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El vocero de la canadiense Bear Creek Mining, Andrés Franco Longhi, se mostró optimista respecto a la decisión del gobierno de restablecer la licencia para operar en el distrito de Huacullani; asimismo aseguró que antes de operar la empresa cumplirá con la consulta a las comunidades del área de influencia. Como se recuerda el año 2011, el gobierno de Alan García dejó en suspenso a la minera; jaqueado por el levantamiento aymara.
¿Podría indicarnos cuál es la situación actual del Proyecto y en qué estado se encuentran las gestiones ante el Gobierno Peruano o instancias internacionales?
Queda fuera de toda duda que la anulación del D.S. N°083 fue un acto arbitrario sin sustento legal alguno, un grave error que da señales muy negativas a los inversionistas que analizan objetivamente dónde pueden invertir con seguridad jurídica, respeto del Estado de Derecho y predictibilidad mínima.
El D.S. que quitó la licencia a Bear Creek carece de considerandos y en una demostración palmaria de orfandad jurídica. Sólo dice, en condicional, que habrían variado las circunstancias de cuando se dio la autorización correspondiente, sin nunca mencionar cuáles condiciones son las que cambiaron; además con ello también viola el derecho de defensa y las normas vigentes aplicables. En dicho sentido, los reclamos que tiene y pueda iniciar Bear Creek están enmarcados en legítimos derechos y el éxito en los mismos es importante para demostrar que el Perú como país, como Estado, cumple plenamente con sus propias normas constitucionales y legales, respeta lo que dice con relación a ser un país con garantías para las inversiones y que a base de ello invita a apostar por el Perú, los peruanos y su desarrollo.
¿Pero ustedes planean hacer una consulta a la población afectada?
De todas manera se llevará a cabo un proceso de consulta a las poblaciones de las áreas de influencia, respetándose al máximo en tal sentido las disposiciones relativas a la Participación Ciudadana. No dudamos, en tal sentido, que las comunidades se manifestarán a favor al constatar una vez más los beneficios que implica la inversión responsable que es es base fundamental para el desarrollo y progreso de las poblaciones, en este caso del sur de la región que tienen todo el derecho a un futuro promisorio.
¿Qué pasó el año 2011? ¿Cree que hubo intereses personales del dirigente Walter Aduviri y Hermes Cauna?
Creo que éste ha sido un factor, no exclusivo ni excluyente. Pero que ha tenido especial incidencia en el desarrollo violento de los acontecimientos, no tengo la menor duda. Sucede que la actividad minera se ha convertido en una suerte de “piñata electoral”; es decir, muchos dirigentes de diversas organizaciones que anhelan tener cargos públicos sea en las municipalidades, gobiernos regionales o congreso de la República, no ven mejor camino para conseguir votos que enfrentar a la minería y en general a las actividades extractivas, aduciendo que son causantes de todos los males y del propio atraso de las poblaciones.
Pero, se manifiesta que tanto el Estado como la propia empresa no habrían atendido los pedidos de información de parte de la población.
En lo que respecta a la empresa debemos manifestar que la labor informativa fue muy amplia, habiéndose realizado en ese entonces más de 130 talleres informativos en decenas de comunidades, en el marco de la participación ciudadana. Algo más, se llevó a cabo una Audiencia Pública, con asistencia de más de mil comuneros, autoridades y pobladores de otras localidades para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y se absolvieron todas las preguntas, dudas e inquietudes, incluso las expuestas por el señor Aduviri y otras personas que luego se opusieron al Proyecto.
Se dice que el permiso concedido a la empresa para operar dentro de los 50 km de la frontera fue irregular
No. De ninguna manera, el proceso de autorización para declarar el Proyecto Santa Ana de interés nacional fue transparente y partió del propio pedido de las comunidades, a fin que Bear Creek operara en la zona ya que advirtieron que era el mejor camino al desarrollo, mediante la generación de empleo y la ejecución de acciones conjuntas en los campos de la educación, salud y proyectos productivos. En función de todo esto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio la correspondiente autorización conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas. No hubo nada de irregular.
Podría decirse que el Proyecto Santa Ana es decisivo para la puesta en marcha del Proyecto Corani que tiene la empresa en Carabaya.
En términos financieros no necesariamente, porque son proyectos que van por cuerdas separadas. Sin embargo, claro está, que los inversionistas canadienses tienen especial preocupación por si se repitiera la expropiación. Por tal razón, se confía en la solución previa del Proyecto Santa Ana.
Los Andes