No hay duda que la minería se ha convertido en la piedra angular de la economía peruana, pero que también ha desatado conflictos sociales en rechazo a las concesiones mineras, como ocurrió en Puno, con el denominado “aymarazo” en el año 2011.
En esa oportunidad, las violentas protestas llegaron a su punto crítico con la quema de Aduanas, la Gobernación y la oficina descentralizada de la Contraloría, que originó la derogatoria del Decreto Supremo No. 083-2007-EM, con el que se canceló el proyecto minero Santa Ana, ubicado en distrito de Huacullani (Chucuito).
Además, se suspendieron los petitorios mineros por 36 meses; esto culminó el 26 de junio del 2014, pero el Ministerio de Energía y Minas dispuso la ampliación por tres meses, es decir, hasta el 26 de septiembre; al día siguiente se reactivó la petición de nuevas concesiones mineras.
Entre septiembre del 2014 a abril de este año, el Instituto Geológico y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) registró 28 nuevos derechos mineros vigentes en toda la región Puno.
Lo que llama la atención, es que la compañía minera canadiense Barrick Misquichilca S.A., en 5 días, ha obtenido 22 derechos mineros, los mismos que están ubicados en las provincias de Lampa, Azángaro, Melgar y Puno. Esta es una cifra récord en el tema de concesiones mineras.
Barrick Misquichilca tiene su sede principal en Toronto, Canadá, e inició sus operaciones desde 1998; es productor de oro y actualmente explota la mina Pirina, en Huaraz, y Lagunas del Norte, en Santiago de Chuco, en la región La Libertad.
A nivel nacional, Barrick Misquichilca, tiene 1442 derechos mineros, registrado desde el año 2010. En Puno posee concesiones en las provincias de Melgar, Lampa, San Román y Puno, con más de la mitad de su territorio concesionado.
Pero no es el único, otra de las empresas transnacionales con mayor cantidad de concesiones es BHP Billintón World Exploratión Sucursal Perú, de capitales australianas y británicas, que se dedica a la producción de cobre.
Con menor proporción de concesiones figura Global Gold, de capitales canadienses, que se dedica a la producción de uranio, y está a cargo del proyecto uranio de Isivilla de la provincia de Carabaya.
Todos ellos tienen la mayor cantidad de área concesionada en la región de Puno, que el gobierno (dentro de su política de incrementar la inversión privada) ha concesionado en gran parte del territorio puneño; según el Informe de Seguimiento de las Concesiones Mineras en el Perú, a mayo del 2014, se tienen 4 mil 476 concesiones metálicas y no metálicas.
CONFLICTOS SOCIALES
Según la Defensoría del Pueblo, Puno registra 18 conflictos socio ambientales relacionados a la actividad minera, que en cualquier momento podrían activarse. Por lo tanto, no estamos lejos de las protestas sociales contra la minería, semejantes a las que viene enfrentando la población de Islay (Arequipa), respecto al proyecto Minero Tía María.
Lo que está aún pendiente es el proyecto minero Santa Ana, que en el 2011 paralizó por más de 40 días las provincias del sur de Puno, a ello se suma las nuevas concesiones registradas en la provincia de Chucuito-Juli, en la comunidad Sihuairo.
Según los pobladores de la zona, se trata de la concesión minera de cerro Tanapaca, ubicada entre los distritos de Juli y Pomata; se advierte que en una eventual operación minera, pondría poner en riesgo todos los manantiales de agua y dejaría sin recurso hídrico a más de 40 comunidades campesinas.
Las acciones de rechazo contra la concesión minera van tomando cada vez mayor fuerza en defensa de los recursos naturales.
El problema central de las concesiones mineras, es que el Estado concesiona los recursos naturales sin el consentimiento de las comunidades afectadas, por lo que existe una débil fiscalización sobre aspectos ambientales, además de escasa información.
No existe ninguna institución que vigile las actividades mineras, a ello se suma la falta de responsabilidad de los empresarios mineros que no respetan los estándares ambientales, y ocasionan el desequilibrio del ecosistema.
Los Andes