 y observó que ese año las inscripciones se hicieron mediante los gobiernos regionales, pero de manera física, sin emplear un sistema de información que pueda cruzar la data con la RENIEC o la SUNAT, por ejemplo.
Debido a ello, indicó, existen muchas personas con información incompleta, tales como el nombre o el derecho minero sin coordenadas, entre otros aspectos.
“Esta es una oportunidad de poder sincerar este registro y saber quiénes realmente realizan actividad. No solo ayudará a reconocer a quienes realmente realizan la actividad, sino también nos permitirá enfocarnos en las zonas de actividad preponderante. En ese sentido, promovemos decididamente el sinceramiento de este REINFO y para los que lo tienen suspendido”, acotó.
Afirmó que, desde la DGFM, existe una asistencia técnica importante, en diferentes regiones del país, para la obtención del IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal), y puedan “presentarlo y poder insertarse a los regímenes establecidos, básicamente en el rubro de vigentes”.
“Existen 1,573 operaciones mineras formalizadas, que representan cerca de 10 mil mineros formalizados a nivel nacional”, agregó.
Cuello de botella
Afirmó que el proceso de formalización se ha ido simplificando y cuenta con cinco requisitos, siendo un cuello de botella: “la acreditación de la titularidad de la concesión o suscribir el contrato de explotación, con el titular de la concesión”.
“Existe un número importante que es más del 80% de mineros a nivel nacional que se encuentran en este registro, que están trabajando en concesiones que no son de ellos. Pero no solo se puede pensar que trabajan en concesiones de terceros, sino que también trabajan en concesiones que están extinguidas o caducas”, aclaró.
Reveló que se ha podido detectar que no todos los mineros se ubican en concesiones de la mediana y gran minería, también existen informales, en vías de formalización, que trabajan en concesiones de la pequeña minería y minería artesanal.
No es igual “ilegal” que “informal”
Observó también que suele confundirse al minero ilegal del informal cuando son “totalmente diferentes”.
“Los mineros ilegales no están en el REINFO, porque por lo general, trabajan en áreas restringidas para el desarrollo de la actividad minera. Es decir, en áreas prohibidas. En tanto que, el minero informal trabaja en zonas permitidas”, acotó.
Expresó que los mineros informales muestran su voluntad de formalización inscribiéndose al REINFO, por lo hay quienes están cumpliendo con los requisitos correspondientes, tanto para mantener vigente su inscripción, como para poder desarrollar su actividad de manera segura y poder recibir asistencia técnica por parte de las diferentes entidades del Ejecutivo.
Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro – RECPO
En este proceso, “la otra cara de la misma moneda, es la comercialización y la producción de oro en el Perú”, precisó el director de la DGFM.
Rojas ilustró que se formalizan las actividades de explotación y de beneficio, “no hablamos de formalizar la comercialización a través de un permiso, porque es libre, según lo establece la Ley General de Minería”.
Señaló de la existencia del RECPO, un registro administrativo del MINEM en el que se inscriben obligatoriamente todas las personas que se dediquen a la compra, venta y/o refinación de oro. Por disposición del Art.7 del DS N°012-2012-EM y es administrado por la DGFM, según la Primera Disposición Complementaria Final del DS 018-2018-EM.
Año 2019 con una brecha de oro de 60 mil toneladas
Puntualizó que cuando en el año 2019, Perú fue el octavo productor de oro en el mundo y el primero en Latinoamérica, respecto al Anuario Minero, la información del Banco Central de Reserva (BCR) y de la SUNAT puede detectarse una brecha entre el oro producido y exportado para ese año, el cual supera las 60 toneladas métricas finas de oro, que ascienden a un valor mayor de 2 mil millones de dólares. “Es una brecha que de alguna u otra manera nos da un mensaje de a dónde va el oro y qué está haciendo el Estado para poder encontrar o identificar cuál es la trazabilidad de ese mineral”, acusó.
Perú con mayores operaciones mineras en pequeña escala
Por otro lado, destacó que “Perú es el país que cuenta con el mayor número de operaciones mineras de pequeña escala con certificaciones internacionales que motivan la trazabilidad. El declarar el origen, sin duda alguna es un esfuerzo importante, pero reitero hay muchos retos que aún nos queda por establecer”.
Aclaró que solo los pequeños mineros y mineros artesanales que tienen concesión minera están obligados a reportar su producción. “Ocurre que los titulares de concesiones, independientemente del estrato, son los que declaran su producción, a través de la Declaración Anual Consolidada (DAC) o el reporte mensual ESTAMIN; sin embargo, esta exigencia, aún no se ha establecido para los mineros en vías de formalización, que como es diferenciado no podemos tener la misma exigencia”, agregó.
Añadió que es oportuno crear un régimen simplificado de declaración de producción, sobre todo para el artesanal.
Precisó que la informalidad, la falta de trazabilidad y la distorsión que existe en el mercado (precios), impiden transparentar las transacciones comerciales.
Además, dijo que el actual mecanismo permite la extracción y procesamiento del oro por un minero en pequeña escala autorizado y exportado por un agente con licencia, “pero es posible que exista un comerciante intermediario no habilitado a comercializar”.
“Existe un tercero en la cadena, que no se puede identificar porque simplemente puede servir de acopiador. Concurren terceros que participan en la financiación de los mineros en la extracción del oro en pequeña escala y a su vez contratan a otras personas para comprar su oro, buscando invisibilizarse ante la autoridad, dificultando así el rastreo del oro, dificultando el control”, indicó.
Rojas adelantó que el MINEM, está a punto de pre publicar una norma para recoger apreciaciones y algunas medidas que están adoptando, como la modernización de los sistemas operativos para que las bases de datos puedan interoperar con el fin de tener todo el circuito de la formalización, que va de la mano con la comercialización.
Finalmente, manifestó que con una visión de largo plazo corresponde ver: un fondo minero, un sistema de trazabilidad, fortalecimiento de capacidad de los gobiernos regionales y atender el tema presupuestal.