Compañía Minera Poderosa ha emitido un comunicado oficial para aclarar diversas informaciones que vienen circulando en redes sociales sobre la situación que atraviesa la zona de Pataz, en la región La Libertad. En un mensaje claro y enfático, la empresa denunció la circulación de versiones malintencionadas que buscan distorsionar la realidad del trabajo conjunto que realiza con los mineros artesanales formalizados y en proceso de formalización.
En primer lugar, Poderosa resaltó su trayectoria de colaboración con los mineros artesanales del distrito, destacando que “la empresa mantiene un largo historial de trabajo concertado con estos actores del sector, con quienes sostiene contratos de explotación minera”. Este esquema de articulación, que combina la experiencia empresarial con la actividad minera artesanal, ha sido reconocido por distintos sectores como un modelo de referencia dentro de la industria extractiva nacional.
Actualmente, la compañía mantiene 286 contratos de explotación con mineros artesanales, los cuales son evaluados mediante procesos de debida diligencia. Estos trabajadores no solo son incorporados bajo estándares técnicos y legales, sino que también participan de un trabajo conjunto orientado al cumplimiento normativo que rige al sector minero formal. “La colaboración busca garantizar que las operaciones se desarrollen en el marco de la legalidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad de las personas involucradas”, detalló el pronunciamiento.
Sin embargo, la empresa lamentó que tanto sus trabajadores como los propios mineros artesanales con contrato se han convertido en víctimas de ataques reiterados y violentos, los cuales representan una grave amenaza para la seguridad e integridad física del personal. Este contexto ha obligado a Poderosa a reforzar sus sistemas de seguridad mediante la contratación de personal especializado y la adopción de medidas adicionales para proteger a sus colaboradores en el cumplimiento de sus funciones.
En relación con el trágico evento ocurrido recientemente en la zona —donde fueron cruelmente asesinadas trece personas—, la empresa fue categórica en rechazar cualquier insinuación infundada, afirmando que “desde el inicio de la emergencia, hemos estado en permanente comunicación con las autoridades competentes, brindándoles toda la información que teníamos a disposición”. La información fue debidamente canalizada y transmitida a los medios de comunicación por las propias instituciones del Estado.
Uno de los hechos más relevantes en el abordaje de esta crisis fue la reciente visita a Pataz de la Presidenta de la República, el Presidente del Consejo de Ministros y otros integrantes del Gabinete. La presencia de las más altas autoridades del país en la zona evidenció el reconocimiento oficial de la gravedad del problema que representa la minería ilegal y la necesidad de tomar acciones urgentes.
Asimismo, se destacó la publicación del Decreto de Urgencia N.º 006-2025, emitido el sábado 10 de mayo, el cual establece medidas concretas para enfrentar la minería ilegal. Este decreto contempla, entre otros puntos, la asignación de recursos adicionales, la revocación de inscripciones suspendidas en el REINFO, la imposición de rutas obligatorias para el transporte de minerales y la instalación de tres nuevos puestos de control.
En relación con este último aspecto, Poderosa informó que ha finalizado la construcción y el equipamiento de las instalaciones que actualmente ocupa el frente policial de Pataz, así como el puesto de control de Calquiche. De acuerdo con lo anunciado por la empresa, “los otros dos puestos restantes estarán completamente operativos para fines de junio”.
A la par, la minera hizo un llamado expreso al Ministerio de Energía y Minas para que dé por concluido el REINFO, mecanismo que ha sido duramente cuestionado por haber sido aprovechado por actores informales que operan al margen de la ley. La empresa también solicitó al Congreso de la República trabajar con celeridad en una legislación que cree un marco legal específico para la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE), que facilite la formalización sin debilitar los principios del Estado de Derecho.
“El nuevo marco legal debe garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia ambiental, así como en salud y seguridad ocupacional”, sostuvo Poderosa, reiterando su postura en favor de una minería responsable, segura y sostenible.
Finalmente, la compañía instó al Gobierno a continuar desarrollando una estrategia de trabajo conjunto y concertado entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, con el objetivo de erradicar la minería ilegal que tanto daño genera a la economía, el medio ambiente y la seguridad del país. “Solo con unidad y firmeza podremos enfrentar y derrotar este flagelo que amenaza no solo la paz social en regiones como La Libertad, sino también el futuro del desarrollo formal y ordenado del sector minero”, concluyó el comunicado.