El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, sostuvo una reunión de trabajo con el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, quien realizó una presentación de las acciones ejecutadas para coordinar estrategias que fortalezcan la lucha contra esta actividad ilícita en el país.
“El objetivo de esta presentación, ministro, es mostrarle cuál es la verdadera dimensión del problema de la minería”, señaló el alto funcionario al iniciar su exposición, la cual abordó tres aspectos clave vinculados a una estrategia integral para combatir este flagelo social, enmarcados en la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal.
Indicó que esta estrategia combina acciones de interdicción, mediante operativos en zonas críticas; formalización minera, orientada a reducir el universo de mineros informales; y la instalación de puestos de control multisectoriales para cortar el flujo de insumos como combustible y maquinaria, además de asegurar la presencia efectiva del Estado, siguiendo un esquema similar al aplicado en Pataz (La Libertad).
En esa línea, resaltó el avance del Modelo Pataz, que establece rutas fiscales obligatorias articuladas con puestos multisectoriales y un sistema informático interoperable, y que podría replicarse en otras zonas críticas como El Cenepa y Río Santiago (Amazonas), así como en los ríos Putumayo, Yaguas, Nanay y Tigre (Loreto).
García Esquerre saludó los recientes ajustes normativos para combatir la minería ilegal, como el Decreto Legislativo Nº 1695, destacando que eleva las penas privativas de libertad a entre cinco y nueve años para los implicados en la extracción, beneficio, transporte y comercialización ilegal de minerales. “Esta normativa busca desarticular toda la cadena de valor de esta actividad ilícita”, puntualizó.
Asimismo, señaló que la modificación del Código Penal en sus artículos 307A, 307E, 307F y 307G, que incrementa penas y multas a quienes realicen minería ilegal o financien, trasladen, acopien y exporten productos de origen ilegal, se suma como un instrumento clave en la lucha contra esta actividad ilícita.
El alto comisionado destacó también el presupuesto asignado para ejecutar las acciones programadas, entre ellas el refuerzo del control territorial y la trazabilidad del mineral, proceso que debería ser rediseñado desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para mejorar su efectividad.
Por su parte, el ministro Luis Bravo de la Cruz resaltó el trabajo realizado para implementar el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) del MINEM, respaldado por un grupo de trabajo multisectorial y tecnología del Banco Mundial.
“El SIPMMA es una herramienta clave para controlar la minería ilegal. Este sistema permite la fiscalización en tiempo real de la producción, los insumos, los explosivos y la geolocalización (GPS), validando únicamente las actividades autorizadas”, subrayó.
Finalmente, el ministro, junto al viceministro de Minas, Carlos Talavera, reafirmaron su apoyo y compromiso de combatir firmemente la minería ilegal mediante una estrecha articulación con las fuerzas del orden, priorizando la formalización minera, la trazabilidad de materiales y el cierre definitivo de operaciones ilegales en todo el territorio nacional.