El conflicto entre la empresa Minera Poderosa y el Consejo Regional de La Libertad ha escalado a instancias judiciales, luego de que la compañía formalizara una denuncia penal contra los consejeros regionales responsables de derogar el Acuerdo Regional N.º 170-2023-GRLL-CR. Este acuerdo, aprobado inicialmente en 2023, declaraba de interés regional las operaciones mineras de Minera Poderosa en el distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión.
La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, confirmó la existencia de la denuncia en declaraciones al medio Macronorte.pe. “El procurador nos ha informado de la denuncia que ha llegado de Poderosa, respecto a la aprobación y derogación de manera inmediata de un dictamen para la comunidad de Sartimbamba”, señaló. Asimismo, indicó que los consejeros actuaron con responsabilidad política al respaldar a la población afectada. “No hay problema, lo tenemos que asumir como tal y es la consecuencia como autoridades políticas”, añadió.
Carranza, representante de la provincia de Julcán, explicó que el acuerdo original fue aprobado bajo el principio de buena fe, sustentado en informes técnicos de las gerencias correspondientes y del dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas, presidida entonces por la consejera Leyla Espir Calderón. Esta decisión autorizaba el uso de 1,368.887 hectáreas para actividades extractivas, en terrenos que habrían sido considerados eriazos y sin presencia de actividad agrícola ni humana.
“Los informes señalaban que eran terrenos eriazos, que no había agricultura, que no había vida (humano ni animal), sin embargo, nunca se había compartido esta información con la población”, comentó Carranza, quien reconoció que la información técnica inicial no reflejaba la realidad en campo. “La comunidad sí tiene sus siembras, ha habido presencia de vida”, remarcó.
La situación dio un giro en abril de 2024, cuando el Consejo Regional decidió derogar el acuerdo tras recibir a representantes de la comunidad de Sartimbamba. Según relataron, nunca fueron consultados ni informados sobre el proyecto. Además, negaron que los terrenos estuvieran deshabitados o carentes de uso agrícola.
“Pasados tres meses, la comisión de Sartimbamba visita el Consejo Regional indicando todo lo opuesto a los informes, que nunca habían visitado, que no se había coordinado con la población, que no se tenía nada claro”, relató Carranza. Fue entonces que, tras una rectificación de la consejera Leyla Espir Calderón, el dictamen fue devuelto al Pleno del Consejo Regional y se procedió a su derogación.
“Nosotros votamos que se derogue por apoyar a la población”, sostuvo la presidenta del Consejo, subrayando que nuevamente se actuó bajo el principio de buena fe, el mismo que fue vulnerado por la falta de verificación previa de los informes técnicos presentados en 2023.